Carlos Fabra se sienta en el banquillo tras casi 10 a?os de investigaci¨®n

Los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Castell¨®n que, en mayo de 2012, intentaron anular la acusaci¨®n de cohecho del caso Fabra son los mismos que, a partir de este mi¨¦rcoles, juzgar¨¢n al expresidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n y del PP provincial, uno de los pesos pesados hist¨®ricos de los populares valencianos, Carlos Fabra. Ni la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, ni la Abogac¨ªa del Estado ni la acusaci¨®n popular los han recusado. Y ellos no se han abstenido.

Esa es, de momento, la ¨²ltima anomal¨ªa del accidentado proceso que se abri¨® contra Fabra en diciembre de 2003, hace casi 10 a?os. Finalmente, el dirigente popular se sienta en el banquillo como presunto autor de un delito continuado de tr¨¢fico de influencias, otro de cohecho y cuatro fraudes fiscales. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pide una pena de 13 a?os de c¨¢rcel, una multa de 1,9 millones de euros de multa y el pago de una indemnizaci¨®n de otros 692.000 euros, cantidad que coincide con la que defraud¨® a Hacienda entre 1999 y 2003 por unos ingresos injustificados de cerca de dos millones de euros que, adem¨¢s, no declar¨®.

Por el caso han pasado nueve jueces y cuatro fiscales. Han cambiado algunos de los abogados y tambi¨¦n el n¨²mero de imputados y delitos. Incluso ha variado el tipo de procedimiento, que empez¨® siendo el de tribunal con jurado.

Mientras, Carlos Fabra permaneci¨® en el poder, sigui¨® gestionando dinero p¨²blico desde la Diputaci¨®n, dictando, con mando en el PP provincial, las directrices del partido que gobernaba la mayor¨ªa de los municipios de Castell¨®n, en el Ayuntamiento de la capital y en la comunidad aut¨®noma. Con el respaldo y el consentimiento de todos sus superiores org¨¢nicos y del partido, sin que nadie exigiera, nunca, una explicaci¨®n a las acusaciones y la investigaci¨®n judicial. Incluso, trat¨® de secuestrar las ediciones de los medios de comunicaci¨®n que informaban del caso.

La primera titular del juzgado fue Isabel Belinch¨®n, que orden¨®, de oficio, la apertura de la investigaci¨®n a Fabra. Poco despu¨¦s dej¨® su destino al ser ascendida a magistrada y trasladada a Teruel. Fue reemplazada por una juez sustituta. La tercera juez que se hizo cargo del sumario tambi¨¦n fue ascendida y trasladada. La vacante fue cubierta por una sustituta hasta que lleg¨® la quinta juez, que apenas permaneci¨® unos meses en el juzgado n¨²mero 1 de Nules, donde se instru¨ªa el caso, del que pidi¨® un traslado por motivos personales. Despu¨¦s de otro sustituto, la s¨¦ptima fue la que m¨¢s tiempo permaneci¨® en el juzgado, tres a?os, hasta que en 2008 pidi¨® el traslado al juzgado de al lado, en la misma localidad. La plaza qued¨® desierta por falta de peticionarios y llego la octava, otra juez sustituta que permaneci¨® algo m¨¢s de un a?o.

Jacobo Pin, el actual titular del juzgado de Nules, fue el que acab¨® la instrucci¨®n y dict¨® la apertura de juicio oral, no sin sufrir por ello. Tanto que en junio de 2012 pidi¨® amparo al Consejo General del Poder Judicial. ¡°Soy consciente de que puede parecer inusual que un miembro del Poder Judicial acuda en amparo ante el Consejo contra un ¨®rgano judicial superior, pero es evidente que la presente perturbaci¨®n de mi independencia, que debe velar mi actuar, no es una mera cuesti¨®n jurisdiccional¡±, denunci¨® el juez se?alando a la secci¨®n Primera de la Audiencia Provincial como origen de las presiones. La secci¨®n y los magistrados que ahora han de juzgar y sentenciar a Fabra. ¡°Est¨¢ tratando de imponer indirectamente el sobreseimiento del presunto delito del cohecho¡±, afirm¨®. Esa secci¨®n primera, un mes antes, hab¨ªa decidido que Fabra no ten¨ªa que ser juzgado por cohecho, una acusaci¨®n que nunca se levant¨®. La cuesti¨®n lleg¨® hasta el Tribunal Supremo que orden¨® seguir las instrucciones de Pin, al que se dio ¡°total libertad¡±, como juez instructor, para se?alar los delitos por los que Carlos Fabra deb¨ªa sentarse en el banquillo.

¡°?Usted arriesgar¨ªa su carrera pol¨ªtica y profesional por la cuesti¨®n de tr¨¢fico de influencias, m¨¢xime estando tan pr¨®ximas las elecciones generales y por un precio tan irrisorio como se ha cifrado aqu¨ª?¡±, fue una de las preguntas que el primer fiscal del caso, Javier Arias, hizo a Carlos Fabra. Tras la victoria del PSOE en las elecciones de 2004, Anticorrupci¨®n se hizo cargo de la acusaci¨®n p¨²blica, aunque dos de sus fiscales tambi¨¦n dejaron el procedimiento para pasar al ¨¢mbito privado.

Tampoco la Abogac¨ªa del Estado ha estado exenta de pol¨¦mica. Despu¨¦s de que la Agencia Tributaria presentara la primera denuncia por fraude fiscal, por el ejercicio de 1999, la representaci¨®n del Estado se person¨® en la causa para reclamar la devoluci¨®n de las cuotas supuestamente defraudadas y las posibles multas. En 2010, la controvertida Audiencia Provincial decidi¨® que cuatro de los cinco delitos fiscales que se le imputaba al dirigente del PP estaban prescritos. Tanto Anticorrupci¨®n como la acusaci¨®n popular recurrieron el archivo de esos delitos pero a la Abogac¨ªa del Estado se le pas¨® el plazo y, finalmente, tuvo que acogerse a la petici¨®n de revisi¨®n que hizo la fiscal¨ªa. Tuvo que ser el Tribunal Supremo el que determinara que los delitos no hab¨ªan prescrito, ya que se encontraban en investigaci¨®n.

Carlos Fabra no ha sido el ¨²nico investigado en el proceso. En 2006, la justicia decidi¨® que las pesquisas se extendieran a su familia, ante la posibilidad de que los mecanismos delictivos se hubieran extendido. Hoy solo su exesposa, Mar¨ªa Amparo Fern¨¢ndez, se sentar¨¢ tambi¨¦n en el banquillo de los acusados tras las conclusiones de un vasto informe pericial que determin¨® que el dirigente del PP y su familia cuadruplicaron su patrimonio en cinco a?os y que la se?al¨® como autora de otros tres delitos fiscales por un fraude de 400.000 euros derivados de ingresos no justificados por valor de 1,4 millones de euros.

¡°Nunca he sacado provecho personal de mi condici¨®n de presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n o de presidente del Partido Popular en la provincia. Mi actividad p¨²blica nunca me ha reportado ning¨²n beneficio o ingreso distinto de la retribuci¨®n oficial¡±, ha sido todo este tiempo la defensa tras la que se parapet¨® Fabra.