Espa?a se resiste a juzgar el franquismo

Espa?a se resiste a juzgar el franquismo y tambi¨¦n a que se lo juzguen otros. De momento, el Estado est¨¢ reaccionando como Argentina o Chile hace 17 o 15 a?os, cuando era un juez espa?ol, Baltasar Garz¨®n, quien reclamaba la detenci¨®n de dictadores, militares o polic¨ªas de ambos pa¨ªses en aplicaci¨®n del principio de justicia universal. El Gobierno minti¨® para que no avanzara la causa abierta por una juez desde Buenos Aires, asegur¨¢ndole por escrito que hab¨ªa ¡°numerosos procedimientos judiciales abiertos¡± en Espa?a por los cr¨ªmenes del franquismo. Despu¨¦s, vet¨® la toma de declaraci¨®n por videoconferencia de las v¨ªctimas. Y ahora, tras las primeras imputaciones, contra cuatro torturadores de la dictadura ¡ªdos han muerto¡ª, el Gobierno, jueces y fiscales la esquivan e invocan los argumentos que antes esgrimieron otros pa¨ªses: la ley de Amnist¨ªa de 1977.

Normalmente, las ¨®rdenes de Interpol se ejecutan en horas ¡ªas¨ª ocurri¨® recientemente, por ejemplo, con el pederasta indultado por error por el rey de Marruecos, Daniel Galv¨¢n¡ª, pero en este caso, 18 d¨ªas despu¨¦s del auto por el que la juez argentina Mar¨ªa Servini de Cubr¨ªa los reclamaba para interrogarlos, siguen sin ser arrestados. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz comunic¨® a trav¨¦s de Interpol que dos de los reclamados hab¨ªan fallecido y espera para citar a los dos que a¨²n viven (el exguardia civil Jes¨²s Mu?ecas y el exinspector Jos¨¦ Antonio Gonz¨¢lez Pacheco, Billy el Ni?o) a que las autoridades argentinas remitan a las espa?olas la documentaci¨®n de extradici¨®n cumplimentada. Ruz, al igual que la fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, no considera necesario detenerlos cautelarmente ya que est¨¢n localizados por las fuerzas de seguridad, informa Fernando J. P¨¦rez. La fiscal¨ªa espa?ola, que no comprob¨® siquiera si los cuatro reclamados segu¨ªan vivos, mantiene que pueden estar amparados por la ley de Amnist¨ªa de 1977, lo que impedir¨ªa su entrega.

Dos enviados de la ONU a Espa?a, un argentino y una bosnia, del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas, acaban de pedir al Gobierno que deje sin efecto la ley para juzgar aqu¨ª la desaparici¨®n de m¨¢s de 114.000 espa?oles y 30.000 ni?os robados durante la Guerra Civil y la dictadura.

El grupo pide, adem¨¢s, que Espa?a ratifique la Convenci¨®n sobre imprescriptibilidad de los cr¨ªmenes de guerra y de lesa humanidad. Desde el Ministerio de Justicia prometen ¡°estudiar con detenimiento¡± sus peticiones. Pero todas las iniciativas presentadas hasta ahora para atender a ese llamamiento, que ya en anteriores ocasiones hab¨ªa hecho la ONU, han sido sucesivamente rechazadas en el Congreso. La mayor¨ªa del Parlamento (PP y PSOE) rechaza tocar la ley.

Las 204 p¨¢ginas que ha redactado la juez Mar¨ªa Servini de Cubr¨ªa para pedir la detenci¨®n de los torturadores espa?oles, acusados de cr¨ªmenes contra la humanidad, colocan a Espa?a en el mismo lugar que Garz¨®n puso a Argentina en 1996. Es decir, obliga al Estado a tomar postura sobre un asunto que all¨ª, en su d¨ªa, se intent¨® zanjar con dos leyes (de obediencia debida y punto final) y aqu¨ª por dos v¨ªas: la administrativa (la ley de Memoria Hist¨®rica) y la judicial (la sentencia del Supremo sobre la causa de Garz¨®n y el auto de marzo de 2012 que cerr¨® la v¨ªa para la investigaci¨®n penal de esos cr¨ªmenes en Espa?a).

