Mucho ruido y pocas casas

La vicepresidenta Soraya S¨¢enz de Santa Mar¨ªa se permiti¨® el 17 de enero un instante sentimental. Fue durante la presentaci¨®n del Fondo Social de Vivienda: 5.891 pisos que por orden del Gobierno los bancos ponen a disposici¨®n de los ciudadanos a los que hayan desahuciado. S¨¢enz habl¨® de segundas oportunidades, solidaridad y un pa¨ªs ¡°que quiere que las familias y los m¨¢s peque?os se cr¨ªen en un hogar que les haga sentir la cobertura de un Estado y de un Gobierno¡±.

El problema es que el Fondo Social no ha dado de momento grandes frutos. Y no es la ¨²nica medida para paliar los efectos de los desahucios que a¨²n parece m¨¢s un discurso que una soluci¨®n. Entre dudas sobre la capacidad de la Junta de Andaluc¨ªapara ejecutar su ambicioso programa de expropiaciones y multas a viviendas desocupadas, iniciativas como la presentada por el presidente de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez, (pisos p¨²blicos gestionados por C¨¢ritas) plantean lo fina que es la frontera entre la buena voluntad y la mercadotecnia.

El ministerio de Econom¨ªa explica que, desde que hace 15 d¨ªas ech¨® a andar el proceso para beneficiarse de las viviendas del Fondo, se han firmado 50 contratos y hay 168 a punto. Seg¨²n Econom¨ªa, es pronto para evaluar el proyecto. Sin embargo, otro dato revela su escasa relevancia: desde el 17 de enero han llegado 450 solicitudes. Eso, en un pa¨ªs en el que los registradores calculan que la banca se qued¨® con 30.034 primeras viviendas por impago en 2012: 115 al d¨ªa.

Ni los desahuciados ni los bancos, que han debido invertir en la rehabilitaci¨®n de las viviendas del Fondo, est¨¢n contentos con su pobre marcha. ¡°Los destinatarios a¨²n no conocen el programa, tampoco las ONG ni los Ayuntamientos que lo impulsan, y los bancos est¨¢n poniendo en pr¨¢ctica sus mecanismos¡±, argumenta un portavoz del ministerio.

Adem¨¢s de la falta de informaci¨®n, en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) dan m¨¢s razones sobre el atasco del plan. En una calurosa oficina de PAH en el barrio madrile?o de Lavapi¨¦s, Mar¨ªa Cristina Escribano termina de atender a un inmigrante. Seis personas esperan su turno. Cristina se asoma y grita: ¡°?Alguien con un lanzamiento pendiente?¡±. Un hombre elegantemente vestido levanta la mano. La mujer le hace pasar al despacho con un compa?ero y se toma un descanso para explicar las limitaciones del Fondo: ¡°La principal es que nadie conoce de qu¨¦ va, y la m¨¢s grande es que las condiciones para acogerse son exactamente las mismas que las del decreto 27/2012 del 15 de noviembre¡±. Ese decreto, que ya en su momento fue muy criticado por su car¨¢cter restrictivo, es el que concede la suspensi¨®n del lanzamiento a las personas con menos recursos y a las puertas del desahucio. ¡°Son los mismos requisitos: un hijo menor de tres a?os, familia numerosa, o ser una mujer maltratada, estar en paro y sin subvenci¨®n¡­ Entonces, si te puedes quedar en tu casa dos a?os, ?para qu¨¦ vas a elegir irte y entrar en otro piso del banco?¡±. Los interesados en el Fondo se reducen en consecuencia a muy pocos casos: gente que perdi¨® su casa antes del decreto.

Para que esas 5.891 casas se ocupen, seg¨²n Escribano, el Gobierno tendr¨¢ que relajar las exigencias. ¡°Es una chapuza¡±, cuenta. ¡°Una medida cosm¨¦tica. Nosotros podemos derivar a muy poca gente a esos recursos porque nunca cumplen las condiciones¡±.

Econom¨ªa responde que estar¨¢ dispuesta a abrir la mano si comprueba que ¡°la realidad social lo demanda¡±.

