M¨¢s de 200 cargos imputados y protegidos en solo cinco comunidades

La Constituci¨®n y el resto de leyes y reglamentos les amparan. Y, bajo el manto de legalidad, los partidos dejan en manos de su discrecional ¨¦tica el mantenerlos en sus organizaciones, pero tambi¨¦n en instituciones de las que cobran un sueldo p¨²blico. Los cargos pol¨ªticos implicados en causas de corrupci¨®n suman m¨¢s de 200 en solo cinco comunidades y evaluando ¨²nicamente los casos m¨¢s destacados.

Pol¨ªticos acusados de corrupci¨®n ocupan o han ocupado puestos en parlamentos y administraciones auton¨®micas, instituciones provinciales y corporaciones locales. Entre los analizados, la mayor¨ªa de ellos (113) son de la administraci¨®n auton¨®mica ya que en solo en Baleares suman 76. No hay un espacio fijo para las malas pr¨¢cticas.

No tienen un solo color pol¨ªtico, pero el PP, entre los contabilizados, es mayoritario, ya que tambi¨¦n en Baleares los cargos populares salpicados por la corrupci¨®n alcanzan casi el medio centenar, pese a que la mayor¨ªa de ellos ya no cobra un sueldo p¨²blico. A¨²n as¨ª, existe otro medio centenar de cargos del PP implicados en casos de otras comunidades. En Murcia, casos como el de la propia capital como los de Torre Pacheco y Totana elevan el n¨²mero de populares salpicados por corrupci¨®n.

Por detr¨¢s, se sit¨²a la extinguida Uni¨® Mallorquina, con cerca de 40 implicados. La tercera fuera pol¨ªtica en el terrible ranking de la corrupci¨®n es el PSOE que, junto a los cargos del PSC imputados, supera la treintena. Al margen de Catalu?a, Andaluc¨ªa es la comunidad en la que hay m¨¢s pol¨ªticos socialistas implicados en casos de corrupci¨®n, comunidad en la que tambi¨¦n se pueden encontrar concejales y alcaldes de IU que incluso ya han sido condenados.

Tambi¨¦n son numerosos los cargos p¨²blicos afiliados a partidos independientes que han acabado formando parte de un sumario. Ocurri¨® con el GIL en Marbella.

El origen de los casos m¨¢s sangrantes es tambi¨¦n de lo m¨¢s diversa, aunque comunidades como la valenciana, Baleares, Andaluc¨ªa, Catalu?a y Galicia est¨¢n especialmente se?aladas. Tambi¨¦n en Madrid, uno de los mayores esc¨¢ndalos de la democracia, el caso G¨¹rtel, salpic¨® el Gobierno auton¨®mico de Esperanza Aguirre y cuatro ayuntamientos de los que ya han salido los implicados que, a?os despu¨¦s de que se destapara la trama corrupta, a¨²n est¨¢n siendo investigados.

Pero las islas son especialmente atractivas y solo en 2010, un total de 200 personas entre pol¨ªticos, empresarios y funcionarios fueron imputadas por delitos relacionados con la corrupci¨®n urban¨ªstica en Canarias.

La presunci¨®n de inocencia, la lentitud de la justicia para resolver la mayor¨ªa de los casos y el car¨¢cter personal de las actas (que no pueden ser reclamadas por los partidos pese a que el espa?ol es un sistema de listas cerradas) posibilitan que sigan siendo representantes p¨²blicos, representantes de ciudadanos, hasta que una sentencia firme les inhabilite.

Por ejemplo, pese a la extensa y, en algunos casos antigua, lista de presuntos corruptos de Baleares, solo hay cuatro pol¨ªticos en la c¨¢rcel (3 del PP y uno de UM). Y las sentencias condenatorias apenas suman la veintena entre las seis comunidades m¨¢s se?aladas y los casos analizados, incluidos los indultos.

La lucha contra la corrupci¨®n y la tolerancia cero a favores, comisiones y prebendas est¨¢n en el discurso de todos los partidos. Se aprobaron y enarbolaron c¨®digos ¨¦ticos que se incumplieron sistem¨¢ticamente y la presencia de imputados, incluso condenados, en las filas de un partido se ha mantenido porque tampoco provoca, en la mayor¨ªa de las ocasiones, un castigo electoral. De hecho, una encuesta del CIS de 2011 desvel¨® que el PP era percibido por los ciudadanos como el partido m¨¢s implicado en casos de corrupci¨®n y meses m¨¢s tarde obtuvo una rotunda mayor¨ªa absoluta.

El Gobierno, el primero en la historia, ha decidido poner en marcha una Ley de Transparencia. La obligaci¨®n de hacer p¨²blica mucha de la informaci¨®n que, de hecho, es p¨²blica, supondr¨¢ alg¨²n obst¨¢culo m¨¢s a salvar para los corruptos. Pero no es el remedio a todos los males.

El ¨²ltimo gesto en el Congreso cont¨® con el apoyo del PP, el PSOE, Izquierda Plural y UPyD, ante una iniciativa de este ¨²ltimo partido que exig¨ªa ¡°cuanto antes¡± acometer las reformas legales necesarias para que la acusaci¨®n formal por un delito relacionado con la corrupci¨®n fuera causa de inelegibilidad e incompatibilidad. Sin embargo, tal como expusieron tanto el PSOE como los nacionalistas, exigir la dimisi¨®n a un imputado o incluso procesado a punto de sentarse en el banquillo conculca la presunci¨®n de inocencia y puede ser causa de inconstitucionalidad.

Otra posibilidad ser¨ªa un m¨¦todo con el que dictar una suspensi¨®n cautelar del cargo p¨²blico, como se realiza en los partidos o para los funcionarios, incluidos los jueces, aunque eso supondr¨ªa profundos cambios en la ley electoral. Y hay maneras intermedias, como la de la expulsi¨®n del partido o el grupo al que pertenecen los encausados o su arrinconamiento pol¨ªtico, que no siempre se llevan a cabo y que demuestran que, dependiendo de qui¨¦n y d¨®nde, existe una doble vara de medir. Solo se ve la paja en ojo ajeno

El caso es que la corrupci¨®n est¨¢ estancada en las instituciones y que, en un plazo de seis meses, se ver¨¢ ad¨®nde ha llegado este estudio y an¨¢lisis de las reformas legales para que, al menos, los acusados por un delito relacionado con la corrupci¨®n no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos p¨²blicos. ?Ser¨¢ bastante?