20 a?os a cuestas con un C¨®digo maldito

La actividad criminal de ETA en Espa?a provoc¨® 829 muertos entre 1968 y 2010. Cientos de etarras fueron detenidos, encarcelados y condenados a altas penas de prisi¨®n por esos atentados. La inmensa mayor¨ªa de terroristas presos (todos aquellos que cometieron los asesinatos antes de 1995) se benefici¨® de una legislaci¨®n flexible que el dictador Francisco Franco aplic¨® en plena Guerra Civil (decreto de 28 de mayo de 1937) para permitir la redenci¨®n de penas mediante el trabajo a los ¡°presos rojos¡± encarcelados.

Este sistema de cumplimiento de penas se plasm¨® despu¨¦s en el C¨®digo franquista de 1944 y continu¨® sin cambios en el de 1973. La democracia solo elimin¨® las redenciones de pena a partir de 1995, con el nuevo C¨®digo Penal del Gobierno socialista.

Hasta ese a?o, los etarras hab¨ªan cometido 727 cr¨ªmenes, por los que respond¨ªan de acuerdo a la legislaci¨®n de 1973. Era tan favorable la normativa que permit¨ªa a terroristas con decenas de cr¨ªmenes condenados a miles de a?os de c¨¢rcel poder salir en libertad cuando apenas llevaban 20 en prisi¨®n, dos tercios del periodo m¨¢ximo de cumplimiento (30 a?os).

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A finales de los a?os noventa, algunos de los etarras m¨¢s sanguinarios terminaban de cumplir esos 20 a?os de reclusi¨®n, y, por tanto, sal¨ªan libres como consecuencia de la aplicaci¨®n del C¨®digo Penal de 1973, lo que desencaden¨® una fuerte alarma social.

Gobiernos y jueces trabajaron para remediar una situaci¨®n provocada por la estricta aplicaci¨®n de la ley. As¨ª lleg¨® en febrero de 2006 la sentencia del Supremo al recurso de Henri Parot, uno de los etarras con m¨¢s asesinatos que reclamaba su excarcelaci¨®n. El Supremo aprob¨® una interpretaci¨®n jur¨ªdica novedosa que dejaba sin efectos pr¨¢cticos las redenciones de pena y lo hac¨ªa con car¨¢cter retroactivo, la ¨²nica manera de frenar la excarcelaci¨®n masiva de etarras condenados con el C¨®digo de 1973.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ahora ilegal la aplicaci¨®n retroactiva de esa nueva doctrina del Supremo, lo que sit¨²a a 93 etarras y 37 presos comunes a un paso de la libertad. Distintos Gobiernos de la reciente etapa democr¨¢tica proyectaron eliminar las redenciones de pena sin llegar a aprobar esa medida hasta 1995.

? El proyecto que nunca se lleg¨® a discutir. El Gobierno de Adolfo Su¨¢rez (UCD) redact¨® en 1980 un nuevo C¨®digo Penal con 688 art¨ªculos que eliminaba las redenciones de penas para todos los presos. Ese a?o, ETA asesin¨® a 92 personas, el r¨¦cord criminal de toda su historia. En la exposici¨®n de motivos, el proyecto de ley explicaba: ¡°Se pretende que la sanci¨®n se cumpla efectivamente prescindiendo de la redenci¨®n de penas por el trabajo, que produc¨ªa de un modo casi autom¨¢tico, y al margen de consideraciones de prevenci¨®n especial y general, la reducci¨®n de la condena impuesta en un tercio o m¨¢s en la pr¨¢ctica totalidad de las m¨¢s importantes penas privativas de libertad (¡­) La redenci¨®n de penas por el trabajo es, desde el punto de vista pol¨ªtico-criminal, contraproducente y por tanto, debe desaparecer¡±.

El texto legal, obra del ministro de Justicia Francisco Fern¨¢ndez Ordo?ez, entr¨® en el Congreso el 17 de enero de 1980. Tres meses despues se ampli¨® el plazo para enmiendas y a partir de ese momento el proyecto languideci¨® y muri¨® sin ni siquiera llegar a discutirse. Adolfo Su¨¢rez dimiti¨® en 1981, le sucedi¨® Leopoldo Calvo-Sotelo y, apenas un a?o despu¨¦s, el PSOE gan¨® las elecciones y form¨® nuevo Gobierno.

