La justicia m¨¢s ¨¢gil ser¨¢ de pago

Martes, 10.30. Juzgado n¨²mero 39 de Madrid, juicio por la rotura de una tuber¨ªa. Entran en la sala siete profesionales con toga: tres abogados y tres procuradores, adem¨¢s de la juez. Los tres primeros intervienen durante la vista: explican, exponen, preguntan. Los procuradores, simplemente, asisten. En el tramo final de la sesi¨®n, uno de los tres se levanta, toga colgando del brazo, y entrega unos documentos a la juez y a una de las partes. Se solicita la interrupci¨®n de la vista y los procuradores sacan su agenda para apuntarse el aplazamiento. Se levanta la sesi¨®n.

Cualquiera que asista a un juicio de estas caracter¨ªsticas se preguntar¨¢ qu¨¦ hacen los procuradores, a qu¨¦ se dedican, por qu¨¦ el cliente se ve obligado a pagarles por sus servicios, adem¨¢s de pagar al abogado. Pero lo cierto es que ah¨ª est¨¢n, desempe?ando una funci¨®n fundamentalmente administrativa entre bambalinas, y en el centro de un debate que desde hace a?os cuestiona si realmente son necesarios.

Estos profesionales cobrar¨¢n entre 40 y 60 euros por notificaci¨®n

Pues bien, el debate sobre su supervivencia ha sido cortado de cuajo. El Gobierno ha acudido al rescate de este colectivo nacido en 1881, al que muchos consideraban al borde de la extinci¨®n. La salvaci¨®n de este conjunto de m¨¢s de 10.000 profesionales viene por la v¨ªa de ampliar sus funciones y de otorgarles el rango de agentes de la autoridad. Todo ello, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tambi¨¦n encierra la apertura de una v¨ªa para f¨®rmulas de pago para el que busque una justicia m¨¢s ¨¢gil, algo que ha puesto en pie a profesionales del sector.

Los procuradores son los encargados de engrasar una m¨¢quina judicial a¨²n dependiente de entregas de notificaciones y citaciones en papel. El correo electr¨®nico, o m¨¢s precisamente, las comunicaciones telem¨¢ticas, se utilizan solo en un 35% de los 50 millones de notificaciones que pasaron por manos de los procuradores en 2012. Se sigue notificando sobre todo en papel y el procurador debe estar de arriba para abajo trasladando documentos, circunstancia que a algunos, como al procurador Jos¨¦ Luis Pinto, les llev¨® a cambiar de veh¨ªculo para ser m¨¢s r¨¢pido y diligente: ¡°Me he tenido que comprar una moto, me quita mucha ansiedad¡±, confiesa en las inmediaciones del juzgado n¨²mero 39.

A partir de ahora, adem¨¢s de engrasar la m¨¢quina, los procuradores van a poder cobrar por ser ellos los que notifiquen a las partes en sus domicilios (funci¨®n que pod¨ªan hacer pero que, de hecho, no hac¨ªan por la obligatoriedad de acudir con dos testigos para dar fe de sus notificaciones, restricci¨®n que el anteproyecto ahora levanta). Y cobrar¨¢n una cantidad que oscilar¨¢ entre los 40 y los 60 euros por notificaci¨®n, seg¨²n confirma el Ministerio de Justicia (el n¨²mero de notificaciones oscila mucho en funci¨®n de cada proceso, pueden ser cuatro, pueden ser 20).

As¨ª el ciudadano litigante tendr¨¢ la opci¨®n de elegir entre los tr¨¢mites lentos de unos sobrecargados servicios de notificaci¨®n del juzgado, o el tr¨¢mite r¨¢pido de un procurador. ¡°Esta parte de la reforma es una forma de privatizaci¨®n de la Justicia¡±, reconoce en su despacho la procuradora Roc¨ªo Sampere Meneses, ¡°pero ahorra mucho tiempo al cliente¡±. Sampere dice que la Administraci¨®n podr¨ªa llegar a tardar meses en realizar una notificaci¨®n frente a los tres d¨ªas que pueden demorarse los procuradores. ¡°Todo esto va a agilizar la justicia¡±.

