Una de las cabecillas de la red de Gao Ping se querella contra el juez Andreu

La liberaci¨®n por parte de la secci¨®n tercera de la Audiencia Nacional de 20 de los cabecillas de la Operaci¨®n Emperador y puso en el disparadero al instructor del caso, Fernando Andreu, ha dado alas a uno de los l¨ªderes de la organizaci¨®n criminal, la mayor red de blanqueo desarticulada en Espa?a en los ¨²ltimos a?os, para querellarse contra el juez y contra los dos fiscales anticorrupci¨®n del caso, Jos¨¦ Grinda y Juan Jos¨¦ Rosa, por 20 presuntos delitos contra la libertad individual. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha preguntado al fiscal si debe admitir la querella a tr¨¢mite y ha nombrado como instructor de esa decisi¨®n al magistrado Juan Saavedra, el presidente de la sala.

En la noche del 18 de octubre, consciente de que el plazo de 72 horas de detenci¨®n para una treintena de detenidos en la operaci¨®n, entre ellos sus principales cabecillas, se iba a cumplir, Andreu dict¨® un auto por el que pon¨ªa a su disposici¨®n a todos ellos obligando a la polic¨ªa a poner fin a cualquier diligencia que estuviera realizando con los arrestados. El instructor, sin embargo, no orden¨® su inmediato traslado a la Audiencia Nacional para tomarles declaraci¨®n y, en su caso, enviarlos a prisi¨®n, sino que los dej¨® bajo custodia policial ante la falta de espacio en los calabozos de la Audiencia Nacional. Despu¨¦s fue ordenando su traslado a su juzgado que, en los dos d¨ªas siguientes -el 19 y el 20 de octubre- envi¨® a 20 de ellos a prisi¨®n.

La secci¨®n tercera de la Sala de lo Penal, sin embargo, consider¨® que la actuaci¨®n del juez no hab¨ªa sido correcta y que este hab¨ªa prorrogado ilegalmente la detenci¨®n de esas personas, con lo que oblig¨® a poner en libertad a todos ellos, entre los cuales se encontraba el presunto cabecilla de la trama, Gao Ping, su esposa Lizhen Yang y el considerado responsable del aparato coactivo de la red, el exguardaespaldas de Gao, Li Haibo. En un auto muy pol¨¦mico y que supon¨ªa un cambio de criterio, la secci¨®n aseguraba que, al haber sido el juez el que orden¨® las detenciones, este ten¨ªa un plazo improrrogable de 72 horas para enviarlos a prisi¨®n o liberarlos, por lo que declar¨® nulos los autos de Andreu por los que encarcel¨® a 20 de los detenidos.

Ahora, una de las arrestadas, Xiaoshuang Zhu, considerada un miembro de la c¨²pula de la organizaci¨®n ilegal, se ha querellado contra Andreu por esos hechos. En su escrito, que debe estudiar la Sala Segunda del Supremo al estar el juez aforado a ese tribunal, la cabecilla asegura que tanto el instructor como los dos fiscales anticorrupci¨®n del caso, "acordaron ilegalmente la detenci¨®n de 20 personas" y despu¨¦s "articularon un mecanismo procesalmente inviable" para tratar de desobedecer la resoluci¨®n de la secci¨®n tercera que les oblig¨® a liberarlos. Ese mecanismo, seg¨²n la cabecilla de la red de Gao Ping, consisti¨® en presentar un recurso de nulidad contra el auto que orden¨® excarcelarlos y que la secci¨®n tercera rechaz¨® de plano, lo que, seg¨²n la querella, prolong¨® su prisi¨®n seis d¨ªas m¨¢s.

La interpretaci¨®n de la detenci¨®n, regulada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en 1882, no es un¨¢nime en los tribunales espa?oles. En la mayoritaria, se entend¨ªa que los agentes ten¨ªan un plazo de 72 horas para realizar su atestado, interrogar al detenido y hacer las diligencias necesarias ¡ªregistros, por ejemplo¡ª antes de ponerlo a disposici¨®n del juez. Este, a partir de ese momento, dispondr¨ªa de otras 72 horas para tomarle declaraci¨®n y decidir sobre su prisi¨®n. Es decir, que podr¨ªan transcurrir hasta seis d¨ªas antes de que el arrestado fuera encarcelado.

En el caso Emperador, Andreu actu¨® conforme a esa interpretaci¨®n. Los cabecillas ahora liberados por la secci¨®n tercera fueron detenidos por orden del juez hacia las seis de la ma?ana del 16 de octubre. Adem¨¢s de la detenci¨®n, Andreu orden¨® a la polic¨ªa que realizara 120 registros, en los que los imputados tuvieron que estar presentes. Posteriormente, el instructor fue tomando declaraci¨®n a los 108 detenidos y, siguiendo la l¨®gica de su investigaci¨®n, dej¨® para el final a los principales implicados, Gao Ping entre ellos.

