El primer retiro masivo de etarras

El 5 de junio de 1983 se sentaron a almorzar en el restaurante Caf¨¦ de la Paix, de Par¨ªs, cerca de la ?pera, los dirigentes de ETA Pol¨ªtico-militar Juan Miguel Goiburu y Fernando L¨®pez Castillo, junto con su abogado, Juan Infante; el dirigente de Euskadiko Ezkerra Javier Garayalde, Erreka; el jefe del Mando ?nico de la Lucha Antiterrorista, Manuel Ballesteros, y su n¨²mero dos, Domingo Martorell. Aquel encuentro, pr¨¢cticamente desconocido, fue propiciado por el jefe de la lucha antiterrorista que quer¨ªa ¡°ver las caras¡± de los dirigentes polimilis y confirmar que su voluntad de ¡°disoluci¨®n¡± iba en serio. A su vez, los dirigentes polimilis quer¨ªan tener garant¨ªas de que el Estado cumplir¨ªa sus compromisos con sus presos y huidos.

Pero adem¨¢s Ballesteros quer¨ªa mantener ese encuentro para pedir a los dirigentes polimilis que escenificaran una entrega de las armas para dar credibilidad al cese definitivo de actividades de su organizaci¨®n. Un cese que hab¨ªan anunciado meses antes, el 30 de septiembre de 1982, hoy hace exactamente 30 a?os.

A cara descubierta, 10 dirigentes y militantes de ETA Pol¨ªtico-militar, entre ellos Goiburu y L¨®pez Castillo, se presentaron con ese mensaje en una espectacular rueda de prensa celebrada en la localidad vascofrancesa de Biarritz, cuyo treinta aniversario coincide con el proceso terminal de la otra rama, la Militar, que ha anunciado su cese definitivo, pero tiene pendiente su disoluci¨®n. Los treinta a?os no han pasado en balde y la celeridad con que se zanj¨® el proceso final de los polimilis es impensable hoy en d¨ªa con los milis porque la exigencia social, plasmada en la ley, hacia los terroristas, aunque se acojan a la reinserci¨®n, ha aumentado mucho el list¨®n.

El comisario Ballesteros propuso a los polimis que escenificaran la entrega de armas, pero estos no las ten¨ªan

En 1982, ETA Pol¨ªtico-militar era, junto con ETA Militar, la organizaci¨®n terrorista m¨¢s importante que operaba en el Pa¨ªs Vasco desde que en 1974 se escindieron del tronco com¨²n. Su disoluci¨®n, el 30 de septiembre de 1982, fue muy importante por ser la primera organizaci¨®n terrorista que se disolv¨ªa en Espa?a, por la singularidad de su final pactado ¡ªpaz por presos y regreso de huidos sin contrapartidas pol¨ªticas¡ª, por la inauguraci¨®n de la v¨ªa de reinserci¨®n social aplicada a ETA y porque, como se?ala el abogado Juan Infante, abri¨® la esperanza de que pudiera alentar el final de la otra rama, la Militar, que ha tardado otros 30 a?os en hacerlo. Un dirigente polimili, que particip¨® en la rueda de prensa de la disoluci¨®n, dice hoy que abandonaron las armas porque se dieron cuenta, entonces, que ¡°la violencia no serv¨ªa para avanzar el autogobierno vasco¡± y que confiaba que ETA militar siguiera el mismo camino.

Cuando Ballesteros propuso a Goiburu y L¨®pez Castillo que escenificaran la entrega de las armas, le contestaron que no ten¨ªan inconveniente en hacerlo, pero el problema consist¨ªa en que ya no las ten¨ªan. Les notificaron que se las hab¨ªa quedado el sector disidente de los polimilis, los llamados octavos, contrarios al cese de las armas, a cambio de pisos, autom¨®viles y dinero, que necesitaban los que hab¨ªan decidido terminar con la violencia para poder subsistir hasta el regreso.