All¨ª, tras un largo y accidentado proceso, que incluy¨® medidas para impedir la colaboraci¨®n con la justicia espa?ola, finalmente, optaron por derogar sus leyes de amnist¨ªa. ¡°Cuando Espa?a pidi¨® la extradici¨®n de ciudadanos argentinos por delitos cometidos en nuestro territorio en funci¨®n del principio de justicia universal, los jueces nos encontramos en la disyuntiva entre enviarlos a que los juzgase una jurisdicci¨®n extranjera o juzgarlos nosotros¡±, recordaba a EL PA?S, tras la muerte en prisi¨®n de Videla, Ra¨²l Zaffaroni, uno de los siete juristas que anul¨® las leyes de amnist¨ªa argentinas. ¡°En el primer caso, estar¨ªamos dejando al pa¨ªs en la situaci¨®n de una tribu y a todos sus ciudadanos en riesgo de ser procesados por cualquier pa¨ªs. La ¨²nica soluci¨®n era asumir la jurisdicci¨®n y juzgarlos conforme a nuestras leyes, por nuestros tribunales¡±.

Aqu¨ª, de momento, el Gobierno ha hecho todo lo que ha podido por desanimar a la juez argentina, y la justicia tampoco se ha dado prisa en complacerla. El fondo del asunto, como lo fue en otros pa¨ªses, es la ley de Amnist¨ªa. Argentina derog¨® las suyas con la llegada al poder de N¨¦stor Kirchner. Chile y Guatemala la adaptaron de forma que se pudieran investigar las desapariciones forzadas de las v¨ªctimas. Per¨² tampoco aplica la suya. Brasil la mantiene.

Fue precisamente el auto por el que Garz¨®n abri¨®, en 2008, una investigaci¨®n sobre los cr¨ªmenes del franquismo, el que resucit¨® el debate sobre la ley y provoc¨® un juego de sillas entre partidarios y detractores de la norma: quienes con m¨¢s ah¨ªnco la defend¨ªan en 1977 eran los que m¨¢s empe?o pon¨ªan tres d¨¦cadas despu¨¦s en que se modificara o derogara y viceversa. As¨ª, en 1977, era el diputado de Alianza Popular Antonio Carro quien se opon¨ªa a la ley: ¡°No es buena medicina la amnist¨ªa. La ¨²nica medicina que aplican las democracias m¨¢s genuinas y consolidadas es una estricta aplicaci¨®n de la ley¡±, dec¨ªa. Y casi 36 a?os m¨¢s tarde, el pasado 25 de septiembre, era el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n (PP), quien defend¨ªa en el Congreso la vigencia de la ley, tomando prestadas las palabras de un comunista, Marcelino Camacho: ¡°La amnist¨ªa es una pol¨ªtica nacional y democr¨¢tica, la ¨²nica consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y cruzadas¡±. El suegro del ministro, Jos¨¦ Utrera Molina, es, por cierto, una de las imputaciones que solicitan los querellantes. ?Qu¨¦ ha pasado en 36 a?os para que un diputado del PP termine parafraseando a un comunista precisamente para responder a otro, Cayo Lara, quien acababa de decir que ¡°ninguna ley de amnist¨ªa puede ser utilizada como ley de punto final¡±? Estas son las distintas posiciones y argumentos.

Garz¨®n: ¡°No afecta a cr¨ªmenes de lesa humanidad¡±.

El juez argument¨® que los hechos denunciados por las v¨ªctimas del franquismo no entraban dentro de la ley de Amnist¨ªa porque esta norma amnistiaba ¡°actos de intencionalidad pol¨ªtica¡± y ¨¦l, explicaba, estaba investigando cr¨ªmenes contra la humanidad, que no prescriben. Garz¨®n apoyaba su argumento en la jurisprudencia de tribunales internacionales (el especial para Sierra Leona, Estrasburgo, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

El Supremo:?¡°La ley de amnist¨ªa est¨¢ vigente¡±.

