Los gerentes sociales dicen que el decreto de desahucios traer¨¢ m¨¢s exclusi¨®n social
Los profesionales de los servicios sociales lamentan el "grav¨ªsimo error de determinar situaciones concretas de vulnerabilidad"
Los profesionales de los servicios sociales han criticado duramente el decreto presentado por el Gobierno en el que se prev¨¦ una moratoria para los desahucios previstos si se dan determinadas circunstancias. ¡°Ha sido un grav¨ªsimo error estrat¨¦gico determinar una serie de situaciones de supuesta vulnerabilidad social. La realidad va a pasar por encima de ese decreto porque la casu¨ªstica es infinita, no puede resumirse en un n¨²mero de hijos, ni en la edad de estos, ni en tener o no tener a un dependiente en casa, ni siquiera en un nivel de renta¡±, ha asegurado Luis Barriga, de la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Barriga, que ha estudiado c¨®mo se afrontan los desahucios en varios pa¨ªses europeos, est¨¢ seguro de que ¡°la realidad pasar¨¢ por encima de este decreto, porque la casu¨ªstica de situaciones de vulnerabilidad es infinita¡±. ¡°Adem¨¢s, la creaci¨®n del llamado fondo social de viviendas contribuir¨¢ a traer m¨¢s exclusi¨®n: ?qu¨¦ viviendas se les van a proporcionar, en qu¨¦ zonas? ?lejos de sus barrios, de sus familias? Corremos el riesgo de tener miles de desplazados internos viviendo fuera de contexto. Ya hemos visto experiencias con los realojos. Es obvio que el departamento de Econom¨ªa no entiende de din¨¢mica social¡±, ha a?adido.
La asociaci¨®n a la que pertenece, de profesionales sociales, ya ofreci¨® hace meses un proyecto integral para tratar estos problemas de vivienda que alcanzan a las familias con una deuda sobrevenida. Se present¨® en el Congreso en febrero e iba dirigida a la comisi¨®n de Justicia. ¡°En abril se nos indic¨® amablemente que nuestras alternativas se redirig¨ªan a la comisi¨®n de Econom¨ªa¡±, explica. La Consejer¨ªa de Familia de Castilla y Le¨®n s¨ª ha tenido en cuenta el asesoramiento de los profesionales de los servicios sociales para poner en marcha un servicio de apoyo integral a estas familias que, con las limitaciones propias en esta materia de las comunidades aut¨®nomas, se inici¨® el 1 de noviembre.
¡°Es de un desconocimiento profundo en el ¨¢mbito social definir situaciones de vulnerabilidad para optar a determinadas ventajas, como las que, supuestamente, plantea este decreto, porque es de todos sabido que se pueden dar comportamientos artificiosos para acercarse a las medidas prefijadas. Condicionar la paralizaci¨®n de un desahucio al tama?o de la familia puede afectar a fen¨®menos de natalidad forzosa, por poner un ejemplo. O traer al abuelo dependiente a casa en lugar de ingresarlo en una residencia aun cuando la necesite. Y ya pueden esmerarse en cuidarlo, porque a la triste p¨¦rdida de un familiar podr¨ªan a?adir el automatismo de terminar en la calle¡±. ¡°Esto no se puede despachar con un listado de vulnerabilidades, hay que estudiarlo caso a caso no hay otra manera de hacerlo¡±.
Otro de los grandes errores que detectan estos profesionales es que la moratoria del desahucio se inicie en el momento del lanzamiento, es decir, cuando las personas deben abandonar la vivienda, cuando si se hubiera hecho en el momento de iniciarse los tr¨¢mites (la ejecuci¨®n) ¡°estas familias podr¨ªan pensar en mejorar sus condiciones laborales para recuperar su casa¡±. ¡°Del otro modo el efecto puede ser perverso: si encuentro trabajo y mejoro mi renta me quitar¨¢n la casa, podr¨ªan pensar los afectados¡±.
¡°Adem¨¢s, la renta no tiene en cuenta las unidades de consumo, tal cual se miden con indicadores internacionales, as¨ª que hay que estar obligatoriamente por debajo de 1.597 euros de renta tanto si se tienen dos como siete hijos. Y ya repugna a la raz¨®n pensar que una familia con un ni?o de dos a?os tiene m¨¢s derecho a esta protecci¨®n que una con un cr¨ªo de cuatro a?os¡±, ha lamentado.
Barriga ha reconocido la labora desarrollada por las ¡°plataformas, instituciones y colectivos solidarios que llevan a?os alertando y combatiendo estas injusticias¡± y ha insistido en que los profesionales de los servicios sociales siguen a disposici¨®n de los poderes p¨²blicos para tratar este problema, pero ha lamentado este decreto ¡°con el que se pierde una nueva oportunidad para la necesaria reconciliaci¨®n de la ciudadan¨ªa con las instituciones que est¨¢n a su servicio¡±.
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