¡°La corrupci¨®n es el ataque m¨¢s devastador contra la democracia¡±

¡°Junto a la furiosa agresi¨®n del terrorismo, no hay forma m¨¢s devastadora de ataque a la democracia y sus valores¡± que la corrupci¨®n, opin¨® este lunes Eduardo Torres-Dulce. El fiscal general del Estado pidi¨® ante la Comisi¨®n de Justicia del Senado m¨¢s medios ¡°materiales y personales¡± para investigar lo que defini¨® como una ¡°lacra¡± que est¨¢ ¡°envenenando el funcionamiento de la econom¨ªa de nuestro pa¨ªs, su imagen internacional, la integridad de las arcas p¨²blicas, la probidad en las relaciones comerciales y el cabal desempe?o de las prerrogativas y funciones p¨²blicas¡±. El pr¨®ximo informe de la Fiscal¨ªa General del Estado, asegur¨®, ¡°girar¨¢ fundamentalmente sobre la corrupci¨®n y delitos similares¡±. Para ello se han enviado ya a las fiscal¨ªas, afirm¨®, instrucciones para que orienten sus informes en este sentido.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, seg¨²n los datos que ofreci¨® este lunes Torres-Dulce ¡ªque aunque acud¨ªa al Senado a presentar la ¨²ltima memoria de la instituci¨®n, con datos de 2011, dio tambi¨¦n algunas cifras actualizadas¡ª, intervino el a?o pasado en 290 procedimientos y particip¨® en ¡°numerosas causas referidas a cajas o entidades financieras en crisis¡±. Pero, a pesar de la gravedad del problema, los medios materiales y personales no son suficientes. La realidad fiscal y judicial no se ha acomodado a las necesidades que plantean centenares de procedimientos abiertos ante los tribunales.

La Fiscal¨ªa Especial contra la Corrupci¨®n y la Criminalidad organizada en Madrid, especializada en perseguir estos delitos, la conforman 16 fiscales que trabajan con cuatro inspectores de la Agencia Tributaria y tres de la Intervenci¨®n General del Estado. Cuentan, adem¨¢s, con dos unidades de polic¨ªa judicial y otros 15 fiscales delegados anticorrupci¨®n repartidos por otros territorios.

Pero Anticorrupci¨®n se enfrenta solo a una parte peque?a de los delitos de corrupci¨®n ¡ªlos que recaen en la Audiencia Nacional, los que cuentan entre los investigados con alg¨²n pol¨ªtico aforado o los especialmente complejos¡ª. El resto de los casos los llevan las fiscal¨ªas ordinarias provinciales, que no cuentan con tantos medios a pesar de encargarse, m¨¢s o menos, del 80% de ellos.

Si, como se prev¨¦, el nuevo c¨®digo procesal penal que proyecta el Ministerio de Justicia pasa la instrucci¨®n de los jueces a los fiscales, las necesidades de estos ¨²ltimos ser¨¢n mucho m¨¢s imperiosas a¨²n. Torres-Dulce afirm¨® este lunes que para que esta idea pueda llevarse a la pr¨¢ctica ser¨ªa necesario que la Fiscal¨ªa contara con m¨¢s efectivos, con unidades de polic¨ªa judicial exclusivas y de expertos tributarios. Habl¨® tambi¨¦n de la necesidad de reforzar la autonom¨ªa de los fiscales. Esta ¨²ltima cuesti¨®n, la de si realmente van a ser independientes para investigar casos de corrupci¨®n y si van a proceder de la misma forma cuando se trate de casos que afecten al Gobierno de turno y cuando afecten a otras formaciones pol¨ªticas, es una de las m¨¢s pol¨¦micas. Los fiscales act¨²an bajo el principio de dependencia jer¨¢rquica y el fiscal general del Estado es nombrado por el Ejecutivo.

Torres-Dulce dijo tambi¨¦n que es partidario de acelerar la concreci¨®n de los procesos contra la corrupci¨®n para que no se conviertan en una ¡°inquisici¨®n general¡± contra los pol¨ªticos. No se refiri¨® al caso G¨¹rtel, pero en este asunto la instituci¨®n est¨¢ ya promoviendo que se concluya la instrucci¨®n.