Jueces, fiscales y abogados echan un pulso a la reforma de Gallard¨®n

¡°Lo damos por muerto como interlocutor, no nos vale para hablar¡±. Despu¨¦s de varios meses de tensi¨®n creciente, el juez decano de Madrid y portavoz de la asociaci¨®n Francisco de Vitoria, Jos¨¦ Luis Gonz¨¢lez Armengol, enterr¨® definitivamente el pasado 28 de noviembre al ministro de Justicia. ?l lo dijo con palabras m¨¢s duras, pero eso mismo, ese d¨ªa, lo pusieron por escrito todas las asociaciones de jueces y fiscales, reunidas en una ¡°comisi¨®n interasociativa de conflicto¡±: ¡°Al no considerar como interlocutor v¨¢lido al ministro D. Alberto Ruiz-Gallard¨®n, las asociaciones de jueces y fiscales pedimos una reuni¨®n urgente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy¡±.

La Moncloa no ha respondido. Es m¨¢s que improbable que Rajoy desautorice a Gallard¨®n y lo aparte como interlocutor. Pero el sector judicial est¨¢ ya incendiado. Ma?ana martes, jueces, fiscales, abogados y una parte de los secretarios judiciales ¡ªes decir, pr¨¢cticamente todos los cuerpos profesionales que entran en juego en la Administraci¨®n de justicia¡ª, adem¨¢s de sindicatos y organizaciones de consumidores, participar¨¢n en un acto p¨²blico conjunto, y para el d¨ªa siguiente, 12 de diciembre, han convocado un paro de una hora en los juzgados de toda Espa?a. Amenazan con huelga, en enero ¡ªser¨ªa la segunda de la democracia, tras la que los jueces hicieron contra el Gobierno del PSOE en 2009¡ª, si el ministerio no accede a sus reclamaciones.

Leyes ya presentadas

• Menos d¨ªas libres y m¨¢s trabajo para los jueces. La Ley de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administraci¨®n de justicia ¡ªaprobada en octubre por el Consejo de Ministros y ahora en tr¨¢mite parlamentario¡ª reduce de 18 a 12 los d¨ªas de permiso por asuntos propios al a?o (adem¨¢s, nueve de esos 12 d¨ªas deben ser utilizados para estudiar expedientes de especial complejidad, aunque se abre la puerta a justificarlos por "otras circunstancias" sin especificar). Por otra parte, ser¨¢n los jueces de carrera y no los interinos quienes asuman principalmente las sustituciones, cobrando un plus del 80% del complemento de destino.
• Ley de tasas. Est¨¢ en vigor desde el 22 de noviembre, aunque a¨²n no se aplica por un error administrativo. Con el objetivo de "reducir el exceso de litigiosidad", el Gobierno aument¨® las tasas judiciales por poner una demanda en primera instancia o un recurso en segunda, y las extendi¨® a todos los ciudadanos. Presentar un recurso de apelaci¨®n pasa de 300 euros a 800; uno de casaci¨®n ante el Supremo, de 600 euros a 1.200.
• C¨®digo Penal m¨¢s duro. Aprobado por el Gobierno en octubre, a¨²n debe pasar por el Parlamento. Entre otras cosas, crea la prisi¨®n permanente revisable, establece penas accesorias de prisi¨®n a los reos m¨¢s peligrosos tras haber cumplido condena y castiga la difusi¨®n de v¨ªdeos ¨ªntimos ajenos.

?Qu¨¦ reclamaciones son esas? ?Se han convertido las asociaciones de jueces, fiscales y abogados en activistas defensores de la ciudadan¨ªa frente a leyes impopulares como la de las tasas o frente al drama de los desahucios, o en el fondo de su pelea se agazapa un inter¨¦s corporativo y el intento de hacerse m¨¢s fuertes de cara a la negociaci¨®n para preservar sus condiciones laborales, como ha sugerido Gallard¨®n? ¡°Con respeto a los colectivos afectados, quiero recordar que el Gobierno trabaja para el inter¨¦s de todos los espa?oles¡±, dijo el ministro en plena tormenta por las tasas, dejando claro que no pensaba rectificar aunque la cr¨ªtica fuera un¨¢nime. Y a?adi¨® se?alando, sin citar, a todos esos cuerpos profesionales: ¡°Quieren mantener el antiguo r¨¦gimen¡±.

Todas las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales con las que ha hablado este peri¨®dico admiten que, en el origen, el conflicto era puramente laboral: el proyecto de ley de ¡°medidas de eficiencia presupuestaria en la Administraci¨®n de Justicia¡± ¡ªaprobado por el Gobierno en octubre y actualmente en tramitaci¨®n en el Senado¡ª hab¨ªa hecho saltar las alertas desde antes del verano. Una ley que introduc¨ªa en el ¨¢mbito judicial los recortes generalizados en la funci¨®n p¨²blica ¡ªincluida una reducci¨®n de d¨ªas libres¡ª y eliminaba pr¨¢cticamente la figura del juez interino sustituto, traspasando esa carga extra de trabajo a los titulares (a cambio de un plus en el sueldo). Los jueces lo consideraron una declaraci¨®n de guerra.

¡°Es cierto que esto empez¨® en verano como una protesta por la reforma de nuestras condiciones laborales. Por eso creamos la Comisi¨®n Interasociativa. Nuestro ¨²nico objetivo entonces era evitar los cambios previstos en esa ley, que a¨²n estamos intentando negociar¡±, explica Mar¨ªa Teresa S¨¢ez, portavoz de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los 5.200 jueces que hay en Espa?a (el 18%, interinos). ¡°Luego, sobre la marcha, surgi¨® el tema de las tasas, se agrav¨® el de los desahucios... Y dijimos: no podemos hablar solo de lo nuestro. Ampliamos nuestras reivindicaciones¡±, afirma.

