La juez libera a 34 detenidos del 25-S pero les imputa un delito contra el Estado

Todos los detenidos del 25-S, menos uno, a la calle. De los 36 arrestados el martes durante la manifestaci¨®n que tuvo lugar en Madrid con el lema Rodea el Congreso y que acab¨® con graves enfrentamientos entre la polic¨ªa y los concentrados, 34 han quedado en libertad con cargos este jueves por la noche, a otro la juez le impuso prisi¨®n eludible bajo fianza de 1.000 euros, y el ¨²ltimo, menor de edad, pas¨® a disposici¨®n de la Fiscal¨ªa de Menores. El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8 de Madrid considera que hay indicios contra los liberados de delitos contra las instituciones del Estado, atentado y resistencia. Al detenido al que la juez fij¨® la fianza, M. R., de Medina de Rioseco (Valladolid), le imput¨® la presunta comisi¨®n de dos delitos de atentados y des¨®rdenes p¨²blicos.

La magistrada sostiene, en un auto colectivo dictado ayer por la noche para los 34 que quedaron en libertad, que ¡°existen motivos bastantes para estimar responsables criminalmente¡± a los detenidos de ¡°atentado, resistencia y delito contra las instituciones del Estado¡±. Las imputaciones no est¨¢n individualizadas, de forma que no se sabe de qu¨¦ infracci¨®n concreta, de las tres que aparecen, se acusa a cada uno de los ellos. En el caso del que qued¨® en libertad, su abogado asegur¨® que se le acusa de tirar un vaso contra un agente en el interior de un bar cercano a Atocha y romperle dos dedos, aunque el letrado quita credibilidad a esa imputaci¨®n.

Los juzgados de plaza de Castilla (Madrid) no ser¨ªan competentes para investigar los posibles delitos contra las Instituciones del Estado, que deber¨ªan pasar a la Audiencia Nacional. Y, precisamente, este tribunal rechaz¨® ayer a mediod¨ªa la competencia sobre el caso. El magistrado Santiago Pedraz consider¨® que del relato de hechos contenido en el atestado que le hab¨ªa presentado la polic¨ªa no se desprend¨ªa ning¨²n delito de este tipo. Y la fiscal¨ªa lo apoy¨®. El caso, por tanto, pas¨® a un juzgado de instrucci¨®n de plaza de Castilla, que fue el que a ¨²ltima hora de la noche sostuvo que hab¨ªa ¡°motivos bastantes¡± para apreciar un delito que horas antes la Audiencia Nacional hab¨ªa descartado.

No es un delito cualquiera. Se trata del il¨ªcito que el Ministerio del Interior aseguraba que se hab¨ªa cometido. Tanto el director general de la Polic¨ªa, Ignacio Cosid¨®, como la Delegaci¨®n del Gobierno en Madrid hab¨ªan sostenido durante los ¨²ltimos d¨ªas que los detenidos, o al menos muchos de ellos, hab¨ªan cometido un delito contra altos ¨®rganos del Estado ¡ªcastigado con penas de hasta cinco a?os de prisi¨®n¡ª y que deb¨ªan ser juzgados en la Audiencia Nacional. Ese fue tambi¨¦n el mensaje que Interior traslad¨® durante todo el d¨ªa de ayer. Y la juez de plaza de Castilla ha apreciado que, al menos en su auto gen¨¦rico, existen indicios como para dar la raz¨®n al ministerio.

La Audiencia Nacional no comparti¨® ese criterio. Las diligencias policiales fueron enviadas al juez Pedraz como ampliatorias en la causa que ese juzgado tiene ya abierta contra los promotores de la marcha del 25-S. Pero el magistrado no apreci¨® en los hechos relatados ning¨²n intento de asaltar el Congreso. En su resoluci¨®n afirma que en el propio escrito de la polic¨ªa se dice que se trata de delitos de ¡°atentado, lesiones, resistencia, desobediencia y des¨®rdenes p¨²blicos¡± ¡ªque son competencia de los juzgados de instrucci¨®n ordinarios¡ª, e indica a la polic¨ªa ¡°que act¨²e en consecuencia¡±.

