El desplome de la pol¨ªtica

No es algo que est¨¦ ocurriendo solo en Espa?a. Tambi¨¦n en otros pa¨ªses afectados por la crisis econ¨®mica y s¨®lidamente democr¨¢ticos se registra un profundo desplome de la confianza ciudadana en las instituciones pol¨ªticas. As¨ª, ahora, en Francia y en EE UU apenas un tercio de la ciudadan¨ªa aprueba la gesti¨®n del presidente de la Rep¨²blica. En Italia, el 70% que hace apenas dos a?os evaluaba positivamente al presidente Napolitano ha menguado hasta el 45%. En este contexto, el rey Juan Carlos, pese al profundo desgaste experimentado por su imagen p¨²blica entre nuestra ciudadan¨ªa a lo largo de este ¨²ltimo a?o, aparece con todo como el Jefe de Estado mejor librado, pues retiene un apoyo ciudadano que alcanza el 50%. En cuanto a los gobiernos, solo merecen la aprobaci¨®n de una muy reducida fracci¨®n de la poblaci¨®n: el 16% en Italia, el 21% en Francia, el 26% en Espa?a. Y lo mismo ocurre con los respectivos parlamentos, siendo destacable el particularmente grave hundimiento del cr¨¦dito p¨²blico del italiano y, sobre todo, del estadounidense (cuyo 10% actual de aprobaci¨®n representa un m¨ªnimo hist¨®rico). Por ¨²ltimo, Espa?a, Francia e Italia pr¨¢cticamente empatan en cuanto al masivo grado de desafecci¨®n ciudadana respecto de los partidos pol¨ªticos.

El grave descr¨¦dito de la vida p¨²blica en estos cuatro pa¨ªses contrasta fuertemente con la alta estima en todos ellos por las pymes, la escuela p¨²blica, la polic¨ªa, el sistema p¨²blico de salud o las fuerzas armadas. Solamente los bancos (y especialmente en Espa?a) obtienen porcentajes de aprobaci¨®n tan m¨ªnimos como los de las instituciones pol¨ªticas, probablemente porque para el ciudadano medio se aparecen como cooperadores necesarios, o incluso como causantes ¨²ltimos, del actual desastre econ¨®mico.

Los partidos tienden a tapar a los potencialmente corruptos

La idea ampliamente extendida en buena parte de Europa (en Espa?a la expresan tres de cada cuatro ciudadanos) es que en estos a?os se ha producido, de hecho, un golpe de estado, subrepticio y consentido: ahora son los mercados quienes realmente detentan todo el poder, por encima de soberan¨ªas nacionales o voluntades populares. Con un diagn¨®stico de situaci¨®n tal, no puede extra?ar este generalizado y profundo desplome de la confianza en las instituciones pol¨ªticas. Desplome que, por cierto, no es en Espa?a precisamente donde se da en mayor medida, contra lo que se suele pensar aqu¨ª. Si los espa?oles viven este desplome con un claro plus de desasosiego es, sin duda, porque se les presenta asociado a un problema adicional que pesa especialmente sobre su moral c¨ªvica: la cada vez m¨¢s gravosa evidencia de una corrupci¨®n pol¨ªtica que es ¡°relevante, general y recurrente¡±, en palabras del C¨ªrculo C¨ªvico de Opini¨®n.

Sin duda, y en proporci¨®n de dos a uno (67% frente a 32%), los espa?oles reconocen que, en realidad, en nuestro pa¨ªs los pol¨ªticos corruptos son una minor¨ªa. Pero, eso s¨ª, una minor¨ªa que, por la confluencia de tres factores que se refuerzan mutuamente, resulta particularmente da?ina para esta ya doliente democracia.

Un 89% de los espa?oles quiere agilizar la justicia para los casos graves

En primer lugar, y como afirma el 95% de la ciudadan¨ªa, los partidos, por una malentendida solidaridad, tienden a tapar y proteger a aquellos de sus militantes probada o potencialmente corruptos en vez de investigarles, denunciarles y expulsarles. En segundo lugar, la lentitud con que la Justicia se ve forzada a actuar en este tipo de casos (como se?ala el 92%) por su escasez de recursos ¡ªmateriales y humanos¡ª y por las peculiaridades del actual sistema procesal que permite a los imputados marear impunemente, y por tiempo indefinido, al juez que les investiga. Y, en tercer lugar, porque el sistema electoral vigente admite que los imputados puedan figurar en las listas electorales (?hasta algo m¨¢s de cien lo hicieron en las ¨²ltimas elecciones municipales y auton¨®micas!).

?Posibles remedios? Para un 85% de los espa?oles, poder tachar nombres de las listas; para un 79%, elecciones primarias para la selecci¨®n de l¨ªderes; para un 83%, limitaci¨®n temporal del mandato de los dirigentes de los partidos; y para un 89%, creaci¨®n de una jurisdicci¨®n especial, ¨¢gil y bien equipada, para casos de especial gravedad econ¨®mica o pol¨ªtica. Medidas quiz¨¢ complejas pero no imposibles, y que parecen ya insoslayables para la regeneraci¨®n de esta democracia.