Choque frontal entre Gallard¨®n y todos los colectivos de la justicia

Alberto Ruiz-Gallard¨®n compar¨® ayer la reforma que ¨¦l pretende acometer en la justicia espa?ola ¡ªque implica cambiar las condiciones de trabajo de jueces y fiscales, cobrar tasas a los ciudadanos y desviar ciertos asuntos de los juzgados a las notar¨ªas¡ª con el fin de la mili, la instauraci¨®n del moderno sistema tributario, la reconversi¨®n industrial de los a?os ochenta o la entrada en Europa. ¡°Los cambios producen resistencias, siempre ha ocurrido en Espa?a¡±, resumi¨® como com¨²n denominador. As¨ª, el mismo d¨ªa ¡ªel de su cumplea?os¡ª en el que 18 organizaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales, trabajadores del sector y consumidores se un¨ªan para mostrarle su oposici¨®n frontal, el ministro de Justicia los tild¨® de corporativistas y anunci¨® que no piensa cambiar una coma de sus medidas, porque el objetivo es ¡°agilizar¡± la administraci¨®n de justicia y eso es ¡°irrenunciable¡±.

El conflicto est¨¢ servido: hoy hay un paro de una hora ¡ªde 12.00 a 13.00¡ª convocado en los juzgados y, aunque Gallard¨®n subray¨® que su puerta est¨¢ ¡°abierta¡± para seguir hablando, las organizaciones profesionales no lo aceptan como interlocutor. Han pedido una reuni¨®n con el presidente Mariano Rajoy ¡ªque no ha respondido¡ª y est¨¢n recogiendo firmas entre los ciudadanos.

La bronca del sector judicial con su ministro comenz¨® hace meses por un tema estrictamente laboral: la Ley de medidas de eficiencia en la Administraci¨®n de justicia, que obliga a los jueces de carrera a hacer sustituciones (despidiendo, de paso, a los interinos) y les quita d¨ªas libres (aunque bastantes menos que al resto de funcionarios del Estado). Las asociaciones de jueces y fiscales admiten que ese fue el origen de la pelea, pero a?aden que en su opini¨®n las condiciones laborales no solo les afectan a ellos sino a la calidad del servicio p¨²blico.

Gallard¨®n dice que su puerta est¨¢ ¡°abierta¡±, pero los jueces lo rechazan

Luego lleg¨® la ley de tasas, muy impopular, y los jueces y fiscales ¡ªa los que se sumaron, en primera l¨ªnea, los abogados¡ª tomaron la oposici¨®n a esa medida como bandera, tach¨¢ndola de atentado al Estado de derecho. Adem¨¢s, en las ¨²ltimas semanas ha habido pronunciamientos de jueces, p¨²blicos y en grupo, sobre los desahucios, la ley hipotecaria o los indultos del Gobierno, creando un clima de movilizaci¨®n desconocido en este sector.

Como broche a una situaci¨®n in¨¦dita, representantes de todos los colectivos de la justicia ¡ª18 organizaciones de distinto color ideol¨®gico y profesional¡ª escenificaron ayer con una rueda de prensa el frente antiGallard¨®n. Lo sintetiz¨® Antonio Segura, de la Plataforma Justicia para Todos: ¡°Somos muy diferentes, son muchas las cosas que nos separan a los que estamos aqu¨ª. Pero hay un ministro de Justicia que nos ha unido¡±. Api?ados en una sala del Consejo General de la Abogac¨ªa, en Madrid, algunos sentados y otros de pie con el micro, jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, representantes sindicales y miembros de asociaciones de usuarios defendieron sus reivindicaciones detr¨¢s de una pancarta que rezaba: Acto p¨²blico de defensa de la Administraci¨®n de Justicia.

¡°La justicia est¨¢ en descomposici¨®n por las reformas del ministerio. Hay que hablar de poder a poder: con el presidente¡±, dijo el juez decano de Madrid y portavoz de la asociaci¨®n Francisco de Vitoria, Jos¨¦ Luis Gonz¨¢lez Armengol. ¡°Su gesti¨®n la rechazamos todos los colectivos y la poblaci¨®n. ?Para qui¨¦n gobierna el ministerio?¡±, pregunt¨® Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia. ?ngel Dolado, del Foro Judicial Independiente, asegur¨® que asimilar a los jueces con el resto de funcionarios ataca a su ¡°independencia¡±; lo mismo que ?lvaro Mart¨ªn, de la mayoritaria Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura.

