Los Tribunales de Cuentas auton¨®micos se niegan a desaparecer
Piden m¨¢s medios y aseguran que sin su labor aumentar¨¢ la corrupci¨®n
El Gobierno apela a la austeridad para intentar llevarse por delante a los ¨®rganos encargados de fiscalizar las cuentas de 13 comunidades aut¨®nomas, los mismos que han se?alado irregularidades y destapado sonados casos de corrupci¨®n. Justo ahora, cuando se conoce que Espa?a ha ca¨ªdo 10 puestos (situ¨¢ndose por detr¨¢s de Brunei y Polonia), en el ¨ªndice de percepci¨®n de la corrupci¨®n que elabora Transparencia Internacional. Llamados C¨¢maras, Sindicaturas o Tribunales de Cuentas, son el largo brazo del Tribunal de Cuentas central, uno de los puntales de la democracia. Emplean conjuntamente a casi 800 personas, la mayor¨ªa funcionarios de escalas superiores que elaboran cada a?o unos 300 estudios de fiscalizaci¨®n, seg¨²n datos de 2012. Se suman, nunca se solapan, a los cerca de 40 informes que aprueba cada ejercicio el Tribunal de Cuentas con una plantilla de 789 personas.
La Comisi¨®n para la Reforma de las Administraciones (CORA),? dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno, cree que los tribunales regionales forman un mapa demasiado heterog¨¦neo y que sus an¨¢lisis pueden llegar a condicionar al Tribunal de Cuentas central, aunque este sea un ¨®rgano superior con manos libres para practicar comprobaciones de las auditor¨ªas que realizan. El argumento estrella para pedir su eliminaci¨®n est¨¢ en el supuesto ahorro: el gasto de los tribunales auton¨®micos es de 74 millones de euros. Crear secciones territoriales en el tribunal central que asumiesen sus funciones costar¨ªa, seg¨²n el Gobierno, solo 28 millones m¨¢s, con lo que el recorte se cifrar¨ªa anualmente en 45 millones. Mar¨ªa Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla La-Mancha, ya ha anunciado que el de su comunidad tiene los d¨ªas contados. La opini¨®n recabada por este peri¨®dico en diez de los 13 organismos auton¨®micos sobre esa propuesta de eliminaci¨®n es casi un¨¢nime: el informe de ahorro del Gobierno parte de datos err¨®neos, carece de todo rigor y solo ayuda a empeorar las cosas.
¡°Solo los necios confunden valor y precio¡±, ironiza un alto funcionario del ¨®rgano de control asturiano. ¡°La pregunta es: ?cu¨¢nto dinero se ahorra la sociedad gracias a nuestra labor?¡±. La sindicatura de cuentas de Valencia, por ejemplo, llevaba m¨¢s de una d¨¦cada alertando de la quiebra de Canal Nou; la de Catalu?a fue la primera en sospechar de las irregularidades que derivaron en el caso Palau; en Baleares dedicaron informes a demostrar que el crecimiento del sector instrumental p¨²blico era insostenible, lo que a la postre ha provocado duros ajustes, y as¨ª cientos de ejemplos. ¡°Suprimirlos significa romper el tri¨¢ngulo de control que forman Parlamentos, Gobiernos y tribunales auton¨®micos. ?A qui¨¦n se le ocurre ahorrar en control cuando los ciudadanos claman contra la corrupci¨®n?¡± se cuestiona el s¨ªndico mayor de Catalu?a, Jaume Amat i Reyero.
El presidente del Tribunal de Cuentas vasco, Jos¨¦ Ignacio Mart¨ªnez, lo resume as¨ª: ¡°Aza?a dec¨ªa: en momentos de crisis un espa?ol lucha contra las instituciones, mientras que un brit¨¢nico se pregunta por qu¨¦ no han funcionado. Hay que luchar contra ese planteamiento primario de suprimir al otro. No se trata de eliminar, sino de mejorar la confluencia de anillos de control sobre el dinero p¨²blico¡±.