? Primer Gobierno socialista. Redenciones para preventivos. En 1983, el Gobierno socialista de Felipe Gonz¨¢lez aprob¨® una reforma parcial del C¨®digo Penal en la que mantuvo vigente el art¨ªculo 100 de la norma franquista, ampliando sus efectos a los presos preventivos, para los que tambi¨¦n eran efectivas las redenciones de pena. Antes de aprobar esa reforma, el Consejo General del Poder Judicial elabor¨® un informe muy cr¨ªtico con la ley: ¡°La redenci¨®n de penas por el trabajo, en el nuevo art¨ªculo 100, aumenta las consecuencias favorables del beneficio en relaci¨®n con el C¨®digo vigente, por cuanto lo extiende a las penas de arresto y la prisi¨®n preventiva. El Consejo manifiesta su criterio contrario a la supervivencia de la redenci¨®n de penas por el trabajo¡±. El Gobierno desoy¨® el consejo y mantuvo la situaci¨®n heredada del franquismo en relaci¨®n con el cumplimiento de las penas en la c¨¢rcel.

? Fraga contra Gonz¨¢lez. La segunda legislatura socialista arranc¨® con el problema del terror agravado. En la sesi¨®n de investidura, el jefe de la oposici¨®n, entonces Manuel Fraga, pidi¨® a Gonz¨¢lez medidas urgentes para combatir a ETA. ¡°Ha muerto el vicealmirante Crist¨®bal Col¨®n de Carvajal, a los guardias civiles los matan de cinco en cinco y de diez en diez, ha habido un atentado grave contra el presidente del Supremo, hubo un ataque serio, con armas de guerra, contra el ministerio de Defensa. No se puede seguir haciendo el don Tancredo. Gobernar no es pedir ¨¢rnica, es resolver los problemas. Hoy en Espa?a estamos ante una guerra revolucionaria en la que un bando combate a muerte y el otro no se defiende suficientemente ni utiliza los medios a su alcance. El nivel de impunidad que tiene el terrorismo en Espa?a no es comparable con ning¨²n otro pa¨ªs distinto de los de Oriente Medio. El marco legal no es suficiente. Vamos a proponer que se modifiquen reglas del C¨®digo Penal para que no se puedan aplicar medidas de gracia para los delitos de terrorismo y conexos que deben cumplirse d¨ªa por d¨ªa¡±.

Felipe Gonz¨¢lez encaj¨® el reproche e intent¨® explicar por qu¨¦ su Gobierno no eliminaba la redenci¨®n de penas para terroristas: ¡°El hecho de la redenci¨®n o no de las penas por los delitos de terrorismo iba en su d¨ªa dentro de un proyecto de ley que ten¨ªan en preparaci¨®n y que con la consulta previa del Consejo del Poder Judicial retir¨® del proyecto de ley, porque el propio Consejo valor¨® que no se ajustaba a la Constituci¨®n y no se pod¨ªa hacer la diferenciaci¨®n de tratamiento entre uno y otro tipo de penados¡±. En los archivos del Consejo del Poder Judicial no figura ese informe del que habl¨® Gonz¨¢lez en el Congreso. Tan solo existe un informe anterior, ya citado en este art¨ªculo, en que el Gobierno de los jueces que defend¨ªa la eliminaci¨®n de la redenci¨®n de penas.

? Fin del C¨®digo franquista, 22 a?os despu¨¦s. La medida se introdujo 12 a?os despu¨¦s por el Gobierno socialista en el llamado C¨®digo Penal de la democracia de 1995. Para entonces, ETA hab¨ªa matado a m¨¢s de 700 personas en Espa?a; los detenidos por estos cr¨ªmenes contaban con que su estancia en prisi¨®n, por condenas de cientos o miles de a?os, se reducir¨ªa a menos de 20.