As¨ª siguieron el resto de organizaciones: hablaron de ¡°desmantelamiento de la justicia como servicio p¨²blico¡±, de ¡°ataque brutal sin precedentes a la ciudadan¨ªa¡±, de ¡°crisis institucional¡±, de una falta total de di¨¢logo por parte del ministerio y del intento de ¡°privatizar¡± la justicia. ¡°De la tutela judicial efectiva se va a pasar a la tutela judicial en efectivo¡±, ironiz¨® Bosch sin sonre¨ªr. Quienes m¨¢s ¨¦nfasis pusieron en el asunto de las tasas, no obstante, fueron los representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios. Francisca Sauquillo dio un ejemplo: las tasas terminar¨¢n, dijo, con las demandas colectivas contra grandes empresas como las el¨¦ctricas, por el volumen de dinero que habr¨ªa que desembolsar en tasas para empezar a pleitear.

El ministerio, sin embargo, sostiene que lo que ha unido a todos esos colectivos profesionales no es la ¡°defensa de la administraci¨®n de justicia¡± sino la de sus propios intereses. Gallard¨®n ya lo hab¨ªa sugerido, pero ayer fue claro como el agua al acusar de corporativistas a jueces y fiscales. ¡°?C¨®mo no van a protestar si les hemos quitado una paga y les hemos reducido los d¨ªas libres de 18 a 12?¡±, pregunt¨® ret¨®ricamente durante una conferencia en el Foro ABC. No menos de cinco veces repiti¨® lo de la paga extra, convirtiendo la batalla que las asociaciones est¨¢n planteando como ciudadana en una mera protesta por dinero y privilegios. ¡°Soy consciente de que las medidas pueden afectar a algunos colectivos, es leg¨ªtimo que protesten. Pero el Gobierno en quien est¨¢ pensando es en el conjunto de la sociedad¡±, remat¨®. No habr¨¢ rectificaci¨®n: ¡°A m¨ª no me hicieron ministro para estar colgado en un retrato del ministerio. Yo ante quien tengo que responder es ante mi presidente, que me pide que defienda el inter¨¦s de los ciudadanos¡±, zanj¨®.

Las asociaciones acusan al ministro de ¡°desmantelar¡± el servicio p¨²blico

Gallard¨®n pretende que haya ¡°un antes y un despu¨¦s¡± de su mandato y que la administraci¨®n de justicia se convierta en un ¡°factor de competitividad¡± que ayude a salir de la crisis. Para eso, seg¨²n ¨¦l, son necesarias las tasas: para disuadir a los ciudadanos que abusan del sistema. Unas tasas, subray¨® con un golpe de efecto, que le pidieron ¡°los jueces¡±. El ministro ley¨® dos textos: uno de la reuni¨®n de jueces decanos de Espa?a de 2011 y otro de la APM, la asociaci¨®n mayoritaria; ambos defendiendo las tasas (el segundo, adem¨¢s, proponiendo que parte de la recaudaci¨®n vaya a pagar incentivos a los jueces o a un plan de pensiones). ¡°Me lo pidieron [poner tasas], y es exactamente lo que hemos hecho¡±, concluy¨® el ministro ante la sorpresa del auditorio. En realidad, la APM nunca ha ocultado que defiende las tasas, pero rechaza la cuant¨ªa ¡°desorbitada¡± de las que aprob¨® Gallard¨®n.

El titular de Justicia desgran¨® despu¨¦s un rosario de datos para justificar sus medidas. Uno: el 77% de las veces que un ciudadano recurre en segunda instancia el recurso es rechazado. ¡°?No debe haber un mecanismo disuasorio para evitar que sea rentable prorrogar indefinidamente el proceso judicial?¡±, inquiri¨® (aunque las tasas tambi¨¦n son en primera instancia). Dos: las tasas existen en casi todos los pa¨ªses europeos y, de media, cubren el 30% del coste del proceso judicial; en Espa?a, el 8%. ¡°La justicia es gratuita, pero no es gratis¡±, afirm¨®.

Ayer, la mayor¨ªa de las organizaciones pasaron de puntillas sobre la posibilidad de pedir la dimisi¨®n del ministro, y tampoco quisieron aclarar si jugar¨¢n la carta de la huelga. ¡°No se descarta, pero no creo que sea m¨¢s eficaz que esto que estamos haciendo¡±, dijo el presidente de los abogados, Carlos Carnicer. El ¨²ltimo comunicado que aprob¨® la comisi¨®n interasociativa de conflicto de jueces y fiscales pon¨ªa como condici¨®n para no ir a la huelga que se retire la ley sobre el r¨¦gimen estatutario de los jueces y que no se apruebe la reforma del CGPJ. Las tasas no figuran entre esas condiciones, aunque ayer todos aseguraron que se tendr¨¢n muy en cuenta.