La juez devuelve el caso de los 34 detenidos el 25-S a la Audiencia Nacional
Les considera posibles autores de un delito de invasi¨®n con fuerza o intimidaci¨®n del Congreso La Audiencia ya rechaz¨® hacerse cargo del caso tras recibir el atestado policial
La juez de instrucci¨®n de Plaza de Castilla que se ocup¨® del caso de los detenidos el 25-S durante las marchas celebradas en Madrid bajo el lema Rodea el Congreso ha devuelto el caso de 34 arrestados a la Audiencia Nacional. A pesar de que ese tribunal dijo el viernes que no era competente para juzgar esos hechos porque no se hab¨ªan cometido delitos contra el Estado, la magistrada cree que s¨ª y reenv¨ªa el asunto a la Audiencia. El auto puede ser recurrido por las partes. Los abogados de los arrestados estudian ahora el contenido de la resoluci¨®n.
La magistrada imput¨® el viernes a 34 detenidos, en un auto gen¨¦rico para todos ellos, sin individualizar, delitos de ¡°atentado, resistencia y contra las altas instituciones del Estado¡±. Los abogados han recurrido conjuntamente esta decisi¨®n judicial porque aseguran que durante las comparecencias la juez no hizo ninguna pregunta sobre si los arrestados pensaban asaltar el Congreso o impedir salir a los diputados o perturbar de alguna manera el orden en la C¨¢mara, seg¨²n informan los letrados Beatriz Monasterio y Ra¨²l Ma¨ªllo. Los letrados esperaban que hoy se concretara la acusaci¨®n espec¨ªfica para cada uno de ellos.
Pero la juez ha optado por una soluci¨®n distinta: en los 34 casos se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional. Considera que s¨ª hay indicios de delitos contra el Estado y que, adem¨¢s, el atestado policial es una ampliaci¨®n de las diligencias abiertas en la Audiencia contra los promotores de la marcha, causa en manos del juez Santiago Pedraz en la que hay ocho imputados. Fuentes de la Audiencia Nacional indican que la semana pasada se declin¨® la competencia precisamente despu¨¦s de leer esas diligencias ampliatorias.
El delito del que la juez ve indicios de delitos es el recogido en el art¨ªculo 493 del C¨®digo Penal, que se?ala lo siguiente: ¡°Los que, sin alzarse p¨²blicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidaci¨®n las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Aut¨®noma, si est¨¢n reunidos, ser¨¢n castigados con la pena de prisi¨®n de tres a cinco a?os¡±.
Nos gustar¨ªa saber qui¨¦n ha a?adido ese delito [contra las instituciones], porque no hay ni siquiera indicios
Uno de los abogados defensores
¡°Ni de la lectura de derechos en la polic¨ªa ni el juzgado, ni del atestado, ni tampoco de las preguntas realizadas por la juez y el fiscal se desprende que los detenidos puedan completar el tipo recogido en ese art¨ªculo¡±, se?ala Erlantz Ibarrondo, abogado de tres de los detenidos. ¡°Nos gustar¨ªa saber qui¨¦n es el que ha a?adido ese delito, porque no hay delitos bastantes, ni siquiera indicios, para imput¨¢rselo. Ver esto despu¨¦s de haber estado la semana pasada durante seis u ocho horas en un limbo jur¨ªdico resulta extra?¨ªsimo¡±.
Los argumentos que plantea la magistrada, en el auto, son los mismos que conten¨ªa el atestado policial que fue remitido en primer lugar a Pedraz y en que este, con la conformidad del Ministerio Fiscal, consider¨® insuficientes para apreciar indicios de delitos contra el Estado.
¡°El d¨ªa 25 acudieron al lugar de la convocatoria los manifestantes, los cuales se encontraron con que la polic¨ªa estaba all¨ª para proteger el normar desarrollo de la sesi¨®n plenaria que se estaba desarrollando en el Congreso¡±, indica el auto. ¡°La polic¨ªa hab¨ªa puesto vallas de seguridad con dicha finalidad. A lo largo de la concentraci¨®n se produjeron incidentes ocasionados porque algunos de los asistentes intentaron rebasar el per¨ªmetro de seguridad establecido en el Congreso de los Diputados, as¨ª como impedir a Sus se?or¨ªas abandonar el hemiciclo; lanzaron objetos a los funcionarios de Polic¨ªa que all¨ª estaban, produjeron agresiones, intentando tambi¨¦n los manifestantes saltar las vallas de protecci¨®n¡±.
La juez asegura que los manifestantes pretend¨ªan ¡°una ruptura con el r¨¦gimen vigente mediante la dimisi¨®n del Gobierno en pleno, la disoluci¨®n de las Cortes y de la Jefatura del Estado, abolici¨®n de la actual Constituci¨®n e iniciar el proceso de constituci¨®n de un nuevo sistema de organizaci¨®n pol¨ªtica, econ¨®mica y social¡±.
Ahora, sin perjuicio de lo que pueda ocurrir con los recursos, la juez de Madrid tendr¨¢ que enviar copia de las actuaciones al juzgado de Pedraz para que sea este el que decida si asume el caso o no, aunque lo m¨¢s probable es que no lo haga dado su pronunciamiento del pasado jueves. En ese caso, la magistrada madrile?a deber¨¢ plantear una cuesti¨®n de competencia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que decidir¨¢ qu¨¦ juzgado es el competente.
La decisi¨®n del juzgado de Instrucci¨®n 8 de Madrid ha causado sorpresa en la Audiencia Nacional porque este tribunal ya se hab¨ªa pronunciado sobre el tema. La juez toma la decisi¨®n conjunta para los 34 a pesar de que hab¨ªa abierto pieza separada de cada uno de ellos para investigar sus conductas individuales. Entre los enviados a la Audiencia tambi¨¦n est¨¢ la persona detenida en un bar de Atocha por lanzar supuestamente un vaso a un polic¨ªa, un incidente que se produjo a kil¨®metro y medio del Congreso.
Las dos magistradas de los juzgados 12 y 26- que investigan los supuestos delitos de los detenidos en las manifestaciones del mi¨¦rcoles (3) y del s¨¢bado (2) no han apreciado delitos contra las instituciones del Estado. No han pedido la acumulaci¨®n de sus cinco casos a los del juzgado n¨²mero 8 ni han acordado hasta el momento inhibirse a favor de la Audiencia.
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