Claves para una ley pol¨¦mica

El Gobierno aprob¨® el proyecto de la Ley de Transparencia hace 10 meses con cambios respecto al anteproyecto original y desde entonces ha sufrido m¨¢s variaciones y hasta ocho enmiendas al texto que tramita este jueves el Congreso. Los ¨²ltimos cambios, en aras de lograr que los grupos parlamentarios que hab¨ªan presentado enmiendas a la totalidad las retiren, han sido anunciados por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, durante este debate. Estas son algunas de las claves de dicha norma:

Independencia del controlador.

Partidos de la oposici¨®n como Izquierda Plural, UPyD y el Grupo Mixto presentaron enmiendas a la totalidad del texto legal, porque no cre¨ªan que la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluaci¨®n de Pol¨ªticas y Calidad de los Servicios, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones P¨²blicas y con una persona elegida por el Gobierno al frente de ella, fuera la ¨²ltima responsable de aplicar las sanciones a los organismos que pudieran incumplir la ley.

Santamar¨ªa ha anunciado este jueves que finalmente el vigilante de la ley sea independiente. Ser¨¢ el denominado Consejo Supervisor Independiente elegido por "mayor¨ªa absoluta". Tambi¨¦n ha asegurado que la nueva ley afectar¨¢ a cualquier entidad que reciba financiaci¨®n p¨²blica, aunque se ignora a partir de qu¨¦ porcentaje. Con este cambio, el Gobierno lima algunas asperezas, pero existen m¨¢s puntos de fricci¨®n con la oposici¨®n que a¨²n est¨¢n por resolver antes de que la ley sea definitivamente aprobada.

Destituci¨®n de alcaldes.

La Ley incluye un cap¨ªtulo que describe los principios ¨¦ticos por los que deben regirse las administraciones, especialmente en materia econ¨®mica, y crea el delito de ocultaci¨®n de facturas o falseamiento de datos contables.

El Gobierno preve¨ªa en este cap¨ªtulo que los alcaldes que no cumplieran con su obligaci¨®n o incurrieran en alguno de estos delitos pudieran ser sancionados o destituidos por el Ministerio de Hacienda. CiU y PNV hab¨ªan presentado enmiendas a la totalidad del texto preocupados por la invasi¨®n de competencias locales y auton¨®micas. Ambos han decidido finalmente retirarlas despu¨¦s de que el Gobierno haya decidido retocar tal extremo. "No queremos que se vea esa exigencia de responsabilidad individual como un motivo de injerencia de unas administraciones en el personal de otras", ha dicho Santamar¨ªa. A continuaci¨®n ha a?adido que la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya ha "impuesto" nuevas obligaciones a las administraciones, pero los ciudadanos "demandan tambi¨¦n una responsabilidad a nivel individual".

Acceso de los ciudadanos a la informaci¨®n.

Es uno de los pilares de la ley. Contempla que cualquier ciudadano podr¨¢ solicitar toda la informaci¨®n ¡°que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones p¨²blicas, siempre y cuando no afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad p¨²blica o la prevenci¨®n, investigaci¨®n y sanci¨®n de los il¨ªcitos penales, administrativos o disciplinarios¡±. La norma exclu¨ªa algunos casos, como cuando peligre la igualdad de las partes en procesos judiciales, el secreto profesional o la propiedad intelectual e industrial, algo que suscita desconfiazna. "Solo deber¨ªa denegarse la informaci¨®n que afecte a la seguridad nacional y a la intimidad de las personas", ha se?alado este jueves la portavoz socialista Meritxell Batet. La Casa del Rey, tambi¨¦n se quedaba fuera, pero este punto se fue modificado.

Casa del Rey.

La inclusi¨®n de la Corona es uno de los aspectos clave. El anteproyecto de la ley ni siquiera la inclu¨ªa, y la Casa del Rey nunca hizo sus cuentas p¨²blicas hasta el pasado 28 de diciembre de 2011, cuando las desvel¨® a ra¨ªz del esc¨¢ndalo del caso Urdangar¨ªn. La Casa del Rey anunci¨® el pasado 4 de abril que llevaba dos meses negociando con el Gobierno su inclusi¨®n en la ley pese a que este se hab¨ªa opuesto cuando lo pidi¨® la oposici¨®n. El siguiente problema fue la intenci¨®n de que estuviera bajo un r¨¦gimen especial, algo que rechazan la mayor¨ªa de grupos parlamentarios.

Una vez aprobada la ley, se detallar¨¢n gastos que hasta ahora no eran p¨²blicos, como el coste de los viajes, la Guardia Real, veh¨ªculos oficiales o el mantenimiento de los palacios. "La Casa del Rey tendr¨¢ la misma vigilancia que el Congreso, el Senado y el Tribunal de Cuentas", ha se?alado este jueves S¨¢enz de Santamar¨ªa. No se le exigir¨¢ que explique al detalle en qu¨¦ gasta el Rey su retribuci¨®n pero se le equiparar¨¢ con las revisiones a las que son sometidas el Congreso, Senado y el Tribunal de Cuentas.

Inclusi¨®n de la Iglesia.

Es otro de los escollos a superar y un asunto por el que la mayor¨ªa de los grupos que han presentado enmiendas han preguntado en el debate de las enmiendas a la totalidad. La Iglesia ser¨¢ incluida en la ley, pero la revelaci¨®n de sus cuentas no ser¨¢ total, sino que previsiblemente estar¨¢ sometida a un r¨¦gimen especial. "La ley est¨¢ pensada para las Administraciones, con arreglo a normas de derecho administrativo, y aplicar criterios de transparencia a otras entidades requerir¨¢ estudiarlo y definirlo muy bien porque son instituciones que est¨¢n sometidas a derecho civil", justificaba en abril la vicepresidenta.

La iglesia s¨ª tendr¨¢ que dar cuenta de los fondos que reciba del Estado, aunque son dif¨ªciles de precisar porque est¨¢n dispersos en varias partidas. Los grupos piden que la instituci¨®n religiosa, por ser un organismo privado sostenido con dinero p¨²blico, se someta al mismo r¨¦gimen que las administraciones.

Actividad de las administraciones y los partidos pol¨ªticos.

La Administraci¨®n tendr¨¢ que publicar informaci¨®n relativa a toda su actividad, sus directrices, su reglamentos, contratos de adjudicaci¨®n, convenios, subvenciones que reciban, sus presupuestos y sus retribuciones. Los partidos pol¨ªticos tampoco estaban obligados, en principio, a hacer p¨²blicas sus cuentas, dado que no eran consideradas Administraciones p¨²blicas. El pasado febrero, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunci¨® que el PP rectificaba esta intenci¨®n, acosado por los ¨²ltimos esc¨¢ndalos de corrupci¨®n, especialmente por el caso B¨¢rcenas. Tambi¨¦n se aplicar¨¢ a otras instituciones como el Banco de Espa?a. Partidos pol¨ªticos, sindicatos patronales no tendr¨¢n que dar explicaciones de sus reuniones pero s¨ª de sus cuentas si reciben dinero p¨²blico.