Leyes para acallar la protesta

Las iniciativas legislativas de los Gobiernos suelen llevar mensajes pol¨ªticos m¨¢s o menos expl¨ªcitos para los ciudadanos. El de Mariano Rajoy ha decidido celebrar la mitad de la legislatura con dos normas muy ideol¨®gicas y con un mensaje pol¨ªtico clar¨ªsimo.

La Ley de Seguridad Ciudadana ¡ªconocida como ley Fern¨¢ndez, por ser del ministro del Interior¡ª y la de servicios m¨ªnimos anunciada por Rajoy refuerzan lo que el Gobierno ha llamado mayor¨ªa silenciosa, es decir, los espa?oles que no se manifiestan, que le dieron al PP la arrolladora victoria electoral y que est¨¢n en condiciones de volver a apoyarles.

Y las dos normas hacen frente a lo que gen¨¦ricamente se conoce como la calle, contra las protestas sociales y los movimientos ciudadanos m¨¢s o menos espont¨¢neos, pero inc¨®modos para el Ejecutivo. Tan importantes est¨¢n siendo estos grupos como que tuvieron un protagonismo reconocido con el 15-M y en algunos casos han torcido el pulso al Gobierno o, al menos, han situado en la agenda asuntos concretos que el Ejecutivo no pensaba abordar.

Por ejemplo, las movilizaciones y los llamados escraches de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca provocaron una reforma de la ley hipotecaria a la que el Gobierno se opon¨ªa inicialmente, porque pretend¨ªa un simple C¨®digo de libre adhesi¨®n para las entidades bancarias que limitara los desahucios.

M¨¢s recientemente, la huelga de limpieza en Madrid logr¨® que lo que iban a ser m¨¢s de 1.000 despidos en empresas adjudicatarias terminara en medidas m¨¢s limitadas.

Esas actuaciones, ejemplo de otras, han tenido de hecho m¨¢s efecto en el Gobierno que las dos huelgas generales o la actuaci¨®n de la oposici¨®n pol¨ªtica. A esos grupos y movilizaciones de protesta les afectar¨¢n las dos leyes con las que Rajoy celebra el segundo aniversario de su victoria.

En lugar de buscar consenso, va contra los que protestan Eduardo Madina (PSOE)

Seg¨²n los sucesivos sondeos de Metroscopia para EL PA?S, el 65% respalda ahora el 15-M y ve m¨¢s motivos para esa movilizaci¨®n que en el inicio; el 78% apoya los escraches y el 85% de los socialistas es favorable a esas protestas. Tan importantes han sido esas movilizaciones como que el PSOE ha intentado tambi¨¦n acercarse a sus promotores. La propia Susana D¨ªaz, presidenta de la Junta de Andaluc¨ªa, explic¨® en su discurso ante la Conferencia Pol¨ªtica del PSOE que las mareas ciudadanas que se movilizan en la calle buscan un partido y los socialistas deben estar all¨ª.

Para el socialista Eduardo Madina, ¡°no es cierto que el Gobierno no tenga programa, lo tiene similar al de Margaret Thatcher en los 80, con la idea de que los ciudadanos no existen y buscando la desarticulaci¨®n de las redes de protecci¨®n de la sociedad¡±. Seg¨²n Madina, el Gobierno ¡°ha provocado una conflictividad social sin precedentes y, en lugar de buscar acuerdos, se lanza contra los que protestan con la ley de huelga y con la ley que, en realidad, acaba con la seguridad ciudadana¡±.

¡°El Gobierno legisla contra la gente que le cae mal, contra quien le molesta¡±, sostiene gr¨¢ficamente la diputada de UPyD, Irene Lozano, para quien la ley Fern¨¢ndez lanza el mensaje de ¡°pol¨ªticos que se protegen a s¨ª mismos frente a las protestas de los ciudadanos¡±. Ya que penaliza los escraches y las manifestaciones cerca del Congreso, incluso aunque no se est¨¦n celebrando plenos en ese momento. Casi como un mensaje de autoprotecci¨®n que est¨¢ impl¨ªcito en la norma.

El ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez, y el portavoz del PP, Alfonso Alonso, explican que la futura Ley de Seguridad Ciudadana, que no estar¨¢ lista antes del verano, solo sustituye al cap¨ªtulo de faltas del C¨®digo Penal que desaparece en la reforma que promueve Alberto Ruiz-Gallard¨®n.

Fern¨¢ndez asegura que en algunos casos de los que se ha hablado, como los de manifestaciones no comunicadas, la sanci¨®n va a ser menor que la actual. Pero, la Ley de Seguridad Ciudadana y la de servicios m¨ªnimos siguen a reiteradas declaraciones de altos cargos y dirigentes del PP ¡ªpor ejemplo, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y la alcaldesa de la capital, Ana Botella¡ª que han lamentado el exceso de manifestaciones y el supuesto incumplimiento de servicios m¨ªnimos.

Legisla contra quien le cae mal y quien le molesta Irene Lozano (UPyD)

Sin embargo, seg¨²n fuentes de la polic¨ªa, de 4.000 manifestaciones en 2012 en Madrid, solo en 12 hubo actos violentos.

Adem¨¢s, esa reforma incluye tambi¨¦n, seg¨²n asociaciones de jueces y fiscales, la concepci¨®n ideol¨®gica del orden p¨²blico y la primac¨ªa de la autoridad y de su versi¨®n, sin contradicci¨®n entre las partes en una vista oral.

Respecto a la anunciada ley sobre servicios m¨ªnimos, las asesor¨ªas jur¨ªdicas de UGT y CC OO explican que el problema no est¨¢ en los incumplimientos como pretende el Gobierno, sino en c¨®mo se fijan de forma abusiva por las administraciones. Cuando son establecidos por la administraci¨®n sin acuerdo con los sindicatos, los recursos se eternizan en la v¨ªa contenciosa y se resuelven una vez concluido el conflicto.

En cambio, sostienen, son muy contados los casos de sanci¨®n por no cumplir servicios m¨ªnimos: primero, porque casi siempre se cumplen; y, segundo, porque al finalizar los conflictos se pactan la retirada de sanciones en los pocos casos en los que los haya. Y, cuando los hay, las sanciones se establecen en el ¨¢mbito laboral con despidos declarados procedentes en algunos casos. Como ejemplo, aseguran que si en la huelga de limpieza de Madrid no se cumplieron los servicios m¨ªnimos fue m¨¢s bien porque las propias empresas exim¨ªan de salir a la calle a los que deb¨ªan cumplirlos. Tambi¨¦n desde el Gobierno del PP se habla de los piquetes como elementos de coacci¨®n en las huelgas que ser¨¢n regulados ahora. Pero en la encuesta del CIS realizada despu¨¦s de la ¨²ltima huelga general, el porcentaje de los que quisieron parar y no pudieron duplicaba al de los que quisieron trabajar y no les dejaron.