Goiburu y L¨®pez Castillo sugirieron entonces a Ballesteros que no ten¨ªan inconveniente en comparecer con armas prestadas por la polic¨ªa. Pero al jefe de la lucha antiterrorista ¡ªfallecido hace cuatro a?os¡ª le pareci¨® demasiado y arrincon¨® sus pretensiones, seg¨²n el testimonio de Infante. Martorell, cuya confirmaci¨®n ha pretendido EL PAIS, no ha sido localizado.

Los que quer¨ªan dejarlo se hab¨ªan quedado con el arsenal, pero lo hab¨ªan cambiado por dinero, pisos y coches

Este pasaje, que ser¨ªa impensable hoy entre representantes del actual Gobierno y los de la cesada ETA Militar, casaba con el clima de distensi¨®n que hubo en aquella reuni¨®n, que hoy se calificar¨ªa de ¡°t¨¦cnica¡±, y la ¨²nica que celebraron dirigentes de ETA Pol¨ªtico-militar con los principales mandos de la lucha antiterrorista.

Ballesteros, en ese clima de distensi¨®n, le coment¨® a Goiburu c¨®mo estuvo a punto de detenerle en San Sebasti¨¢n en septiembre de 1977 cuando el dirigente polimili rompi¨® el extra?amiento en el norte de Europa y regres¨® al Pa¨ªs Vasco, antes de la proclamaci¨®n de la amnist¨ªa de ese mismo a?o. Tambi¨¦n les confes¨® el trauma que sufri¨® con motivo del asesinato de la joven polic¨ªa nacional Mar¨ªa Jes¨²s G¨®mez S¨¢nchez, de 23 a?os, el 16 de junio de 1981, por un comando de la otra rama de ETA, la Militar, al romper el cerco policial en un piso en Zarautz (Gipuzkoa).

Juan Infante, abogado en la negociaci¨®n: ¡° Hoy es imposible una concertaci¨®n como la que se produjo¡±

Aunque los mandos policiales no lograron su objetivo de escenificar el desarme de ETApm, la reuni¨®n no fue in¨²til. En esa ¡°reuni¨®n t¨¦cnica¡± se precis¨® el protocolo de reinserci¨®n de los presos y huidos polimilis, que, finalmente, ascender¨ªa a 300, y que en el plano pol¨ªtico general ¡ªel pacto paz por presos y huidos sin contrapartidas pol¨ªticas¡ª ya estaba acordado al m¨¢s alto nivel, en los contactos mantenidos entre los dirigentes de Euskadiko Ezkerra Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s y Mario Onaindia, y el ministro del Interior Juan Jos¨¦ Ros¨®n y su director de Seguridad Francisco La¨ªna, del Gobierno de Calvo Sotelo, de UCD.

Aquel acuerdo de paz por presos se hab¨ªa fraguado discretamente en los dos a?os anteriores, a iniciativa de Ros¨®n, y empez¨® a plasmarse con una tregua de ETA Pol¨ªtico-militar en febrero de 1981, inmediatamente despu¨¦s del asalto al Congreso del teniente coronel Antonio Tejero.

A su vez, el ministro socialista del Interior Jos¨¦ Barrionuevo se comprometi¨® a gestionar su continuidad desde que Felipe Gonz¨¢lez form¨® gobierno en diciembre de 1982. Un acuerdo pol¨ªtico entre Felipe Gonz¨¢lez y Leopoldo Calvo Sotelo al que tambi¨¦n hab¨ªa dado su apoyo el l¨ªder de Alianza Popular Manuel Fraga.

Ninguno de los 300 etarras reinsertados volvi¨® a la violencia y rehusaron participar en la vida pol¨ªtica

El compromiso de los polimilis se limitaba a expresar, en un documento, el rechazo a la violencia a cambio de la excarcelaci¨®n de sus presos y el regreso de los huidos. Nada m¨¢s. Bandr¨¦s, fallecido en octubre de 2011, sol¨ªa recordar: ¡°Fui yo el que firm¨® un documento asegurando que fulanito estaba en el marco de las condiciones de raz¨®n, justicia, equidad y utilidad p¨²blica que se requer¨ªa para ser puesto en libertad¡±.

