Rubalcaba propone una brigada antifraude

El secretario general del PSOE, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, intenta mantener la iniciativa en la lucha contra la corrupci¨®n. Hace dos semanas hizo una propuesta de pacto a todos los partidos, incluso antes de que estallara el caso B¨¢rcenas, y este domingo dio un paso m¨¢s con la presentaci¨®n en Bilbao de cuatro medidas concretas de reformas legales para hacer frente a la corrupci¨®n.

Las medidas propuestas por el l¨ªder socialista se refieren al control previo de la actuaci¨®n de las Administraciones, al cumplimiento de las condenas, a la financiaci¨®n de los partidos y a la investigaci¨®n de los supuestos delitos cometidos. Ser¨ªa necesario modificar, al menos, el C¨®digo Penal, la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, la de Enjuiciamiento Criminal y la de Financiaci¨®n de Partidos. Rubalcaba se anticipa as¨ª a las medidas concretas que tiene previsto presentar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate sobre el estado de la naci¨®n del d¨ªa 20 y tambi¨¦n a las de regeneraci¨®n que preparan los socialistas para su conferencia pol¨ªtica de octubre.

El PSOE propone la creaci¨®n de una Oficina Anticorrupci¨®n compuesta por ¡°inspectores del m¨¢ximo nivel¡± con la misi¨®n de controlar las Administraciones p¨²blicas, con inspecciones sin previo aviso y para disuadir a quienes est¨¦n dispuestos a delinquir. Para ello, las comunidades aut¨®nomas y los Ayuntamientos deben sumarse mediante convenios que permitir¨ªan a estos inspectores controlar con car¨¢cter previo los contratos o adjudicaciones que se hagan.

¡°Prevenir la corrupci¨®n es poner m¨¢s controles para que los que quieran corromperse tengan miedo de que les puedan pillar¡±, dijo gr¨¢ficamente el l¨ªder de la oposici¨®n. Rubalcaba hizo un paralelismo entre la oficina antifraude y las unidades de asuntos internos que vigilan en el seno de los cuerpos de polic¨ªa, dibujando una brigada de ¡°hombres de negro¡± que por sorpresa y aleatoriamente trabajen en el control de las actividades en las Administraciones p¨²blicas.

La segunda medida tiene que ver con la jurisdicci¨®n para la investigaci¨®n y enjuiciamiento de estos casos, que ser¨ªan atribuidos a la Audiencia Nacional. Ahora, con el final del terrorismo, la Audiencia ha perdido carga de trabajo y solo tiene competencia para casos de corrupci¨®n en delitos muy concretos y cuando afecten a distintas comunidades.

Por ejemplo, el caso G¨¹rtel y sus ramificaciones se investigan en distintos sumarios en la Audiencia, en el Tribunal Superior de Madrid y en el de Valencia. Con la propuesta del PSOE, una investigaci¨®n como esta se unificar¨ªa en un juzgado central de la Audiencia. Ocurrir¨ªa lo mismo con el caso Urdangarin que ahora se investiga en un juzgado de Palma de Mallorca y se juzgar¨¢ en Baleares. El objetivo es acabar con la dispersi¨®n de los sumarios por delitos relacionados con la corrupci¨®n en distintos juzgados, para agilizar las investigaciones y unificar los criterios.

Se evitar¨ªa tambi¨¦n que la proximidad entre los jueces y los pol¨ªticos implicados diera apariencia de parcialidad. Por ejemplo, se habl¨® en su momento de la estrecha relaci¨®n entre Francisco Camps y el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que deb¨ªa investigarle y juzgarle, como consecuencia de su necesaria actividad institucional.

La siguiente medida desarrollada por Rubalcaba tiene que ver con el castigo a los corruptores. El secretario general del PSOE concret¨® que las empresas implicadas en casos de corrupci¨®n deben tener cerrado el camino a las contrataciones con la Administraci¨®n hasta que los directivos condenados cumplan las condenas impuestas por la justicia. ¡°Hay que castigar al que se corrompe y al que corrompe¡±, concluy¨®. Se tratar¨ªa de profundizar en la extensi¨®n de la responsabilidad de las personas f¨ªsicas a las personas jur¨ªdicas, en la l¨ªnea de la ¨²ltima reforma del C¨®digo Penal que llev¨® a cabo el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. La idea es que la condena a los directivos de esas empresas lleve aparejada la condena de inhabilitaci¨®n o prohibici¨®n para contratar con la Administraci¨®n para la compa?¨ªa.

Seg¨²n explic¨®, ¡°todo supuesto de corrupci¨®n en el ¨¢mbito pol¨ªtico y administrativo exige la concurrencia de una empresa que persigue un trato de favor en cualquier concurso p¨²blico o adjudicaci¨®n p¨²blica y est¨¢ dispuesta, para ello, a ofrecer a un responsable p¨²blico o a un empleado p¨²blico compensaciones econ¨®micas (regalos, donaciones, comisiones¡­) siempre que le proporcione el contrato, la concesi¨®n, la subvenci¨®n, la ayuda o la operaci¨®n urban¨ªstica buscada¡±.

El l¨ªder socialista a?adi¨® que ¡°se trata de una medida destinada a desalentar a las empresas tentadas de estos comportamientos ante el riesgo de que se vean expulsadas del ¨¢mbito de las contrataciones p¨²blicas en todo el territorio nacional y respecto de todas las Administraciones: General del Estado, Auton¨®micas y Locales¡±.

Por ¨²ltimo, Rubalcaba quiere acabar con las donaciones de las empresas a partidos pol¨ªticos. ¡°Ni privado, ni p¨²blico, ni transparente, ni no transparente, que las empresas se dediquen a los suyo y no pongan un euro a los partidos¡±, a?adi¨®.

Ahora est¨¢n prohibidas las donaciones an¨®nimas y no pueden dar dinero a los partidos las empresas que tienen relaciones con las administraciones p¨²blicas. Ni siquiera pueden hacerlo a fundaciones vinculadas a los partidos, seg¨²n la reforma de 2012, y el l¨ªder socialista propone extender la prohibici¨®n a todas las empresas, sin distinci¨®n. Solo podr¨ªan donar dinero a los partidos los particulares y siempre identificados de forma p¨²blica. En este momento, m¨¢s del 80% de la financiaci¨®n de los partidos procede de dinero p¨²blico. Con la medida propuesta por Rubalcaba ser¨ªa pr¨¢cticamente p¨²blica toda la financiaci¨®n de los partidos.

Rubalcaba aprovech¨® para exponer las medidas su intervenci¨®n en la clausura del VII Congreso del PSE-EE en Bilbao, en el que fue reelegido Patxi L¨®pez para su cuarto mandato como secretario general.