Las asociaciones han convocado un paro esta semana y estudian la huelga

Antonio Rom¨¢, de la Asociaci¨®n de Fiscales (con cerca de 450 afiliados de los 2.400 fiscales espa?oles), coincide: ¡°Claro que la base de esta protesta es corporativa, laboral, lo cual es muy leg¨ªtimo, por cierto. Lo que pasa es que luego los periodistas nos preguntan por las tasas, los desahucios, el Registro Civil, los indultos... y respondemos. Quiz¨¢ esa ley de tasas deber¨ªa ser distinta, quiz¨¢ otras deber¨ªan serlo... pero nuestra protesta principal es porque el ministerio quiere cambiar el r¨¦gimen estatutario del sector. Nos hacen pasar por privilegiados, pero nosotros nos sentimos maltratados¡±, dice. Y pone ejemplos de por qu¨¦: ¡°Tenemos todos los inconvenientes del funcionario y los del aut¨®nomo: nos jubilamos a los 70 a?os, con un r¨¦gimen de incompatibilidades muy severo, no tenemos horario... Yo, si debo resolver un informe de un caso, no s¨¦ lo que es un fin de semana libre¡±.

¡°Lo de obligarnos a hacernos cargo de las sustituciones, es decir, de nuestro juzgado y del de al lado cuando haya una baja, es inasumible¡±, abunda el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, que ataca frontalmente al ministro: ¡°Gallard¨®n no est¨¢ jugando limpio. Intenta desprestigiarnos. En las primeras negociaciones nos dec¨ªa que ten¨ªa que recortar presupuesto por el tema del d¨¦ficit, que si el Banco Central Europeo, que si Montoro... Pero es que el ministerio va a cambiar por completo las condiciones de trabajo. Y hay una conexi¨®n directa entre nuestras condiciones de trabajo y la calidad del servicio al ciudadano¡±, subraya.

La ley que obliga a los titulares a hacer sustituciones prendi¨® la mecha

Cuando aprob¨® el nuevo r¨¦gimen de sustituciones ¡ªque adem¨¢s de dar m¨¢s trabajo a los jueces de carrera dejar¨¢ sin empleo a un millar de jueces interinos¡ª, el ministerio se?al¨® que eso ir¨ªa en beneficio de la ¡°profesionalizaci¨®n¡± de la justicia, una antigua reivindicaci¨®n de las asociaciones. ¡°Es verdad, ped¨ªamos que se redujera la presencia de los interinos, pero no a costa de traspasarnos el trabajo a nosotros sino creando nuevas plazas por oposici¨®n¡±, replica S¨¢ez, de la APM. Las oposiciones, sin embargo, est¨¢n pr¨¢cticamente congeladas, por la crisis, en toda la funci¨®n p¨²blica.

En medio de esa disputa laboral en el sector, el Gobierno aprob¨® la impopular Ley de Tasas Judiciales. Y los jueces y fiscales la incorporaron a su protesta.

No hay una oposici¨®n frontal y general a las tasas, sino a estas tasas. Jueces para la Democracia rechaza la imposici¨®n de cualquier tarifa; pero la APM, por ejemplo, s¨ª es partidaria de cobrar al ciudadano para ¡°disuadir de pleitear¡± (en 2011 entraron en los juzgados nueve millones de asuntos): lo que rechaza es las ¡°cuant¨ªas desorbitadas¡± que ha establecido el ministerio. Gonz¨¢lez Armengol, de la asociaci¨®n Francisco de Vitoria, afirma: ¡°Estas tasas, exclusivamente por raz¨®n de la cuant¨ªa, son inconstitucionales¡±. Entre los secretarios judiciales (4.200) hay divisi¨®n: el mayoritario Colegio Nacional de Secretarios Judiciales aprueba las tasas y se ha apartado de las protestas porque ve un ¡°di¨¢logo sincero¡± con el ministro, mientras que el Sindicato de Secretarios Judiciales va a proponer a sus afiliados que, cada vez que un ciudadano se niegue a pagar la tasa y haya que archivar el pleito, pidan al juez que eleve una consulta al Constitucional.

Pero si hay una organizaci¨®n que se ha movilizado contra las tasas es el Consejo General de la Abogac¨ªa, con su presidente Carlos Carnicer a la cabeza, que la semana pasada constituy¨® con sindicatos y asociaciones de consumidores la Plataforma Justicia para Todos. Carnicer responde con irritaci¨®n a la pregunta de si los abogados (125.000 ejercientes en Espa?a, muy por encima de la media europea) est¨¢n en esta pelea solo porque temen que las tasas les quiten clientes al reducir el n¨²mero de pleitos. ¡°No habr¨ªa nada ileg¨ªtimo en pensar en el trabajo de cada uno. Pero le recuerdo al se?or Gallard¨®n que quienes m¨¢s rechazan las tasas son los ciudadanos en las encuestas¡±, desliza. Insiste en que el copago recorta derechos ¡ª¡°Ya no va a haber nadie que recurra una multa de tr¨¢fico¡±, pone como ejemplo¡ª y advierte de una consecuencia que podr¨ªa ir m¨¢s all¨¢ de lo econ¨®mico: ¡°Quien no logre acopiar al principio del proceso el dinero de todas las tasas [la inicial y la de recursos posteriores] se arriesga a que le venzan los plazos para recurrir y decaiga el procedimiento¡±.

¡°La imagen p¨²blica¡± de los profesionales de la justicia ¡°ha mejorado mucho en estas semanas¡±, se felicita el portavoz de la Asociaci¨®n de Fiscales. Si eso aumentar¨¢ su fuerza en el pulso frente al ministerio, se ver¨¢ en las movilizaciones de los pr¨®ximos d¨ªas.