Interior sostuvo su opini¨®n hasta el ¨²ltimo momento, incluso despu¨¦s de que Pedraz dictara la providencia. Hasta que la fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional se uni¨® al juez rechazando esa posibilidad, desde el ministerio y la polic¨ªa se sigui¨® asegurando que al menos cinco de los arrestados, a los que se imputaba haber tratado de romper la valla colocada al final de la carrera de San Jer¨®nimo (a unos 200 metros de los leones del Congreso), ser¨ªan conducidos a la Audiencia Nacional.

A lo largo de la ma?ana, tanto el juez Pedraz como las dos jueces de guardia de plaza de Castilla mostraron su malestar porque la polic¨ªa no les hubiera informado de cu¨¢l de ellos tendr¨ªa que hacerse cargo de los manifestantes, seg¨²n fuentes cercanas a ambos ¨®rganos. Lo habitual es que los agentes comuniquen al juzgado las detenciones antes de que pasen 24 horas desde que se produce el arresto.

Tambi¨¦n se quejaron los abogados de los manifestantes, que llegaron a presentar a mediod¨ªa una denuncia en el juzgado por ¡°dilaciones injustificadas¡± en su puesta a disposici¨®n judicial. Acusaban a Interior de ¡°instrumentalizar pol¨ªticamente¡± la causa. Ninguno de ellos supo del destino de sus defendidos hasta pasadas las cuatro de la tarde, cuando se les comunic¨® que estaban en los juzgados de la plaza de Castilla. Sindicatos policiales como el SUP y el CEP criticaron la actuaci¨®n del ministerio por haber anunciado p¨²blicamente la imputaci¨®n de unos delitos que despu¨¦s rechaz¨® la Audiencia Nacional.

En la puerta del juzgado de guardia aguardaban familiares y amigos de los detenidos. Luis Cort¨¦s, padre de Ainhoa, de 33 a?os, casada y con dos hijos, tuvo la ¨²ltima noticia de su hija a las 23.45 del martes, cuando le anunci¨® por tel¨¦fono que se iba a casa tras la manifestaci¨®n. Su detenci¨®n ha quedado grabada en v¨ªdeo. Su amigo Gabriel, ingeniero, tambi¨¦n arrestado, estaba registrando lo que ocurr¨ªa. Los padres de ambos confiaban en que sirviera de prueba ante la juez.

Despu¨¦s de ser puestos en libertad, sobre las 10.30 de la noche, y tras conocer el auto, los detenidos manifestaban su desconcierto. ¡°?Pero no hab¨ªa dicho la Audiencia Nacional que no hab¨ªa delito contra las Instituciones del Estado?¡±, se preguntaban muchos de ellos. Ahora deben aguardar a conocer, exactamente, de qu¨¦ se les acusa a cada uno.

Las penas

M. C.

El art¨ªculo 493 del C¨®digo Penal castiga con penas de entre tres y cinco a?os de c¨¢rcel a ¡°los que, sin alzarse p¨²blicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidaci¨®n las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Aut¨®noma, si est¨¢n reunidos¡±. El 494 prev¨¦ penas de entre seis meses y un a?o o multa a ¡°los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Aut¨®noma, cuando est¨¦n reunidos, alterando su normal funcionamiento¡±.

El atentado -acometer a la autoridad, a sus agentes o funcionarios p¨²blicos, o emplear fuerza contra ellos, intimidarlos gravemente o resistirse activa y gravemente a ellos- se castiga con penas de entre dos y cuatro a?os de c¨¢rcel. Y los des¨®rdenes p¨²blicos ¨C alterar en grupo el orden p¨²blico causando lesiones a las personas, produciendo da?os en las propiedades, obstaculizando las v¨ªas p¨²blicas o sus accesos- conllevan un castigo de entre seis meses y tres a?os de prisi¨®n.