Bandr¨¦s y Onaindia delegaron la administraci¨®n del proceso, en nombre de los polimilis, en dos abogados j¨®venes: Juan Infante, procedente del Partido Comunista de Euskadi, reci¨¦n fusionado con Euskadiko Ezkerra, y que asisti¨® a la crucial reuni¨®n ¡°t¨¦cnica¡± de Par¨ªs, y Arantza Leturiondo, genuina de Euskadiko Ezkerra y cu?ada de Onaindia, que se encarg¨® de visitar a los presos de ETApm. Inicialmente, elaboraron un listado de 100 polimilis, 30 en prisi¨®n y 70 huidos; una vez desarrollado el proceso, que super¨® los dos a?os, lleg¨® a ascender a 300.

Treinta a?os despu¨¦s, Infante y Leturiondo precisan que acordaron con los representantes del Gobierno tres salidas diferentes para los presos y huidos polimilis comprometidos a rechazar la violencia: a los presos pendientes de juicio se les pon¨ªa en libertad provisional bajo fianza y, posteriormente, se les conced¨ªa la absoluci¨®n o el sobreseimiento; a los presos ya juzgados y encarcelados, el Gobierno ten¨ªa que concederles indultos individuales, previa petici¨®n de los mismos.

Y en el caso de los polimilis huidos al extranjero, se presentaban voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional que los ten¨ªa procesados y quedaban en libertad. Habitualmente los acompa?aban sus abogados, Infante y Leturiondo, desde Francia a Madrid.

En los casos de los huidos que regresaban, los fiscales retiraban los cargos en los casos no juzgados y los jueces sobreseyeron las causas, y cuando se celebr¨® juicio dictaron absoluciones por falta de pruebas. En la ¡°reuni¨®n t¨¦cnica¡± decidieron que los huidos regresaran paulatinamente, empezando por los de menor responsabilidad y dejando para el final los m¨¢s comprometidos.

¡°La Audiencia Nacional y la polic¨ªa eran quienes daban las ¨®rdenes y los permisos para que los huidos regresaran a Espa?a y se presentaran ante el juez. A veces, cuando se demoraba el proceso de regresos, yo mismo llamaba a la Audiencia y les dec¨ªa que ten¨ªa el permiso de la polic¨ªa y viceversa¡±, recuerda Infante.

El proceso tard¨® algo m¨¢s de dos a?os en desplegarse desde la declaraci¨®n de disoluci¨®n de ETApm. L¨®pez Castillo, uno de los asistentes a la reuni¨®n de Par¨ªs, regres¨® a Espa?a, medio a?o despu¨¦s, en diciembre de 1983. El otro, Goiburu, al a?o, en mayo de 1984. El ¨²ltimo dirigente huido en regresar, el que ten¨ªa m¨¢s causas pendientes, fue Joseba Aulestia, Zotza, en enero de 1985, poco m¨¢s de dos a?os despu¨¦s de que ETApm escenificara su disoluci¨®n en la rueda de prensa de Biarritz.

Hubo otro caso posterior, que hoy tambi¨¦n ser¨ªa impensable, el de Xabier Maiza, acusado de deserci¨®n del servicio militar. Como su caso se retrasaba por la burocracia militar, Maiza se present¨® por sorpresa en casa de Onaindia, que, tras hablar con el general Andr¨¦s Cassinello y el gobernador civil de Gipuzkoa Julen Elgorriaga, consigui¨® que fuera puesto en libertad.

La coordinaci¨®n entre el Gobierno y el Poder Judicial se produjo a trav¨¦s del ministro del Interior Jos¨¦ Barrionuevo y el titular de Justicia Fernando Ledesma. Fueron los socialistas, en el Gobierno desde diciembre de 1982, los que tuvieron que administrar el acuerdo al que llegaron el Ejecutivo de UCD con Euskadiko Ezkerra. La actuaci¨®n de la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, a cuyo frente estaba Melitiano Garc¨ªa Carrero, fue clave.

No solo colaboraron los fiscales. Tambi¨¦n lo hicieron los jueces, la polic¨ªa y hasta los medios de comunicaci¨®n, que evitaban informar de los indultos de los presos polimilis condenados que aparec¨ªan publicados en el BOE. Felipe Gonz¨¢lez llegar¨ªa a firmar hasta 44 indultos en el BOE entre 1983 y 1984, que ¡°pasaron sin pena ni gloria¡±, seg¨²n Leturiondo.

