PP y PSOE aparcan diferencias para negociar un nuevo Poder Judicial

PP y PSOE se dieron el pasado mi¨¦rcoles un plazo de 15 d¨ªas para negociar la composici¨®n del nuevo Consejo del Poder Judicial (el ¨®rgano de gobierno del tercer poder del Estado). Tras la ruptura de relaciones con el Gobierno por el caso B¨¢rcenas, el PSOE parece dispuesto a dar una tregua en este asunto y negociar, pero siempre y cuando el PP no act¨²e como apisonadora y acceda a constituir un ¡°Poder Judicial plural¡±. El mecanismo de elecci¨®n del pr¨®ximo Consejo es distinto a los anteriores.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, ha modificado la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial con la intenci¨®n de restar protagonismo a las asociaciones judiciales en la formaci¨®n del Consejo y abrir la puerta a los jueces no asociados, los eternamente ninguneados por los grandes partidos. La nueva norma ha permitido que, en esta ocasi¨®n, haya un total de 55 candidatos a 12 puestos de vocales y que un 32% de ellos no pertenezcan a ninguna asociaci¨®n. No obstante, la nueva normativa no garantiza per se la pluralidad, seg¨²n fuentes judiciales. Al final siguen siendo los dos grandes partidos, PP y PSOE, que suman los tres quintos de cada c¨¢mara necesarios para sacar adelante los nombramientos, los que tienen la posibilidad de pactar y unir sus votos para elegir a los nuevos vocales (a los que ellos quieran de entre los 55 candidatos, en los que hay jueces de las distintas sensibilidades).

Y est¨¢ por ver si el nuevo Consejo ser¨¢ plural o si los grandes partidos se inclinar¨¢n, como siempre han hecho, por los asociados a la conservadora APM o la progresista JpD. Los jueces no asociados suman m¨¢s de la mitad de los alrededor de 5.234 profesionales que hay en Espa?a. Durante el mandato del nuevo Consejo se van a sustanciar y juzgar en los tribunales graves casos de corrupci¨®n que afectan al PP (casos G¨¹rtel y B¨¢rcenas) y al PSOE (el de los ERE de Andaluc¨ªa).

Para elegir a los vocales (el Congreso tiene que nombrar a 10, seis judiciales y cuatro juristas de reconocido prestigio, y el Senado lo mismo), es necesario el voto de los tres quintos de cada c¨¢mara, lo que obliga a PP y PSOE a pactar. Al menos, ahora, en el Congreso, pero no en el Senado, donde el PP s¨ª aglutina ahora esa proporci¨®n de votos. A diferencia de la anterior normativa, en el que las asociaciones judiciales eran las que ten¨ªan la mayor fuerza para proponer a los candidatos, la nueva ley permite que cualquier juez que logre reunir 25 avales, est¨¦ o no asociado, pueda ser candidato. Pero ahora, como antes, tienen que pasar por la criba de los grandes partidos.

En los ¨²ltimos Consejos, ha habido expl¨ªcitos repartos de vocales entre PP y PSOE, que los extra¨ªan de las listas que ofrec¨ªan sus asociaciones afines. Sol¨ªan dejar a los nacionalistas, CiU y PNV, que eligiesen un vocal cada uno. Pero los no asociados quedaban marginados porque las asociaciones judiciales presentaban a los suyos.

Tres de las cuatro asociaciones judiciales (Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) se han opuesto, incluso con huelgas, a la nueva ley y tambi¨¦n se han negado a ofrecer candidatos. Solo la mayoritaria y conservadora APM ha se?alado a 12 jueces como candidatos, lo que les ha eximido de tener que buscar avales. Las otras asociaciones no han se?alado a ning¨²n candidato, aunque ello no ha evitado que algunos de sus asociados concurran con sus avales.

Las asociaciones que rechazan la nueva normativa entienden que el cambio legal acometido por el PP es inconstitucional. Quieren que el alto tribunal se pronuncie sobre la validez de esta norma, pero solo el PSOE, que dispone de m¨¢s de 50 diputados, puede presentar un recurso en ese sentido. Los socialistas han amagado con hacerlo aunque ¡°la decisi¨®n no est¨¢ tomada a¨²n¡±, explica el portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Julio Villarrubia. Quienes apuestan por recurrir esta ley ante el Constitucional, alegan que no cabe negociar nada con el PP dada la actual ruptura de relaciones entre el PSOE y el Gobierno de Rajoy por la ausencia de explicaciones en el caso B¨¢rcenas. Sin embargo, hay un sector del PSOE, en el que se incluye la c¨²pula del partido, que s¨ª es partidario de negociar la renovaci¨®n ante el miedo de que el PP active el as que tiene en el Senado y designe un Poder Judicial monocolor.

El PP introdujo una norma, hecha a su medida a sabiendas de que dispone de los tres quintos en el Senado, que le faculta para nombrar a los diez vocales que corresponde elegir a esta c¨¢mara si expira el plazo de renovaci¨®n del Consejo y los partidos no se han puesto de acuerdo para renovarlo.

La ley establece que los otros diez vocales deben salir del Congreso. En la C¨¢mara baja el PP si necesita al PSOE para obtener la mayor¨ªa necesaria. Si no hay acuerdo, el PP podr¨ªa cubrir los diez vocales del Senado a su gusto y los del Congreso se cubrir¨ªan prorrogando en sus cargos a los diez vocales del actual Consejo nombrados hace cinco a?os. Pero tanto en el PP como en el PSOE no quieren prorrogar el mandato del actual Consejo, y menos aun que sigan en este ¨®rgano algunos de sus actuales integrantes. El PP se conformar¨ªa, seg¨²n fuentes de este partido, con nombrar al menos diez vocales en este nuevo Consejo, dando por hecho que tambi¨¦n ser¨¢ de su cuerda el presidente (que lo eligen los 20 vocales), con lo que tendr¨ªa once consejeros (mayor¨ªa absoluta). Esta mayor¨ªa le permitir¨ªa nombrar a los altos cargos de la justicia de los pr¨®ximos cinco a?os y decidir las grandes cuestiones que llegan al Consejo (otra de sus labores es emitir informes, no vinculantes, sobre nuevas leyes).

El portavoz socialista Villarrubia avanza que si el PP activa la cl¨¢usula del Senado ¡°ser¨ªa un esc¨¢ndalo¡± y ¡°una ocupaci¨®n pol¨ªtica de la derecha del tercer poder del Estado¡±. Por eso el PSOE entiende que esa cl¨¢usula es inconstitucional. El PP tambi¨¦n es consciente del enorme desgaste que le supondr¨ªa activar la cl¨¢usula del Senado y copar el Consejo con hombres de su cuerda. Y tambi¨¦n busca cierto pluralismo: no tendr¨ªa inconveniente en que CiU y PNV nombren cada uno a un vocal y que el PSOE designe a ocho y negocie alguno de ellos con IU. Ahora, las miradas est¨¢n puestas en ver si servir¨¢ de algo el cambio normativo que ha abierto la puerta a los jueces no asociados, o si estamos ante una reedici¨®n del gatopardismo.