Instalados en el disparate
El di¨¢logo bilateral no es la alternativa para desactivar el independentismo
En el mes de diciembre se cumplir¨¢n 35 a?os del refer¨¦ndum de aprobaci¨®n de la Constituci¨®n. En cualquier pa¨ªs 35 a?os de vigencia de una Constituci¨®n son muchos, pero en Espa?a lo son mucho m¨¢s. Son pr¨¢cticamente todos los a?os de nuestra experiencia constitucional democr¨¢tica y son los ¨²nicos 35 a?os continuados en nuestra historia de los dos ¨²ltimos siglos en que una Constituci¨®n no ha visto suspendida su vigencia ni un solo segundo en ninguna parte del territorio del Estado. En estos 35 a?os el Estado espa?ol se ha renovado por completo. La distancia entre el Estado espa?ol anterior al 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constituci¨®n, y el posterior es enorme. Distancia que se ha ido haciendo mayor a medida que la vigencia de la Constituci¨®n se prolongaba en el tiempo.
Esta distancia es visible en todo, pero de manera muy especial en lo que a la articulaci¨®n territorial del poder se refiere. Pol¨ªticamente Espa?a es un Estado y 17 comunidades aut¨®nomas (m¨¢s dos ciudades aut¨®nomas). En el momento de la inicial puesta en marcha de la Constituci¨®n pudo no haber sido as¨ª, pero el intento de interpretar el art¨ªculo 2 y el T¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n a trav¨¦s de pactos bilaterales con Pa¨ªs Vasco y Catalu?a no prosper¨® y a partir de los Pactos Auton¨®micos de 1981 se impuso el Estado Auton¨®mico tal como hay lo conocemos.
La posibilidad de la bilateralidad como v¨ªa interpretativa de la Constituci¨®n desapareci¨® en el momento de la construcci¨®n inicial del Estado con base en dicha Constituci¨®n. El resultado del refer¨¦ndum de ratificaci¨®n de la iniciativa auton¨®mica en Andaluc¨ªa, el 28 de febrero de 1980, extendi¨® el certificado de defunci¨®n de dicha posibilidad. A partir de entonces, la bilateralidad es un espejismo. Pretender gestionar la diversidad territorial de Espa?a a partir del principio de bilateralidad es desconocer la historia constitucional democr¨¢tica del pa¨ªs.
Me temo que el nacionalismo catal¨¢n no ha acabado de entenderlo. Pol¨ªticamente Espa?a no es la que ellos piensan que es. Ning¨²n problema de estructura del Estado se va a poder abordar sin el concurso del conjunto de las comunidades aut¨®nomas. Ya no se puede ni siquiera intentar abordarlo como se hizo en el momento de inicial puesta en marcha de la Constituci¨®n. En el oto?o de 1979, cuando se pactaron entre el Gobierno de Adolfo Su¨¢rez y la representaci¨®n parlamentaria vasca y catalana los estatutos de ambas nacionalidades, todav¨ªa se pod¨ªa intentar buscar soluci¨®n a los problemas de estructura del Estado con base en una negociaci¨®n bilateral. Hoy ya no es posible. Dej¨® de serlo inmediatamente despu¨¦s de que se produjera el intento.
La reacci¨®n que se ha producido ante el simple indicio de que se pudiera estar pensando en dar una respuesta singularizada a la financiaci¨®n de Catalu?a ha venido a confirmarlo. Ning¨²n Gobierno de Espa?a puede hacer frente a la mera sospecha de parcialidad territorial. Ni siquiera en las filas de su propio partido. La recepci¨®n que ha tenido en el interior del PP la propuesta de Alicia S¨¢nchez-Camacho habla por s¨ª sola.
La negociaci¨®n bilateral entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de la Naci¨®n, a fin de reconducir el debate independentista a unos t¨¦rminos aceptables para ambas partes, es una posibilidad que no existe. Tengo dudas de si, a estas alturas del gui¨®n, ser¨ªa posible poner en marcha una iniciativa de esta naturaleza en el Parlamento de Catalu?a, pero estoy convencido de que ser¨ªa imposible hacerlo en las Cortes Generales. La negociaci¨®n bilateral no es una alternativa para desactivar el independentismo.
La ¨²nica alternativa para definir de manera distinta la posici¨®n de Catalu?a en el Estado espa?ol pasa por la reforma de la Constituci¨®n. En mi opini¨®n, ser¨ªa la mejor de las posibles. Pero, me temo, que ni el PP ni los partidos m¨¢s representativos del nacionalismo catal¨¢n est¨¢n por seguir ese camino. En consecuencia, es una v¨ªa tan pensable jur¨ªdicamente como imposible en t¨¦rminos pol¨ªticos.
Mientras tanto seguiremos con los memoriales de agravio, los plantones del president de la Generalitat a la vicepresidenta del Gobierno o la maniobra de la vicepresidenta del Gobierno para desairar al president, seg¨²n la perspectiva desde la que se mire el incidente, y un etc¨¦tera interminable. Nos hemos instalado en el disparate y cada d¨ªa parece m¨¢s dif¨ªcil imaginar siquiera como se puede salir de ¨¦l. Nada me gustar¨ªa m¨¢s que equivocarme y que se pudiera encontrar una v¨ªa de soluci¨®n en la que nadie se sintiera humillado. Pero cada vez lo voy viendo m¨¢s dif¨ªcil.
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