¡°Recuerdo que Juan Alberto Belloch, entonces juez del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco y que estaba a favor del proceso, me coment¨® su temor a que alg¨²n juez desbaratara el proceso con su intransigencia. Pero no pas¨®. Entonces no hab¨ªa jueces estrella¡±, recuerda Infante.

La colaboraci¨®n entre el poder pol¨ªtico y judicial para facilitar ese proceso lleg¨® a extremos hoy impensables. As¨ª, en diciembre de 1983, durante la declaraci¨®n en la Audiencia Nacional de dos dirigentes polimilis regresados del exilio, el juez les pregunt¨® si admit¨ªan los hechos que se les atribu¨ªan. Seg¨²n el protocolo acordado, ten¨ªan que negarlos. Pero ante la ausencia en ese momento de su abogado, ignorantes del protocolo, admitieron los hechos. El juez se dirigi¨® a la taqu¨ªgrafa y le dijo: ¡°Ponga que han dicho que no¡±.

En otra ocasi¨®n, recuerda Infante, el polic¨ªa jefe de la Audiencia Nacional inform¨® de que uno de los polimilis que regresaba del exilio ten¨ªa otra causa pendiente en el Juzgado de Bergara (Gipuzkoa), un atraco, que no se hab¨ªa tenido en cuenta. Infante alert¨® de que, si ingresaba en prisi¨®n los dirigentes polimilis se negar¨ªan a regresar por falta de garant¨ªas. Pidi¨® la intervenci¨®n del ministro del Interior, que arregl¨® el entuerto.

Tambi¨¦n recuerda c¨®mo a muchos polimilis que pasaban por la Audiencia Nacional les ped¨ªan fianzas y a veces, al no disponer del dinero suficiente y echarse encima el fin de semana, para evitar que el etarra regresado quedara arrestado, pagaba con un tal¨®n sin fondos, con el compromiso de satisfacer la deuda el lunes.

Ram¨®n J¨¢uregui, como delegado del Gobierno en el Pa¨ªs Vasco de diciembre de 1982 a 1987, confirma c¨®mo los socialistas continuaron los compromisos del Ejecutivo de UCD con los polimilis. Como participante del proceso valora ¡°la decisi¨®n de los polimilis de abandonar las armas en aquel momento¡±. ¡°En los ochenta era a¨²n muy importante el calado de la subcultura de la violencia en el Pa¨ªs Vasco. Los polimilis que se reinsertaron fueron tildados de traidores por ETA Militar y Herri Batasuna¡±. Y que ETA Militar asesin¨® a dos de sus antiguos militantes que optaron por la reinserci¨®n en aquella ¨¦poca: Dolores Catarain, Yoyes, y Mikel Solaun.

J¨¢uregui revela c¨®mo ¨¦l mismo, en 1981, siendo secretario general de la UGT vasca, tuvo un encuentro en la localidad vascofrancesa de Hendaya con Fernando L¨®pez Castillo y Joseba Aulestia, Zotza. ¡°Estos quer¨ªan saber si la democracia y el autogobierno vasco iban en serio. Ten¨ªan muchas dudas y yo intent¨¦ aclar¨¢rselas. Ya se les ve¨ªa la voluntad de buscar argumentos para terminar¡±, comenta.

