El Consejo de Estado advierte que la reforma local puede ser inconstitucional

El informe del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de ley de la administraci¨®n local es demoledor. Ataca las principales l¨ªneas de flotaci¨®n del texto aprobado por el Gobierno y advierte de que su constitucionalidad est¨¢ en entredicho. En especial, plantea dos grandes problemas: la regulaci¨®n del llamado "coste est¨¢ndar", un concepto que seg¨²n el Consejo de Estado, el Ejecutivo no ha desarrollado bien en el anteproyecto y, sobre todo, el principio de "autonom¨ªa local" y la reducci¨®n de competencias de los Ayuntamientos.

El informe del organismo, que no es vinculante, asegura que "la garant¨ªa institucional de autonom¨ªa consagrada en el art¨ªculo 140 de la Constituci¨®n puede verse cuestionada como consecuencia del eventual vaciamiento competencial de los municipios y porque sus competencias pasen a una entidad de representaci¨®n indirecta como es la Diputaci¨®n Provincial". El dictamen fue aprobado por unanimidad en la comisi¨®n permanente del pasado 26 de junio presidida por Jos¨¦ Manuel Romay Beccar¨ªa.

Entre otras cuestiones se?ala el hecho de que se vaya a debilitar la autonom¨ªa municipal en favor de otras entidades como las Diputaciones, un hecho que califica negativamente porque, recuerda, "son entidades locales de representaci¨®n indirecta". A?ade que las competencias de las Diputaciones son m¨¢s bien "funcionales", porque asisten a los municipios, y no "materiales", como son las competencias de los Ayuntamientos, que gestionan "intereses y asuntos que afectan al conjunto de la poblaci¨®n", por lo que no encajar¨ªan en el nuevo papel que les da el Gobierno.

Tambi¨¦n es demoledor el dictamen cuando aborda el art¨ªculo que determina el r¨¦gimen aplicable a las mancomunidades. "Todos los Estatutos de Autonom¨ªa atribuyen a las Comunidades Aut¨®nomas la competencia en crear este tipo de demarcaciones. [...] la regulaci¨®n de los requisitos relativos a la creaci¨®n y extinci¨®n de esas entidades escapa al ¨¢mbito en que debe desenvolverse la legislaci¨®n b¨¢sica del Estado", recuerda, para advertir que una intromisi¨®n en las competencias de las autonom¨ªas como la que plantea el anteproyecto de ley "no es admisible desde el punto de vista del esquema constitucional".

En su an¨¢lisis de las Diputaciones y del enorme peso que tendr¨¢n si la reforma se aprueba tal y como quiere el Gobierno, el Consejo de Estado tambi¨¦n pone muchas l¨ªneas rojas. Critica que en ning¨²n momento el anteproyecto de ley recoge qu¨¦ ocurrir¨¢ si una Diputaci¨®n se niega a asumir las competencias de un Ayuntamiento. Tambi¨¦n censura que no se cuestione la "realidad econ¨®mico-presupuestaria de las diputaciones", antes de que asuman competencias y que tampoco haya una previsi¨®n de qu¨¦ ocurrir¨¢ si no cumplen con el llamado "coste est¨¢ndar".

Otra de las l¨ªneas de flotaci¨®n del anteproyecto de ley defendido a capa y espada por el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro es el llamado "coste est¨¢ndar", un baremo que marcar¨¢ el techo del coste al que un Ayuntamiento podr¨¢ prestar un determinado servicio. "Lo ¨²nico que el anteproyecto establece en relaci¨®n con su determinaci¨®n es que corresponde al Gobierno fijarlo [...] La remisi¨®n que en este punto realiza la norma legal a la norma reglamentaria es tan amplia y carente de par¨¢metros legales que pr¨¢cticamente puede considerarse como una habilitaci¨®n en blanco al Gobierno". El Consejo de Estado cree que ese cheque en blanco al Ejecutivo para determinar el coste de los servicios no est¨¢ bien dise?ado. "El anteproyecto deber¨ªa orientar debidamente el ejercicio de esta potestad mediante una regulaci¨®n suficiente del coste est¨¢ndar, precisando algunos extremos relevantes [...] y del modo en que ha de operar en la pr¨¢ctica". Abundando en lo anterior, la recomendaci¨®n del Consejo de Estado es que el Gobierno vuelva a revisar ese concepto y establezca si ser¨¢ ¨²nico para todos los servicios y c¨®mo se calcular¨¢. La Federaci¨®n de Municipios y Provincias exigi¨® en repetidas ocasiones m¨¢s claridad sobre este punto sin que el Gobierno haya movido ficha.

Con este dictamen el Gobierno tiene ahora dos caminos abiertos: o revista el contenido de los principios fundamentales del anteproyecto de reforma local, algo que retrasar¨ªa su aprobaci¨®n; o se arriesga a iniciar el tr¨¢mite parlamentario, algo complicado teniendo en cuenta que el Partido Socialista lo recurrir¨¢ al 100% ante el Constitucional.

El PSOE, que inici¨® contactos para intentar negociar la reforma, rompi¨® relaciones con el Gobierno hace meses y ha sido muy beligerante con el anteproyecto. Gaspar Zarr¨ªas, el responsable de pol¨ªtica municipal, lleg¨® a advertir que sacar¨ªa a la calle a todos los alcaldes contra el intento de "privatizaci¨®n de servicios", en favor de las Diputaciones.?

El proyecto ha sufrido todo tipo de obst¨¢culos. Se basa en un informe del Instituto de Estudios Fiscales que contradice las cifras de ahorro que ha dado el propio Gobierno. Ni siquiera los alcaldes del Partido Popular est¨¢n de acuerdo con la reforma, lo que ha llevado al Ministerio a hacer verdaderos equilibrios para contentar a los regidores presentes en la FEMP. Incluso el propio ministerio ha dado cifras dispares del ahorro que supuestamente conllevar¨¢ la aplicaci¨®n de la ley. Primero lo cifr¨® en 7.129 millones y poco despu¨¦s en 8.000 millones.