Ese es el objetivo del Gobierno, como explica Juan Bravo, subsecretario del Ministerio de Justicia. ¡°Introducimos un sistema de competencia entre procuradores y servicios de notificaciones de los funcionarios de la Administraci¨®n de modo que el demandante podr¨¢ elegir¡±. Y a?ade: ¡°No estamos privatizando nada. Siguen funcionando los servicios comunes, que quedar¨¢n descargados de trabajo. ?Qu¨¦ aporta esta f¨®rmula? Agilidad y rapidez¡±.

Rafael Fluiters, titular del juzgado n¨²mero tres de Primera Instancia de Madrid, tiene una visi¨®n distinta. Dice que el anteproyecto, en la pr¨¢ctica, va a suponer agilizar los tr¨¢mites solo para aquellos que puedan pagarlos: ¡°Por ejemplo, los bancos y las inmobiliarias¡±, ilustra. ¡°El que pueda pagar¨¢ para que todo vaya m¨¢s r¨¢pido. Eso se llama Justicia de dos velocidades¡±.

Esto se llama justicia de dos velocidades¡±, asegura el juez Fluiters

Ver¨®nica del Carpio, abogada con 27 a?os de profesi¨®n a sus espaldas, profesora de Derecho Civil y bloguera deja bien claro su punto de vista: ¡°Si las funciones que antes hac¨ªan unos funcionarios, de forma gratuita, ahora las podr¨¢n hacer profesionales aut¨®nomos, cobrando, eso se llama privatizaci¨®n de la justicia. No es una opini¨®n. Es un hecho¡±.

De confirmarse el texto del anteproyecto, entre las nuevas funciones de los procuradores estar¨¢ la localizaci¨®n de bienes de un demandado y su embargo. Es decir, el litigante que quiera que un embargo se agilice, pagar¨¢. Los lanzamientos hipotecarios ¡ªdesahucios¡ª han quedado excluidos de las nuevas funciones de los procuradores.

En Espa?a, a diferencia de otros pa¨ªses europeos, el representante del cliente en un juicio no es el abogado, sino el procurador. La Comisi¨®n Nacional de la Competencia (CNC) ya propon¨ªa el pasado 27 de febrero la eliminaci¨®n de la figura del procurador y el fin de esta exclusividad en la representaci¨®n del cliente (en la estela de la directiva 2006/123/CE sobre prestaci¨®n de servicios).

De hecho, el subsecretario Juan Bravo declara que los borradores de la Ley de Servicios Profesionales que prepara el Ministerio de Econom¨ªa (que tal vez podr¨ªa estar lista antes del final de a?o, dice) contempla poner fin a la incompatibilidad entre abogados y procuradores. Es decir, los abogados podr¨¢n representar al litigante (con lo cual se pone fin a la exclusividad en la representaci¨®n); y los procuradores podr¨¢n realizar funciones de defensa.

¡°El avance de las tecnolog¨ªas hace que sean totalmente prescindibles¡±, se?ala el director de iabogado.com, Javier Mu?oz Pereira, que dice que el hecho de que sea obligatorio contratarlos hace que se encarezca la Justicia. ¡°Pero han hecho una funci¨®n de lobby y han marcado un gol¡±. La abogada Ver¨®nica del Carpio sugiere que han contado con la protecci¨®n del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, que ha encontrado en ellos unos aliados despu¨¦s de toparse con el rechazo en otros ¨¢mbitos judiciales. ¡°Esa protecci¨®n de la que se habla es la misma que ha habido con los ministros que le han precedido¡±, asegura en su despacho Juan Carlos Est¨¦vez, presidente del Consejo General de Procuradores de Espa?a. ¡°Nos consideran ¨²tiles y necesarios, y saben del riesgo de colapso de la justicia si no estamos ah¨ª¡±, se?ala.

El anteproyecto est¨¢ ahora pendiente de los dict¨¢menes que haga el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el Consejo General de Procuradores, y el Consejo General de la Abogac¨ªa antes de ser remitido al Parlamento.