El Gobierno usa el caso de un sicario chipriota para salvar la ¡®doctrina Parot¡¯

El sicario profesional Panayiotis Agapiou Panayi es la gran baza que blande el Gobierno espa?ol ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, para convencer a sus magistrados de que dejen en vigor la doctrina Parot. El Ejecutivo espa?ol sostiene que el caso de este ciudadano chipriota, conocido como Kafkaris, le da la raz¨®n. Curiosamente, los defensores de la etarra In¨¦s del R¨ªo sostienen que ese caso avala en parte sus argumentos. Y, m¨¢s curiosamente a¨²n, la sentencia del caso Kafkaris, de febrero de 2008, la gran carta de Mariano Rajoy, fue ferozmente discutida por el entonces juez espa?ol en Estrasburgo Javier Borrego. El magistrado espa?ol, elegido como juez de Estrasburgo bajo el ¨²ltimo Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, elabor¨® un voto particular en el que aseguraba estar ¡°perplejo¡± por la decisi¨®n de la Sala.

El 10 de julio de 1987, un triple asesinato sacudi¨® a la alta sociedad chipriota. El conocido hombre de negocios P. Michael muri¨® junto a sus dos hijos de 11 y 13 a?os despu¨¦s de que el coche en el que viajaban los tres saltara por los aires. Panayiotis Agapiou Panayi, Kafkaris, hab¨ªa colocado una bomba en los bajos del veh¨ªculo. Otra persona le hab¨ªa ordenado ejecutar el crimen. El sicario fue condenado a cadena perpetua dos a?os despu¨¦s. Jam¨¢s revel¨® qui¨¦n le hab¨ªa ofrecido 10.000 libras chipriotas a cambio de matar a Michael. Cuando se cometieron los hechos, en 1987, la cadena perpetua no era tal en Chipre. Equival¨ªa ¡ªseg¨²n la normativa penitenciaria, porque el c¨®digo penal no lo aclaraba¡ª a una condena a 20 a?os. Un a?o despu¨¦s, por primera vez, los tribunales interpretaron la pena como ¡°prisi¨®n de por vida¡±. Pero Kafkaris fue condenado en 1989 y recibi¨® una notificaci¨®n en la que se indicaba que, en aplicaci¨®n de la normativa penitenciaria, quedar¨ªa libre en 2002.

El Gobierno chipriota estaba muy interesado en saber qui¨¦n hab¨ªa ordenado los asesinatos. La viuda de Michael fue a visitarlo a la c¨¢rcel para pedirle un nombre. No lo consigui¨®. La mujer requiri¨® entonces la ayuda del presidente del pa¨ªs, que fue en persona a la prisi¨®n junto con el fiscal general del Estado a hablar con el sicario: si colaboraba con la justicia y dec¨ªa de una vez por todas qui¨¦n hab¨ªa ordenado el asesinato, lo tendr¨ªan en cuenta para una posible excarcelaci¨®n. De nuevo, fue una gesti¨®n infructuosa. Las puertas de la c¨¢rcel se le cerraron.

Panayiotis Agapiou Panayi mat¨® por encarg¨® a un hombre y a sus hijos

Cuando lleg¨® el momento de la supuesta excarcelaci¨®n, en 2002, el sicario sigui¨® en prisi¨®n. No fue liberado, con el argumento de que la cadena perpetua implicaba prisi¨®n de por vida. La norma penitenciaria, adem¨¢s, ya hab¨ªa cambiado. Present¨® entonces una solicitud de habeas corpus ante el Supremo chipriota, que se la deneg¨®.

Para el Gobierno espa?ol, el caso es similar al que plantea la doctrina Parot, aplicada a m¨¢s de 75 reclusos, la mayor parte de ellos terroristas de ETA. La Parot fue una interpretaci¨®n jurisprudencial del Supremo espa?ol de 2006 que modific¨® el c¨®mputo que se hab¨ªa llevado a cabo hasta ese momento sobre las redenciones de pena por trabajo que recog¨ªa el c¨®digo penal de 1973 y que fueron eliminadas con el de 1995.

