Madrid troce¨® las adjudicaciones a G¨¹rtel en 657 contratos para camuflarlas
La Intervenci¨®n General certifica que los contratos vulneraron la transparencia y la publicidad
Sobre la mesa del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se encuentra desde el pasado lunes un informe que certifica el supuesto trato de privilegio y las irregularidades cometidas por la Comunidad de Madrid a favor de las empresas de la trama G¨¹rtel entre 2004 y 2008. La Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE), m¨¢ximo responsable del control de la gesti¨®n econ¨®mica del sector p¨²blico, ha analizado por orden del magistrado todos los contratos celebrados por el ejecutivo regional con las sociedades de la red liderada por Francisco Correa. Estos tuvieron como eje a Alberto L¨®pez Viejo, que fue consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre y que est¨¢ imputado en la causa por cobrar supuestamente sobornos a cambio de los contratos. El resultado es un c¨²mulo de sobrecostes, concursos ama?ados, facturas sin justificar y otras vulneraciones de la Ley de Contratos P¨²blicos.
Las empresas de Correa se dedicaban principalmente al montaje y organizaci¨®n de actos conmemorativos e institucionales de las diferentes consejer¨ªas de la Comunidad de Madrid. Los interventores han verificado 686 actos por un importe de 6,48 millones de euros. Del total de eventos ¡ªinauguraciones de escuelas, primeras piedras de hospitales, o entregas de premios diversos¡ª 103 pagos carecen de facturas justificativas, y su gasto ha tenido que imputarse gen¨¦ricamente a la consejer¨ªa que supuestamente lo contrat¨®.
La Comunidad tramit¨® seis expedientes de contrataci¨®n por un importe de 1,14 millones y 657 contratos menores ¡ªinferiores a 12.020 euros, y por lo tanto no sujetos a publicidad¡ª por valor total de 5,33 millones. Los auditores de la IGAE consideran que ¡°en al menos 104 actos ha quedado acreditado el fraccionamiento¡±, es decir, que se trocearon los contratos para no superar los 30.050 euros, lo que obligar¨ªa a convocar un concurso p¨²blico. El importe de los expedientes fraccionados suma 3,16 millones de euros, un 69% del total de los contratos menores.
Las supuestas irregularidades tambi¨¦n alcanzan a los seis expedientes por importe superior a 30.050 euros. Dos de ellos se celebraron por el procedimiento ¡°negociado sin publicidad¡±, por el que la Administraci¨®n invita a una serie de empresas a que presenten sus ofertas, y se escoge a la que resulte m¨¢s ventajosa. En ambos casos, la Comunidad invit¨® a licitar a tres empresas, pero con una salvedad: todas ellas eran del mismo grupo de Correa.
Los otros cuatro expedientes mayores ¡ªen los que se celebraron concursos p¨²blicos que recayeron en las empresas de la trama¡ª presentan llamativos sobrecostes. En el acto de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes de 2006, se produjo un ¡°pago indebido¡± de 15.200 euros por ¡°duplicidad de servicios¡±. En el contrato para el montaje escenogr¨¢fico de los actos institucionales de la Comunidad de Madrid, adjudicado a MQM SL en 2007, la sociedad subcontrat¨® servicios a empresas del mismo grupo, lo que supuso una desviaci¨®n del 80% sobre el presupuesto de ejecuci¨®n. Los interventores entienden que el contrato con MQM funcion¨® ¡°como una especie de cuenta corriente en donde de forma arbitraria se han ido incluyendo o no los servicios prestados¡± por esa sociedad adjudicataria.
Otros actos, como la Cumbre Flamenca de septiembre de 2005, cuya organizaci¨®n cost¨® 21.480 euros, se adjudic¨® directamente pese a que superaba los 12.020 euros. La factura del acto se emiti¨® en enero de 2007, 16 meses despu¨¦s de la celebraci¨®n. La visita de Esperanza Aguirre al Parque Empresarial de La Carpetana, con un importe de 34.700 euros, se adjudic¨® a una empresa de G¨¹rtel ¡°por razones de urgencia¡±, que no fueron nunca justificadas.
Adem¨¢s, de las 573 facturas que han examinado los fiscalizadores estatales, 418 carecen de desglose o detalle de las operaciones cobradas, como exige el reglamento que regula las obligaciones de facturaci¨®n de los gastos p¨²blicos. Otras 56 facturas apenas cuentan con un concepto gen¨¦rico. Solo 96 recibos ¡ªun 17% del total¡ª est¨¢n debidamente cumplimentados. El que en las facturas figuren ¡°cantidades a tanto alzado¡± no solo vulnera el reglamento, sino que ¡°imposibilita verificar y certificar correctamente¡± que el servicio prestado por las empresas de la trama se correspond¨ªa con lo solicitado por la consejer¨ªa contratante.
El ¨²ltimo bloque de la investigaci¨®n
El an¨¢lisis de los contratos de la Comunidad de Madrid con las empresas de la trama G¨¹rtel es previsiblemente el ¨²ltimo bloque que se plantea el juez Pablo Ruz de una investigaci¨®n que se inici¨® en el a?o 2008. Aunque el magistrado pretend¨ªa que las pesquisas del tronco principal del caso estuvieran terminadas antes del verano, fuentes de la Audiencia Nacional calculan que la causa seguir¨¢ abierta hasta principios del oto?o.
En esta fase, uno de los personajes clave es Alberto L¨®pez Viejo, uno de los antiguos hombres fuertes de la Comunidad y que fue destituido en febrero de 2009 como consejero de Deportes por la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, su gran valedora pol¨ªtica, tras destaparse la operaci¨®n policial contra la corrupci¨®n en el entorno del PP.
L¨®pez Viejo, de 45 a?os, est¨¢ acusado de cobrar hasta 563.000 euros en sobornos de la trama corrupta. El pasado 29 de abril, el juez Ruz orden¨® el embargo de dos casas y de todas las cuentas bancarias del exconsejero y exdiputado regional del PP. El embargo tiene como objetivo que haga frente a la fianza por responsabilidad civil de 750.000 euros que le impuso el anterior instructor del caso G¨¹rtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira.
El que fue una de las personas de mayor confianza de Aguirre est¨¢ imputado por blanqueo de capitales, cohecho, prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias y asociaci¨®n il¨ªcita. L¨®pez Viejo abri¨® una cuenta en Suiza en 2002 y regulariz¨® su situaci¨®n con el fisco en 2012.
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