La polic¨ªa espera la orden para detener a los torturadores que reclama Argentina
Uno de los cuatro reclamados por la juez bonaerense, Celso Galv¨¢n, falleci¨® en 2009
La polic¨ªa espa?ola espera la orden de Interpol para detener a los tres supuestos torturadores reclamados por la justicia argentina en la causa abierta en Buenos Aires por los cr¨ªmenes del franquismo. Una vez llegue, seg¨²n explica un portavoz del Ministerio del Interior, la polic¨ªa est¨¢ obligada a arrestar a los tres imputados: el exguardia civil Jes¨²s Mu?ecas Aguilar, de 74 a?os; el excomisario Jos¨¦ Ignacio Giralte Gonz¨¢lez, de 71, y el exinspector Jos¨¦ Antonio Gonz¨¢lez Pacheco, Billy El Ni?o, de 67. El cuarto imputado a quien tambi¨¦n se ped¨ªa detener, Celso Galv¨¢n, falleci¨® en 2009.
El procedimiento ha de ser id¨¦ntico al caso reciente del pederasta espa?ol Daniel Galv¨¢n, indultado por error. Marruecos pidi¨® su detenci¨®n a trav¨¦s de Interpol y una vez lleg¨® la orden a Espa?a, fue arrestado.
Una vez detenidos, los tres excargos franquistas pasar¨ªan a disposici¨®n de la Audiencia Nacional, que deber¨ªa decidir sobre su extradici¨®n a Argentina, como reclama la juez Mar¨ªa Servini de Cubr¨ªa desde Buenos Aires para interrogarlos. El Consejo de Ministros aprobar¨ªa o no la extradici¨®n.
Hasta la fecha, el Gobierno no ha colaborado con la juez argentina. De hecho, intent¨® frenar la apertura de la causa en Buenos Aires alegando en 2011, en respuesta a un exhorto del equivalente a la Audiencia Nacional argentina, que esos cr¨ªmenes ya estaban siendo investigados en Espa?a, cuando, en realidad, el juez Baltasar Garz¨®n hab¨ªa sido suspendido precisamente por intentar hacerlo. Finalmente, en 2012, el Tribunal Supremo cerr¨® definitivamente la v¨ªa a la investigaci¨®n penal de dichos cr¨ªmenes. As¨ª se lo explic¨® el propio Garz¨®n a Servini de Cubr¨ªa cuando esta le tom¨® declaraci¨®n el pasado 27 de mayo en Buenos Aires.
De momento, la juez argentina ya ha tenido un encontronazo con el Gobierno espa?ol, que el pasado mayo impidi¨® que tomase declaraci¨®n por videoconferencia a v¨ªctimas del franquismo. Con todo ya preparado, en el Consulado argentino en Madrid y en el despacho de la magistrada en Buenos Aires, Servini de Cubr¨ªa cancel¨® las videoconferencias. Seg¨²n explic¨®, el embajador argentino en Espa?a la hab¨ªa telefoneado para transmitirle el malestar del Gobierno espa?ol. El director de asuntos consulares espa?ol hab¨ªa enviado al diplom¨¢tico una nota verbal en la que indicaba que no cumpl¨ªa el tratado bilateral de extradici¨®n y asistencia judicial en materia penal, de 1987.
Ahora, la juez da un paso m¨¢s, id¨¦ntico al que el juez Garz¨®n dio en octubre de 1998 cuando firm¨® la orden de detenci¨®n del general chileno Augusto Pinochet. La orden se ejecut¨® unas horas m¨¢s tarde en Londres. Aunque finalmente el dictador no fue extraditado a Espa?a; regres¨® a Chile y muri¨® en 2006, sin haber sido juzgado.
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