Mientras tanto, la Comunidad de Madrid impone su estilo propio. Da fe de ello Juli¨¢n Espejel, un pensionista de 52 a?os que el pasado lunes recibi¨® la bendici¨®n de los flashes. Este hombre con una incapacidad permanente y dos hijos fue desahuciado en 2011, y el lunes el presidente de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez, le visit¨® acompa?ado de un enjambre de c¨¢maras para entregarle el primero de los 1.000 pisos sociales en alquiler que el Instituto de Vivienda de Madrid (Ivima) ha cedido a C¨¢ritas para su gesti¨®n.

Gonz¨¢lez present¨® la iniciativa como la respuesta madrile?a a los desahucios. Una conversaci¨®n con el Ivima sirve para matizar mucho esta lectura tan redonda. Los pisos de Gonz¨¢lez son exactamente los mismos que la Comunidad ya proporcionaba en alquiler social. En el Ivima, con 22.333 dedicadas a esta modalidad, explican que la iniciativa surgi¨® porque su presupuesto se ha reducido dram¨¢ticamente y buscan fuentes externas de financiaci¨®n. ¡°Nosotros cedemos a C¨¢ritas las viviendas que se van quedando vac¨ªas y ellos las reparan¡±, explica un portavoz. Muchos de los 106 pisos que ya ha arreglado C¨¢ritas estaban ocupados ilegalmente.

A medida que el Ivima vaya recuperando m¨¢s, los entregar¨¢ a la ONG.

El instituto explica que no ser¨¢n m¨¢s baratos que la vivienda social que promociona normalmente para poblaci¨®n vulnerable (alrededor de 300 euros). ¡°El objetivo del plan es ahorrar en las reparaciones y facilitar a los desahuciados casas para las que, de lo contrario, no tenemos recursos¡±.

Jos¨¦ Carlos Garc¨ªa-Donas, subdirector del programa de C¨¢ritas, a?ade que su objetivo es ayudar a las familias y quedar al margen de la pol¨ªtica: ¡°No somos una inmobiliaria ni un privado que gestiona recursos del Ivima¡±. Tambi¨¦n asegura que, sin supervisi¨®n de C¨¢ritas, ninguna familia puede acceder a esos apartamentos financiados con dinero p¨²blico.

Este detalle es uno de los que m¨¢s molesta a PAH, que acusa a Madrid de convertir en caridad algo que deber¨ªa ser un servicio p¨²blico.

La iniciativa que m¨¢s calurosamente apoya la plataforma es el decreto ley aprobado el 9 de abril por la Junta de Andaluc¨ªa. Este proyecto presenta dos grandes novedades: para fomentar el alquiler, multas de hasta 9.000 euros a entidades bancarias por tener viviendas vac¨ªas; y con car¨¢cter excepcional, la expropiaci¨®n a los bancos del uso de la vivienda durante tres a?os cuando est¨¦ a punto de ser desalojada una familia en riesgo de exclusi¨®n.

Sin embargo, fuentes de la misma consejer¨ªa de Vivienda andaluza reconocen que, a pesar de que el objetivo del plan sea el adecuado, existen dudas sobre la viabilidad de algunos puntos vitales. Se teme que su redacci¨®n y presentaci¨®n haya sido demasiado precipitada, con la consejera, Elena Cort¨¦s, demasiado preocupada por el golpe de efecto que iba a lograr

El censo de viviendas vac¨ªas parece especialmente problem¨¢tico. Llevar a cabo uno eficaz costar¨¢ tiempo y dinero y requerir¨¢ un cuerpo de inspectores considerable para revisar los contadores de luz y agua de millones de pisos vac¨ªos, vigilar plazos... El sistema de sanciones administrativas tambi¨¦n puede resultar de dif¨ªcil aplicaci¨®n si los bancos se lanzan a recurrir las multas, y hay much¨ªsimas viviendas que continuar¨¢n vac¨ªas: principalmente las construidas en zonas costeras y destinadas al alquiler ¡ªuso que no ser¨¢ sancionado¡ª, responsables privilegiadas de aquel lejano boom del ladrillo.