Juan Infante, el abogado que administr¨® el proceso en representaci¨®n de los polimilis, explica as¨ª algo incre¨ªble hoy d¨ªa: ¡°Aquella fue una situaci¨®n irrepetible. Est¨¢bamos en los primeros a?os ochenta. Era un rebufo de la Transici¨®n. La amnist¨ªa estaba a¨²n reciente, y es verdad que ETApm hab¨ªa cometido 16 asesinatos desde la amnist¨ªa de 1977. Pero en aquellos momentos la presi¨®n del terrorismo era tremenda y exist¨ªa el riesgo de un golpe de Estado, como lo confirm¨® la intentona del 23-F. En 1980 hubo casi un centenar de asesinatos, la inmensa mayor¨ªa de la otra rama de ETA, la Militar. Pens¨¢bamos tanto el Gobierno de UCD y luego el PSOE como Euskadiko Ezkerra que impulsar la reinserci¨®n social a los polimilis pod¨ªa facilitar el final de ETA Militar, la otra rama m¨¢s beligerante, que, desgraciadamente, ha tardado 30 a?os m¨¢s en terminar. Tambi¨¦n ayud¨® la contundencia de la disoluci¨®n de los polimilis, en una rueda de prensa, a cara descubierta. Eso facilit¨® un acuerdo pol¨ªtico, que se extendi¨® a fiscales, jueces, polic¨ªas y medios de comunicaci¨®n, que apoyaron la f¨®rmula de reinserci¨®n de los etarras sin contrapartidas pol¨ªticas que se inaugur¨® entonces¡±.

Infante cree que ese proceso es irrepetible hoy porque en estos 30 a?os, desde la disoluci¨®n de los polimilis, ¡°ETA Militar ha cometido muchos m¨¢s cr¨ªmenes y tan terribles que no solo las v¨ªctimas del terrorismo, que entonces apenas estaban organizadas, sino que una mayor¨ªa de la sociedad no tolerar¨ªa la reinserci¨®n tan generosa de los polimilis. Hoy no es posible una concertaci¨®n como la que entonces hubo para que polic¨ªas, jueces, fiscales y medios de comunicaci¨®n miraran hacia otra parte, incluidos delitos de sangre, para facilitar el final¡±.

Bandr¨¦s y Onaindia lamentaron a?os despu¨¦s que en aquel proceso no se hubiera informado a las v¨ªctimas del terrorismo, recuerda Infante. La ¨²nica queja que procedi¨® de las v¨ªctimas fue por las im¨¢genes euf¨®ricas de algunos polimilis que festejaban su regreso. El ministro Barrionuevo se hizo eco de las quejas y pidi¨® a los abogados que evitaran las escenas de regocijo.

J¨¢uregui comparte que aquella situaci¨®n es irrepetible. Pero ve algo en com¨²n con la situaci¨®n actual, el final de ETA Militar. ¡°El papel de Euskadiko Ezkerra fue clave en el final de ETApm. Y hoy resulta tambi¨¦n muy importante el papel de la izquierda abertzale para canalizar el final de ETA Militar. Ya sabemos que la causa del final est¨¢ en el acoso policial, judicial y social. Pero debemos ser inteligentes y asumir que la izquierda abertzale canalice ese final por la v¨ªa pol¨ªtica, aunque sea injusto que se beneficie de la prima del fin de la violencia. Y es que el fin de ETA ¡ªlo fue con los polimilis¡ª no puede ser de otra manera¡±.

Hace 30 a?os fue clave la iniciativa de Ros¨®n, ministro del Interior del Gobierno de UCD, de encontrarse con Onaindia, secretario general de Euskadiko Ezkerra, en el verano de 1980, y sondearle la posibilidad de un fin. Ros¨®n ya sab¨ªa que Onaindia quer¨ªa que los polimilis cesaran.

Para Onaindia era imposible que Euskadiko Ezkerra defendiera a una organizaci¨®n armada cuando hab¨ªa asumido la democracia. Desde la amnist¨ªa de 1977, ETApm hab¨ªa cometido 16 asesinatos, y le hab¨ªan afectado especialmente los atentados indiscriminados en las estaciones de Chamart¨ªn y Atocha, en el verano de 1979, y la campa?a de asesinatos contra dirigentes de UCD en 1979 y 1980.

Ros¨®n, que lo sab¨ªa, le ofreci¨® a Onaindia lo ¨²nico que pod¨ªa en aquellos momentos: un acuerdo de paz por presos y el regreso de huidos sin contrapartidas pol¨ªticas. Aquello fue el origen de todo.

Onaindia, que enseguida implic¨® a Bandr¨¦s en los contactos con Ros¨®n, trat¨® de lograr que su partido reclamara una tregua a ETApm como primer paso para su disoluci¨®n. Lo logr¨® el 15 de febrero de 1981, a sabiendas de que numerosos polimilis, con los que multiplic¨® los contactos por todas las v¨ªas, asum¨ªan que la violencia era un obst¨¢culo para el avance del autogobierno y la democracia.

