Los alcaldes quieren que las comunidades asuman ya las competencias en sanidad

La reforma local no gusta a los Ayuntamientos. A ninguno. El presidente de la Federaci¨®n de Municipios y Provincias (FEMP), ??igo de la Serna (PP), asegur¨® esta ma?ana que hay una "posici¨®n com¨²n" de los alcaldes para que el Gobierno reforme el Anteproyecto de Ley que pretende modificar la administraci¨®n local. Los municipios no quieren asumir ninguna competencia en materia de educaci¨®n y exigen que se devuelvan a las comunidades aut¨®nomas sin que queden resquicios que los obliguen a seguir prestando servicios en colegios o guarder¨ªas. "Hay cuestiones funfamentales que tienen que ver con las competencias. No puede ser que las entidades locales tengan que seguir asumiendo los costes de mantenimiento y conservaci¨®n de los colegios. Queremos que esto se modifique", asegur¨® De la Serna. En materia de sanidad esperan que la devoluci¨®n de las competencias se realice en un a?o y no en cinco, como fija el anteproyecto.

Otro gran bloque de discrepancias con el Ejecutivo est¨¢ en la defensa de los municipios peque?os, y en especial en las facilidades que el documento ofrece para intervenir los municipios de menos de 5.000 habitantes. "Hay controles suficientes en la Ley de Estabilidad Presupuesaria. Si existen mecanismos no tiene sentido que se a?adan otros que han generado una gran preocupaci¨®n". Tampoco est¨¢n de acuerdo en que sea el Gobierno quien fije un coste estandar por cada servicio y reclaman que se consulte con la FEMP.

En la federaci¨®n de Madrid defienden lo que llaman "dignificaci¨®n retributiva"

El presidente de la FEMP precis¨® que los alcaldes tambi¨¦n est¨¢n de acuerdo en modificar otro punto pol¨¦mico: la prohibici¨®n de las retribuciones para los ediles que trabajen en Ayuntamientos de menos de mil habitantes. Considera que no se puede limitar el salario por una cuesti¨®n de poblaci¨®n."Hay que buscar f¨®rmulas para que estos alcaldes, que cobran muy poco y hacen un gran servicio p¨²blico, reciban una retribuci¨®n", explic¨®.?

El PSOE, que rompi¨® en enero las negociaciones con el Gobierno sobre el texto, ha hecho un frente com¨²n con sus alcaldes para exigir que se retire el documento. Contra ¨¦l preparan una enmienda a la totalidad y, si finalmente se aprueba con el rodillo del PP en el Congreso, los socialistas advierten que recurrir¨¢n ante el Tribunal Constitucional. El secretario de Pol¨ªtica Local, Gaspar Zarr¨ªas, cree que la reforma "ni provocar¨¢ ahorros ni eliminar¨¢ duplicidades". Si el texto se mantiene en los t¨¦rminos actuales, asegura que el PSOE "saldr¨¢ a la calle" para? defender el trabajo con una "legi¨®n de voluntarios" formada por miles de alcaldes y concejales de toda Espa?a. "Ni a prop¨®sito se pueden hacer peor las cosas", subray¨®.

El texto, que debe pasar por la Comisi¨®n Nacional de Administraci¨®n Local (CNAL) y el Consejo de Estado antes de iniciar su tramitaci¨®n parlamentaria, ha removido en sus asientos a cientos de alcaldes espa?oles. Este lunes la Federaci¨®n Gallega de Municipios aprob¨® un duro documento de alegaciones. ¡°Vulnera en varios de los preceptos la autonom¨ªa local, principio consagrado en la Constituci¨®n¡± advierte el texto consensuado en la Federaci¨®n gallega (FEGAMP), presidida por el alcalde popular de Ferrol Jos¨¦ Manuel Rey Varela. La barrera que pretenden levantar desde Galicia contra la norma tiene el sello del PP: el partido logr¨® mayor¨ªa absoluta en 202 de los 315 municipios de la Comunidad Aut¨®noma en los ¨²ltimos comicios.

La lista de reproches que los alcaldes formulan contra el anteproyecto es extensa. Reservan la parte final del documento para atacar las medidas que les afectan al bolsillo. ¡°Deber¨¢ ser la Federaci¨®n de Municipios (FEMP) quien elabore una tabla retributiva para los miembros de las corporaciones locales que habr¨¢ de tener en cuenta la dedicaci¨®n y responsabilidad de los cargos p¨²blicos locales al margen de cu¨¢l sea el n¨²mero de habitantes del municipio respectivo¡±.

La propuesta de que los salarios sean fijados por los propios alcaldes est¨¢ en las ant¨ªpodas del prop¨®sito del Ministerio de Hacienda. El anteproyecto proh¨ªbe que el 82% de los concejales, 56.138 en Espa?a, tengan dedicaci¨®n exclusiva y cobren por ello. Solo 12.188 optar¨¢n a retribuci¨®n, siempre en municipios de m¨¢s de mil habitantes. Eso quiere decir que en autonom¨ªas como Castilla y Le¨®n apenas habr¨¢ cargos remunerados (algo que ya ocurre en la actualidad, aunque Hacienda dice no tener datos) dado que el 88% de sus 2.248 consistorios tiene una poblaci¨®n inferior al millar de habitantes.

La cuesti¨®n de los salarios levanta ampollas en comunidades m¨¢s pobladas. La federaci¨®n madrile?a (FMM), que agrupa a 179 municipios (149 est¨¢n gobernados por el PP), ya est¨¢n elaborando lo que llaman ¡°propuestas de mejora¡±. Entre ellas quieren que haya una ¡°dignificaci¨®n retributiva¡±, que todav¨ªa no han concretado. Reivindican la ¡°dignidad municipal¡±, reclaman la sostenibilidad de los peque?os municipios y exigen garant¨ªas de financiaci¨®n. En la federaci¨®n de Canarias el rechazo ha sido un¨¢nime: ¡°La ley vac¨ªa [las corporaciones] de su principal funci¨®n que es la de atenci¨®n a los ciudadanos y adem¨¢s no aclara ni define qu¨¦ pasar¨¢ con muchas de las competencias¡±. Otras agrupaciones consultadas como la de Castilla-Le¨®n, Andaluc¨ªa, Valencia o Castilla-La Mancha van un paso por detr¨¢s en la elaboraci¨®n de alegaciones, pero no ocultan que muchos aspectos de la reforma son manifiestamente mejorables.

El ambiente de crispaci¨®n anticipa una gran tormenta en la sede de la FEMP, que hoy re¨²ne a su consejo territorial. En las ¨²ltimas semanas ??igo de la Serna, su presidente, ha intentado aplacar los ¨¢nimos de los m¨¢s beligerantes insistiendo en que la ley no implica la privatizaci¨®n de los servicios, como denuncia el PSOE. Los alcaldes socialistas sin embargo cierran filas contra la reforma al tacharla de ¡°completamente ineficaz¡±. El secretario de pol¨ªtica local, Gaspar Zarr¨ªas, insiste en que ¡°ni evitar¨¢ duplicidades ni provocar¨¢ el ahorro de 7.000 millones que calcula el Gobierno¡±. Incluso los propios ediles del PP que firmaron las alegaciones desde Galicia contradicen a De la Serna: ¡°De facto lo que pretende [la ley] es eliminar la iniciativa econ¨®mica dando a entender que en todo caso la gesti¨®n privada de un servicio va a resultar necesariamente m¨¢s eficiente y eficaz que la p¨²blica¡±.