Con plena conciencia de que se iban a cumplir las 72 horas de detenci¨®n, cuando se lleg¨® a la hora 64 de ese plazo ¡ªa las 22.00 del 18 de octubre¡ª, el juez dict¨® un nuevo auto en el que pon¨ªa a su disposici¨®n a los 29 imputados que a¨²n no hab¨ªan comparecido ante ¨¦l, aunque los manten¨ªa bajo custodia en comisar¨ªa y ordenaba a los agentes que los llevaran a los calabozos de la Audiencia ¡°seg¨²n exista disponibilidad¡± en estas instalaciones. La resoluci¨®n mandaba a los agentes que abandonaran ¡°cualquier tipo de diligencia¡± con los detenidos y que se pusiera en conocimiento del juzgado ¡°cualquier novedad respecto de los mismos¡±. Acto seguido, los funcionarios del juzgado de Andreu leyeron sus derechos a los imputados y fueron los m¨¦dicos forenses de la Audiencia los que los exploraron. Al ponerlos bajo su autoridad, el juez entend¨ªa que ten¨ªa otras 72 horas para enviarlos a prisi¨®n, como siempre se hab¨ªa hecho. En total fueron 20 los encarcelados despu¨¦s de ese auto: los que comparecieron el 19 y 20 de octubre. Gao, como principal capo, lo hizo en ¨²ltimo lugar.

Varios de ellos presentaron recurso contra el auto por el que se les envi¨® a prisi¨®n. En principio, la secci¨®n tercera, la encargada de estudiarlos, no hizo reproche alguno a la actuaci¨®n del juez. El 20 de noviembre confirm¨® el encarcelamiento de una de las principales colaboradoras de Gao, Kai Xu, que, como aquel, declar¨® pasadas las primeras 72 horas desde su detenci¨®n. Pero dos d¨ªas despu¨¦s, Carlos Aguirre de C¨¢rcer, el abogado del supuesto contable de la trama, Kay Yang, puso sobre la mesa una sentencia del Tribunal Constitucional de 2011 que manten¨ªa que, en los casos en que la detenci¨®n la ordenara el juez, el instructor ten¨ªa un ¨²nico plazo improrrogable de 72 horas para encarcelarlo. El tribunal liber¨® a Kay Yang y a otros tres capos de la mafia china y oblig¨® a Andreu a sacar de la c¨¢rcel a otros 16 m¨¢s aplicando su criterio. Seg¨²n la secci¨®n tercera, todos ellos se vieron ¡°privados ilegalmente de libertad¡±. Y la resoluci¨®n apuntaba como responsable al juez se?alando a los cabecillas el camino a la querella por detenci¨®n ilegal.

Andreu, varios magistrados de la Sala y otros jueces y fiscales consultados niegan la mayor. Aseguran que el caso que examin¨® el Constitucional (una detenci¨®n de la Operaci¨®n Malaya efectuada en 2006) es completamente diferente. En esa ocasi¨®n, el juez orden¨® la detenci¨®n y la puesta a su disposici¨®n del detenido sin que la polic¨ªa tuviera que hacer ninguna otra gesti¨®n. El instructor de la Operaci¨®n Emperador afirma que, una vez efectuados los arrestos, puso a los imputados a disposici¨®n de la polic¨ªa para que esta realizara 120 registros. La prueba de que se encontraban bajo su autoridad es que los agentes liberaron a varios de ellos, algo que hubiera tenido que decretar el juez si ya estuvieran bajo su responsabilidad.

La secci¨®n tercera asegura que lo que debi¨® hacer el juez fue decretar la prisi¨®n de todos los detenidos que quedaban por comparecer sin escucharlos y posponer sus declaraciones para las siguientes 72 horas. Se trata de una objeci¨®n sin efectos pr¨¢cticos en el caso, porque si Andreu hubiera obrado as¨ª, la ¨²nica diferencia ser¨ªa que los imputados habr¨ªan sido conducidos ante ¨¦l desde la c¨¢rcel en lugar de venir de comisar¨ªa. El juez considera que su actitud fue mucho m¨¢s garantista. Primero, porque los oy¨® antes de encarcelarlos, pero tambi¨¦n porque la detenci¨®n es una medida menos grave que la c¨¢rcel.

La secci¨®n tercera, pues, dej¨® a Andreu en una posici¨®n delicada solo por una interpretaci¨®n novedosa de la ley que, seg¨²n varios magistrados, obligar¨¢ a la Audiencia Nacional a replantearse todos los macrodispositivos contra el crimen organizado, con decenas de detenidos y registros, ante las dificultades que plantea. Porque los plazos aceptados mayoritariamente hasta ahora ¡ª72 horas a disposici¨®n policial y 72 a disposici¨®n del juez, independientemente de quien ordenara la detenci¨®n¡ª ya no valen. Y organizar estas operaciones puede poner en peligro nada menos que al juez, como demuestra la querella que se acaba de presentar.