Camps y Barber¨¢, a punto de ir a juicio por malversaci¨®n

El juez instructor Jos¨¦ Castro est¨¢ decidido a desgajar del caso N¨®os la trama valenciana, a trav¨¦s de la cual I?aki Urdangarin y su exsocio Diego Torres se embolsaron hasta 3,5 millones de euros p¨²blicos bajo sospecha de malversaci¨®n. El juez ha solicitado este viernes a las Cortes valencianas que certifiquen la condici¨®n de diputados del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y de la actual alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢, ambos del PP.

Esta petici¨®n de Castro es el tr¨¢mite previo a su inhibici¨®n como juez instructor en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, instancia competente para investigar y juzgar a los aforados en esa comunidad. En la trama central del caso N¨®os ya est¨¢ imputado por malversaci¨®n el expresidente de Baleares Jaume Matas, que no goza ahora de aforamiento.

Camps y Barber¨¢ promovieron en la Comunidad Valenciana la extensi¨®n de los negocios de N¨®os ahora bajo sospecha. Las actuaciones se remontan a 2004, a antes de que Urdangarin y su exsocio Diego Torres desplegaran su actividad ante las instituciones de Baleares, donde recaudaron 2,3 millones de euros.

Los dos pol¨ªticos valencianos se reunieron con el yerno del Rey para dar amparo institucional y presupuesto a tres ediciones del Valencia Summit, con m¨¢s de un mill¨®n al a?o. Adem¨¢s, otorgaron 300.000 euros a unos Juegos Europeos nunca celebrados. Uno de los datos que el juez baraja como nexo de este caso es la supuesta reuni¨®n que Urdangarin convoc¨® en La Zarzuela, en la ma?ana del 29 de enero de 2004, con el entonces presidente y la alcaldesa, aprovechando que ambos estaban en Madrid para participar en la feria de turismo Fitur. Camps y Urdangarin niegan su presencia en esa cumbre. La alcaldesa ha lanzado este viernes de nuevo evasivas para no concretar: ¡°El juez solo ha pedido que acredite que soy diputada¡±.

El expresidente y la alcaldesa se han desmarcado en todo momento de cualquier responsabilidad directa en el desv¨ªo de fondos, por no haber firmado los convenios con N¨®os ni destinado partidas propias de sus respectivos presupuestos. N¨®os recibi¨® fondos de las sociedades p¨²blicas Cacsa, la Sociedad Gestora para la Imagen Estrat¨¦gica y Promocional de la Comunidad Valenciana y la Fundaci¨®n Turismo Convention Bureau.

El juez asentar¨¢ el posible encausamiento de las dos personalidades en distintas resoluciones del Tribunal de Cuentas. El m¨¢ximo ¨®rgano fiscalizador del Estado considera ilegales los convenios de Administraciones p¨²blicas con particulares que impliquen la concesi¨®n de ayudas ¡°singulares¡± o un ¡°trato privilegiado a determinadas entidades o ciudadanos, por cuanto su propia naturaleza es excepcional el principio de igualdad ante la Ley¡±. Rese?a, adem¨¢s, que la frecuente falta de justificaci¨®n de los gastos por parte de N¨®os ¡°no ofrece garant¨ªas de un correcto empleo de los fondos¡±.

La Generalitat Valenciana se ha personado en el caso N¨®os, tras ofrec¨¦rselo el juez, como parte afectada, para exigir la supuesta responsabilidad civil. Esta personaci¨®n impide formular acusaci¨®n penal, como s¨ª mantienen el Gobierno balear, del PP y, desde hace semanas, el grupo de concejales socialistas, del PSPV del Ayuntamiento de Valencia.