El juez del Supremo Luciano Varela calific¨® de ¡°imaginaci¨®n creativa¡± la argumentaci¨®n de Garz¨®n y en abril de 2010 abri¨® un caso contra ¨¦l por prevaricaci¨®n. El alto tribunal termin¨® absolvi¨¦ndole, pero en la misma sentencia quiso zanjar el debate jur¨ªdico sobre la ley de Amnist¨ªa y la posibilidad de juzgar el franquismo. La sentencia recordaba que la fiscal¨ªa calific¨® los hechos de ¡°delitos comunes¡± y prescritos. Y argumentaba que, aunque en otros pa¨ªses exist¨ªan los llamados ¡°juicios de la verdad¡±, en Espa?a ese papel corresponde ¡°a los historiadores¡±, no a los jueces, ya que solo es posible realizar una investigaci¨®n cuando existe un responsable vivo. La ley de Amnist¨ªa, destacaban, ¡°tuvo un evidente sentido de reconciliaci¨®n¡± en la transici¨®n espa?ola, ¡°tan alabada nacional e internacionalmente¡±, y ¡°ning¨²n juez puede cuestionar la legitimidad de ese proceso. Se trata de una ley vigente cuya eventual derogaci¨®n corresponder¨ªa, en exclusiva, al Parlamento¡±.

El Parlamento: la ley de amnist¨ªa no se toca.

El Congreso ha rechazado en varias ocasiones iniciativas para modificar la ley de forma que los cr¨ªmenes del franquismo se puedan juzgar en Espa?a. El pasado septiembre, Ruiz-Gallard¨®n recurr¨ªa a Marcelino Camacho para justificar ante Cayo Lara la vigencia de la norma. Unos meses antes, en abril, el Gobierno respond¨ªa a otra pregunta parlamentaria de Gaspar Llamazares con la misma idea: ¡°Ha sido un instrumento fundamental de reconciliaci¨®n entre los espa?oles. El Tribunal Constitucional se ha manifestado a favor de la misma¡±.

El PSOE tampoco es partidario de tocarla

¡°Fue una ley necesaria y no creemos conveniente revertirla¡±, explica a EL PA?S Ram¨®n J¨¢uregui, exministro del segundo Gobierno de Zapatero. ¡°Comprendemos los sentimientos. Estamos mucho m¨¢s cerca de los torturados que de los torturadores, pero seguimos convencidos de que la ley estuvo bien hecha. Algunos perdonamos mucho m¨¢s que otros, pero el perd¨®n fue colectivo. Y esa decisi¨®n es la base de una convivencia reconciliada¡±. Preguntado por la posibilidad de que el franquismo se juzgue en Argentina, responde: ¡°Yo acepto la justicia universal, pero creo que siempre tiene que ser sometida a los criterios de la soberan¨ªa popular. El proceso argentino est¨¢ cargado de buenas intenciones, pero en Espa?a decidimos hace mucho tiempo que no nos ¨ªbamos a pasar factura de lo que hicimos antes de 1976¡±.

Gaspar Llamazares, por lado, insiste: ¡°No hace falta derogar la ley, basta con modificarla para impedir cualquier interpretaci¨®n de impunidad de los cr¨ªmenes del franquismo. Si no, haremos el mismo papel que hizo Chile con Pinochet. Ser¨ªa una verg¨¹enza que el franquismo se termine juzgando en Argentina. Demostrar¨ªa que somos unos hip¨®critas que hace a?os d¨¢bamos lecciones a los dem¨¢s¡±.

La ONU: ¡°Espa?a est¨¢ obligada a investigar¡±

La declaraci¨®n sobre la protecci¨®n de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1992 y la convenci¨®n internacional para la protecci¨®n de todas las personas contra la desaparici¨®n forzada, que Espa?a ratific¨® en 2009, ¡°impide expresamente la aplicaci¨®n de la ley de Amnist¨ªa para estos delitos¡±, explica Ariel Dulitzky, uno de los enviados de la ONU. ¡°Espa?a est¨¢ obligada internacionalmente a no aplicar los efectos de la ley que impiden una investigaci¨®n judicial. El poder judicial no puede presumir que han muerto sin investigar, y la prescripci¨®n no empieza a contar hasta que los familiares de la v¨ªctima saben su paradero¡±. Dulitzky cree que, tarde o temprano, Espa?a tendr¨¢ que enfrentarse al problema. ¡°La demanda de justicia de las v¨ªctimas no va a cesar. Han pasado 70 a?os y las familias siguen ah¨ª, pidiendo justicia, verdad y reparaci¨®n¡±.