A partir de 2006, y por lo que dictamin¨® el Supremo, las redenciones no se aplicaban sobre el periodo m¨¢ximo que iba a estar el preso en la c¨¢rcel (30 a?os) sino sobre cada una de las penas, individualmente (en el caso de los terroristas, muchas veces, centenares o miles de a?os). De esta forma, a todo aquel al que se aplicara la Parot pasar¨ªa 30 a?os ¨ªntegros en prisi¨®n. En la pr¨¢ctica, las redenciones de pena por trabajo que se hab¨ªan aplicado hasta 2006 dejaban de ser efectivas. Uno de estos casos, el de la terrorista In¨¦s del R¨ªo, ha llegado a Estrasburgo. La primera sala le dio la raz¨®n por unanimidad, condenando a Espa?a porque Del R¨ªo no pudo prever, cuando cometi¨® los hechos, la duraci¨®n de su pena. El Ejecutivo recurri¨® ante la Gran Sala, y el recurso, basado en gran medida en el caso Kafkaris, est¨¢ pendiente.

La justicia chipriota lo conden¨® en 1989 a cadena perpetua por sus delitos

En el asunto del sicario, el tribunal europeo dio la raz¨®n al Gobierno chipriota en casi todo. En primer lugar, la Gran Sala indic¨® que la cadena perpetua vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos solo si no hab¨ªa ninguna posibilidad de que su condena fuera revisada. Seg¨²n la sala, Kafkaris s¨ª ten¨ªa alguna esperanza. Sin embargo, la ¨²nica posibilidad de que su cadena perpetua no dure el resto de su vida es que el presidente tome la decisi¨®n de revisarla. Algo posible, pero muy poco probable si el sicario sigue neg¨¢ndose a confesar qui¨¦n le mand¨® ejecutar los asesinatos.

Kafkaris argument¨® tambi¨¦n que se le hab¨ªa aplicado retroactivamente la ley puesto que, cuando cometi¨® los hechos, la cadena perpetua equival¨ªa a una condena de 20 a?os. Esta es la similitud que ve Espa?a con el caso. Estrasburgo sentenci¨® que no hab¨ªa una aplicaci¨®n retroactiva de la ley porque el C¨®digo Penal no establec¨ªa claramente la duraci¨®n de la prisi¨®n perpetua. Sin embargo, la sala s¨ª consider¨® que hab¨ªa un problema de ¡°calidad de la ley¡± porque teniendo en cuenta el ordenamiento jur¨ªdico en su conjunto, Kafkaris no pod¨ªa saber, ni siquiera acudiendo a un abogado, la duraci¨®n de la cadena perpetua. A pesar de todo, el tribunal no orden¨® su excarcelaci¨®n.

El argumento de la ¡°falta de previsibilidad¡± de la ley aplicable es el que utilizan los defensores de Del R¨ªo para sostener que la sentencia Kafkaris les beneficia. Adem¨¢s, sostienen que, a diferencia del c¨®digo chipriota, que no defin¨ªa claramente la cadena perpetua, el C¨®digo Penal espa?ol de 1973 establec¨ªa de forma precisa la redenci¨®n de penas por trabajo.

El juez espa?ol Javier Borrego mostr¨® su ¡°perplejidad¡± por la sentencia en un dur¨ªsimo voto particular. Borrego asegur¨® que s¨ª hubo una aplicaci¨®n retroactiva de la ley; que la sentencia incurre en m¨²ltiples contradicciones; que no se puede decir por un lado que la ley no era clara cuando se cometi¨® el crimen y, por otro, defender que luego se le aplicara la pena m¨¢s dura de las posibles; que Kafkaris deb¨ªa haber sido liberado en 2002; y que el caso supon¨ªa un quebranto del imperio de la ley.