La polic¨ªa controlar¨¢ los clientes y los encargos de las agencias de detectives
Los detectives privados podr¨¢n ser inhabilitados Las empresas de seguridad se encargar¨¢n de la vigilancia perimetral de las prisiones Los vigilantes pasan de ser subordinados a ser complementarios de la seguridad p¨²blica
La polic¨ªa podr¨¢ controlar en cualquier momento los clientes, los encargos, los m¨¦todos de investigaci¨®n e incluso los resultados de las pesquisas que realicen las agencias privadas de detectives. El anteproyecto de ley de seguridad privada, al que el Consejo de Ministros le ha dado hoy el visto bueno, obligar¨¢ a los detectives ("los huelebraguetas", como se le llamaban en las pel¨ªculas del g¨¦nero negro de los a?os 50) a "documentar los encargos en contrato por escrito" y a elaborar "un informe actualizado" con todos los datos de sus pesquisas. Este documento "estar¨¢ siempre a disposici¨®n de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la autoridad judicial". Los detectives o sus empresas podr¨¢n ser inhabilitados si no respetan estas normas.
La medida pretende evitar casos como el reciente de M¨¦todo 3, cuyos propietarios aseguraron que hab¨ªan destruido todos los informes de sus trabajos, o el de la llamada Operaci¨®n Pitiusa (tr¨¢fico de informaci¨®n privilegiada o reservada), en la que varios detectives se negaron a entregar a la polic¨ªa los libros registro de sus casos, la biblia del detective.
Las agencias ser¨¢n obligadas a entregar cada a?o al Ministerio del Interior una memoria anual de sus actividades. Interior quiere con todo ello regular "m¨¢s estrictamente el acceso a la investigaci¨®n privada" al afectar a ¨¢mbitos de la vida privada protegidos por derechos fundamentales y libertades p¨²blicas". Las investigaciones, no obstante, tendr¨¢n "car¨¢cter privado", ha puntualizado Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, ministro del Interior, quien tambi¨¦n ha subrayado que "los sonidos grabados se destruir¨¢n un a?o despu¨¦s de su realizaci¨®n salvo que est¨¦n relacionados con una investigaci¨®n".
El anteproyecto tiene por objetivo actualizar la normativa que data de 1992, en un sector que factura 3.600 millones de euros al a?o y en ¨¦l trabajan 90.000 personas, seg¨²n los datos facilitados el pasado mes de marzo por el titular de Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz. La intenci¨®n del Ejecutivo con esta reforma, seg¨²n ha recordado en varias ocasiones, es que se repitan casos como el del espionaje a la l¨ªder del PP catal¨¢n, Alicia S¨¢nchez Camacho.
El ministro tambi¨¦n ha explicado que las agencias deber¨¢n presentar un informe anual y ha puntualizado que la agencia de protecci¨®n de datos deber¨¢ examinar ahora el texto aprobado por el Consejo de Ministros. "Es uno de los sectores con mayor auge empresarial en Espa?a", seg¨²n ha explicado el ministro.
El Consejo de Ministros ha estado presidido por Mariano Rajoy y ha contado con la presencia de todos los miembros del gabinete a excepci¨®n del titular de Econom¨ªa y Competitividad, Luis de Guindos, que se encuentra en Dubl¨ªn participando en las reuniones de ministros de Econom¨ªa y Financias de la Uni¨®n Europea.
La normativa ampl¨ªa y cambia sustancialmente las tareas y cometidos de la seguridad privada. Esta podr¨¢ encargarse a partir de ahora de la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios, en sustituci¨®n de la Guardia Civil, aunque siempre bajo la supervisi¨®n de Interior. Dentro de los talegos no tendr¨¢n cometidos.
La seguridad privada, ahora legalmente "subordinada" a la p¨²blica, se integrar¨¢ ahora "en comisiones mixtas" para llegar a una mayor colaboraci¨®n que podr¨ªa extenderse incluso a alg¨²n tipo de reparto de tareas. Por lo tanto, como dice el texto, se pasa del principio de subordinaci¨®n al "principio de complementariedad", de manera que la privada sea "un recurso externo" de la seguridad p¨²blica, aunque siempre tendr¨¢ preeminencia esta ¨²ltima.
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