La tregua se materializ¨® el 27 de febrero, cuatro d¨ªas despu¨¦s de que Tejero asaltara el Congreso. Tras ella, la abogada Arantza Leturiondo empez¨® a visitar las c¨¢rceles para tratar de convencer a los polimilis de que asumieran la reinserci¨®n con el rechazo expreso de la violencia.

Visit¨® a los 50 polimilis encarcelados en Carabanchel, donde estaba el n¨²cleo principal; en Barcelona, Soria y Nanclares. ¡°Al comienzo predominaba el escepticismo. No se cre¨ªan que el Gobierno estuviera dispuesto a la excarcelaci¨®n¡±, recuerda Leturiondo.

La desconfianza entre los presos ten¨ªa mucho que ver con la fisura creada en el seno de ETApm, donde surgi¨® un n¨²cleo contrario al proceso, encabezado por Txutxo Abrisketa. La divisi¨®n se materializ¨® en la VIII Asamblea, celebrada en febrero de 1982 en Las Landas (Francia).

Antes, los partidarios de terminar se adelantaron, vaciaron los zulos y se quedaron con las armas. Despu¨¦s, las negociaron con los partidarios de seguir a cambio de pisos, autom¨®viles y dinero para resistir hasta el regreso a casa.

La situaci¨®n de desconfianza entre los presos polimilis y hacia el proceso en general cambi¨® sustancialmente por un gesto que tuvo el Gobierno, presionado por Onaindia y Bandr¨¦s, que lo ve¨ªan en peligro ante la actitud cada vez m¨¢s beligerante del sector cr¨ªtico. El 11 de diciembre de 1982, a los nueve d¨ªas de su toma de posesi¨®n como presidente, Felipe Gonz¨¢lez, de acuerdo con su predecesor, Calvo Sotelo, firm¨® el indulto de V¨ªctor Garay, un preso polimili condenado a 38 a?os de c¨¢rcel por tres atracos y con mal expediente carcelario.

Este indulto, firmado por el Gobierno a los tres meses de la disoluci¨®n formal de ETApm, fortaleci¨® el proceso y propici¨® que en junio de 1983 se celebrara la reuni¨®n t¨¦cnica de Par¨ªs, que fij¨® la hoja de ruta que culmin¨® su recorrido en dos a?os, en 1985.

Infante y Leturiondo recuerdan como un ¨¦xito del proceso el que ninguno de los 300 beneficiados regresara a la violencia. ¡°Todos se reinsertaron sin problemas e incluso no quisieron participar en la vida pol¨ªtica de modo activo, aunque lo pod¨ªan haber hecho en Euskadiko Ezkerra¡±.

Tambi¨¦n consideraba entonces un ¨¦xito aquel proceso Jaime Mayor Oreja, ¨²ltimo delegado del Gobierno de UCD en Euskadi, que, pese a que algunos de sus compa?eros fueron asesinados por ETApm, mantuvo relaciones amistosas con alguno de los dirigentes polimilis reinsertados.

Aunque las circunstancias del fin de ETApm en 1982 son distintas de las de 2012, con una ETA Militar en cese definitivo, pero pendiente de disoluci¨®n, se pueden extraer claves de ambos procesos. Tienen en com¨²n la no exigencia de contrapartidas pol¨ªticas y el papel del partido como desag¨¹e de la banda armada. La izquierda abertzale lo logr¨® al imponerse a ETA Militar en 2.010, 30 a?os despu¨¦s que Euskadiko Ezkerra a los polimilis. ¡°Tambi¨¦n sigue reconocida por la Constituci¨®n la reinserci¨®n de los presos frente a la venganza, aunque hoy el nivel de exigencia social que recoge la ley es mucho mayor que en 1982. No han pasado en vano 30 a?os de asesinatos, con m¨¢s de 550 familias destrozadas que se sumaron a las 300 que hab¨ªa en 1982¡±, se?alan Infante y Leturiondo.