Por un reparto del d¨¦ficit p¨²blico entre autonom¨ªas m¨¢s razonable

El actual criterio de reparto de los derechos de d¨¦ficit entre las Comunidades Aut¨®nomas (CC AA) no es el m¨¢s razonable t¨¦cnicamente ni el ¨²nico legalmente posible. A nuestro juicio, una vez fijado el d¨¦ficit m¨¢ximo permitido para el conjunto de CC AA, deber¨ªa distribuirse teniendo en cuenta no el Producto Interior Bruto (PIB) regional, sino el volumen de ingresos ordinarios de cada autonom¨ªa y, en su caso, la deuda acumulada hasta el momento. A continuaci¨®n, justificamos nuestra propuesta.

En una econom¨ªa que experimenta un crecimiento tendencial de su PIB, las bases imponibles y, por tanto, la recaudaci¨®n potencial aumentan en paralelo, lo que permite financiar pagos por intereses o amortizaciones de la deuda en aumento. De ah¨ª el sentido de incorporar objetivos en t¨¦rminos de PIB para los pa¨ªses de la zona euro. Y de ah¨ª que cuando discutimos sobre la sostenibilidad de las finanzas p¨²blicas no hablemos de cifras absolutas o per c¨¢pita, sino relativizadas por la riqueza global que genera la econom¨ªa que las soporta. No obstante, las cosas son muy diferentes cuando pensamos en las CC AA de r¨¦gimen com¨²n.

Dada la fuerte nivelaci¨®n interterritorial que caracteriza a su sistema de financiaci¨®n, la base econ¨®mica que aguanta cada uno de los stocks de deuda auton¨®micos no es solo la correspondiente a cada autonom¨ªa, sino y sobre todo la del conjunto de la econom¨ªa espa?ola. Las transferencias de recursos explican que Extremadura cuente con m¨¢s dinero por habitante que la Comunidad de Madrid y que, en t¨¦rminos de PIB regional, el presupuesto extreme?o casi triplique al madrile?o. Por eso no tiene mucho sentido fijar el mismo objetivo de d¨¦ficit en t¨¦rminos de PIB regional para ambos. Ser¨ªa m¨¢s l¨®gico asignar los derechos de d¨¦ficit en funci¨®n de la proporci¨®n de ingresos ordinarios de cada territorio sobre el total, porque este ratio mide mejor la capacidad de cada hacienda auton¨®mica para hacer frente a las obligaciones diferidas en que incurren. Habr¨¢ que afinar y precisar qu¨¦ debemos entender por ingresos ordinarios, si es preferible utilizar los ingresos no financieros liquidados o una definici¨®n menos inclusiva. Pero esa es una cuesti¨®n resoluble.

La propuesta anterior es directamente aplicable cuando partimos de una situaci¨®n en que los stocks regionales de deuda sobre los ingresos no financieros son similares. En la coyuntura espa?ola actual, con la deuda auton¨®mica distribuida muy desigualmente, tendr¨ªa sentido introducir en los c¨¢lculos el stock de deuda previo (de nuevo relativizados por los ingresos ordinarios y no por el PIB regional) a la hora de efectuar el reparto del d¨¦ficit global atribuido a las comunidades. De esa forma, contar¨ªan con mayores derechos de d¨¦ficit quienes soportan stocks de deuda m¨¢s bajos y se producir¨ªa una tendencia a la convergencia en la deuda acumulada, que operar¨ªa de forma m¨¢s o menos intensa en funci¨®n de la ponderaci¨®n que le otorg¨¢semos al criterio indicado. Si nuestro objetivo, adem¨¢s de la reducci¨®n global del d¨¦ficit de las comunidades, es la r¨¢pida aproximaci¨®n de la posici¨®n deudora de cada una de ellas, este coeficiente de ponderaci¨®n habr¨ªa de ser alto.