El juez investiga si el PP cometi¨® delitos fiscales por los sobresueldos de B¨¢rcenas

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz comienza a delimitar el impacto penal de los papeles de B¨¢rcenas, la contabilidad secreta del extesorero del PP. El magistrado ha solicitado este viernes a los peritos de la Agencia Tributaria que elaboren un informe sobre la posible ¡°trascendencia jur¨ªdico penal¡± de los apuntes contables del tesorero, tanto en lo que afecta al PP como entidad que supuestamente recibi¨® los fondos opacos, como en lo que ata?e a las ¡°personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas¡± entre los que se reparti¨® el dinero de la caja b. Entre estos supuestos perceptores figuran figuran diversos miembros de la c¨²pula de la formaci¨®n conservadora.

La contabilidad manuscrita de B¨¢rcenas abarca de 1990 a 2008. Sin embargo, para la imputaci¨®n de un posible delito contra la Hacienda P¨²blica, el juez considera prescritos los ejercicios anteriores a 2007. Sobre esta base, Ruz reclama a los peritos que estimen las cuotas tributarias del Impuesto de Sociedades y del Impuesto de la Renta de las Personas F¨ªsicas (IRPF) que deber¨ªa haber pagado el PP si se demuestra que las cuentas opacas de B¨¢rcenas son reales. En los ejercicios 2007 y 2008, la formaci¨®n conservadora ingres¨® supuestamente 1,64 millones de euros opacos.

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Respecto a las posibles ¡°obligaciones fiscales¡± que corresponder¨ªan a las personas ¡°supuestamente receptoras de rentas procedentes de la denominada caja B¡±, Ruz pide a la Agencia Tributaria que se fije ¡°especialmente¡± en Gonzalo Urquijo. Este presunto perceptor de fondos opacos de B¨¢rcenas es un arquitecto interiorista que modific¨® la sede central del PP en la calle G¨¦nova 13 de Madrid. En la contabilidad figuran tres pagos que suman 637.000 euros. De ellos, dos ¡ªpor un total de 453.000 euros¡ª corresponden al ejercicio 2008. Fuentes jur¨ªdicas indican que aunque el juez ha pedido gen¨¦ricamente informaci¨®n sobre las personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas, Urquijo es el ¨²nico supuesto perceptor de la lista cuyos cobros superar¨ªan inicialmente los 120.000 euros de cuota defraudada en los que se fija el l¨ªmite del delito fiscal.

En la misma providencia ¡ªresoluci¨®n judicial para la ordenaci¨®n material del proceso¡ª Ruz no solo se ocupa de los posibles delitos fiscales. Tambi¨¦n solicita a otros peritos que le auxilian en su juzgado, en este caso de la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE), un informe sobre posibles v¨ªnculos de los pagos de distintos constructores a la caja b del PP ¡°con adjudicaciones y contratos de los que hayan resultado beneficiarios¡± sus empresas. Con esta petici¨®n, el magistrado trata de determinar la posible existencia de un posible delito de cohecho derivado de los papeles de B¨¢rcenas.