En un momento en que los ciudadanos contemplan at¨®nitos c¨®mo se suceden los esc¨¢ndalos, las auditor¨ªas p¨²blicas parecen no ser la primera prioridad para el Gobierno. ¡°Es f¨¢cil hablar ahora de austeridad, pero no se puede plantear algo as¨ª cuando la falta de control es palmaria y manifiesta¡±, dice el presidente de la C¨¢mara de Comptos de Navarra, Helio Robleda. ¡°El 95% de los ayuntamientos no se auditan. Eliminar instituciones no parece la soluci¨®n¡±, a?ade. En la misma l¨ªnea se sit¨²a el titular de la c¨¢mara andaluza, Antonio L¨®pez, que alerta del ¡°preocupante retroceso en la transparencia¡±, que viaja tras la medida lanzada por el Gobierno de Rajoy. En cuanto a la austeridad, ya anticipan que el 90% de su presupuesto se destina a pagar personal y gasto corriente. ¡°Vivimos de milagro¡±, ironiza Luciano Fari?a, uno de los veteranos, al frente del Consello de Contas gallego.
No es ning¨²n secreto que los Tribunales de Cuentas auton¨®micos llevan a cuestas su propia crisis de identidad: miles de horas de trabajo, sesudos an¨¢lisis num¨¦ricos se sustancian a menudo en denuncias que no van a ninguna parte. Pese a su nombre no pueden enjuiciar, no imponen sanciones, solo informan a los parlamentos regionales y someten sus datos al ¨®rgano superior, que es el que tiene potestad para abrir un proceso de enjuiciamiento contable para forzar cambios. Sus conclusiones, por tanto, pueden ser ignoradas por completo, algo que sucede a menudo.
Trabajan con otro sambenito: el de los mecanismos de elecci¨®n de sus c¨²pulas. La mayor¨ªa se rigen por ¨®rganos colegiados con entre tres y siete miembros designados por los Parlamentos auton¨®micos entre personas de reconocido prestigio y larga trayectoria profesional en auditor¨ªa. Sin embargo, en m¨¢s de una ocasi¨®n las fuerzas pol¨ªticas ceden a la tentaci¨®n de colocar a exconsejeros de su cuerda: pol¨ªticos que controlan la gesti¨®n p¨²blica de su propio partido. El tribunal central, con fama y reputaci¨®n de ejercer una gran independencia, no se escapa de los reproches. En su ¨²ltima renovaci¨®n el PP sent¨® en sus filas a Manuel Aznar L¨®pez, hermano mayor del expresidente del Gobierno Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, y a Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia.
¡°No hay nada m¨¢s obsceno que el flujo del Ejecutivo al ¨®rgano de control y al rev¨¦s. El Parlamento no ha neutralizado esa din¨¢mica de puertas giratorias¡±, insiste el presidente vasco, que matiza que habla a t¨ªtulo personal. ?Son ¨®rganos ¨²tiles o d¨®ciles con el poder? ¡°Muchas de las irregularidades que acaban generando corrupci¨®n las hemos denunciado. Quiz¨¢ no han tenido la respuesta debida de los Parlamentos¡±, analizan varios presidentes. Rafael Vicente, s¨ªndico mayor de Valencia, defiende que la independencia es su gran valor. ¡°Somos muy t¨¦cnicos, nuestra ideolog¨ªa la colgamos del perchero cuando llegamos al despacho¡±.
Los retrasos en la auditor¨ªa
El s¨ªndic major de Valencia, Rafael Vicente, cree que de nada sirve hacer p¨²blicas auditor¨ªas con a?os de retraso. "La virtud de la fiscalizaci¨®n es la inmediatez. Hacemos informes sobre la gesti¨®n de los [pol¨ªticos] que ahora est¨¢n en sus asientos". Navarra y Valencia ya han aprobado la revisi¨®n de las cuentas de 2012 en sus respectivas comunidades. Otras, como Galicia o Pa¨ªs Vasco, presentar¨¢n en 2014 la auditor¨ªa de 2011. El que acumula m¨¢s retraso es el Tribunal de Cuentas central, que present¨® este a?o los informes de fiscalizaci¨®n de 2009 de las comunidades aut¨®nomas que no cuentan con ¨®rganos propios (Cantabria, Extremadura, La Rioja, Ceuta y Melilla). Para explicar estos retrasos las instituciones argumentan que muchas comunidades no est¨¢n obligadas a enviar los datos de la cuenta general hasta el oto?o del a?o siguiente a la liquidaci¨®n.
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