Los vigilantes privados podr¨¢n patrullar en las calles y detener
La Comisi¨®n de Interior da luz verde con los votos de PP, CiU y PNV a la ley de Seguridad Privada
La definici¨®n y regulaci¨®n del trabajo de los vigilantes de seguridad provoc¨® ayer una importante pol¨¦mica pol¨ªtica en el Congreso de los Diputados. La Comisi¨®n de Interior de la C¨¢mara baja dio luz verde, con los votos de PP, CiU y PNV, a la Ley de Seguridad Privada, un proyecto que da amparo legal al patrullaje en espacios abiertos como ¡°zonas comerciales peatonales¡± y, como consecuencia, permite realizar detenciones y registros en la v¨ªa p¨²blica ante flagrante delito. Esto es, si las empresas de una zona comercial de una ciudad solicitan un servicio de seguridad privada, los vigilantes podr¨ªan encargarse del control de esas ¨¢reas, aunque se a?ade que ¡°en coordinaci¨®n, cuando proceda, con las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes¡±.
La norma actualiza la anterior, de 1992, y, seg¨²n fuentes del Ministerio del Interior, se refiere a un servicio ¡°que ya se viene prestando en zonas comerciales desde hace tiempo, aunque sin respaldo legal, y que hasta ahora no ha planteado problemas¡±. De hecho, la ley de seguridad de Jos¨¦ Luis Corcuera no contemplaba una regulaci¨®n de la actuaci¨®n en la v¨ªa p¨²blica de los empleados del sector de la seguridad privada. Y, a pesar de que la pr¨¢ctica cotidiana ha llevado a los vigilantes a llevarla a cabo, el amparo legal previsto en la nueva norma ha provocado la indignaci¨®n y la oposici¨®n tanto del PSOE como del Grupo de la Izquierda Plural y UpyD.
La ley, que ser¨¢ remitida al Senado para continuar su tr¨¢mite parlamentario, permitir¨¢ a partir de ahora, negro sobre blanco, la ¡°vigilancia en pol¨ªgonos industriales y urbanizaciones y en sus v¨ªas de uso com¨²n¡±; ¡°la vigilancia en zonas comerciales peatonales¡±; la ¡°vigilancia en acontecimientos deportivos, culturales o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en v¨ªas o espacios p¨²blicos¡±; y la ¡°vigilancia en espacios o v¨ªas p¨²blicas en supuestos distintos de los previstos en este art¨ªculo¡±.
En cualquier caso, para prestar estos servicios ¡°de protecci¨®n¡± las empresas de seguridad privada necesitar¨¢n la ¡°autorizaci¨®n previa por parte del ¨®rgano competente en cada caso¡±. Adem¨¢s, deber¨¢n realizarse en ¡°coordinaci¨®n, cuando proceda, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes¡±.
La prestaci¨®n de servicios de vigilancia podr¨¢ realizarse en espacios o v¨ªas p¨²blicas en determinados supuestos. Adem¨¢s de los casos cl¨¢sicos ¡ªretirada o reposici¨®n de cajeros autom¨¢ticos; los desplazamientos al exterior de los inmuebles objeto de protecci¨®n para realizar actividades directamente relacionadas con las funciones de vigilancia; el control de medios de transporte¡ª, tambi¨¦n estar¨¢ permitida ¡°la vigilancia y protecci¨®n en recintos y espacios abiertos que se encuentren o puedan ser delimitados de cualquier forma¡±; ¡°los servicios de ronda o de vigilancia discontinua, consistentes en la visita intermitente y programada a los diferentes puestos de vigilancia establecidos o a los distintos lugares objeto de protecci¨®n¡±; y ¡°aquellos servicios de vigilancia y protecci¨®n que lo requieran por su propia naturaleza y desarrollo¡±.
La ley permite la vigilancia en pol¨ªgonos y urbanizaciones
La filosof¨ªa de la norma lo deja claro desde el principio y, en la exposici¨®n de motivos, se recoge que ¡°se ha aprovechado para realizar una necesaria matizaci¨®n del principio general de exclusi¨®n de la seguridad privada de los espacios p¨²blicos, cuya formulaci¨®n actual, excesivamente r¨ªgida, ha dificultado o impedido la necesaria autorizaci¨®n de servicios en beneficio del ciudadano, que resulta hoy obsoleta¡±.
Este es, en opini¨®n del diputado popular Francisco M¨¢rquez, ponente de la norma, uno de los objetivos de la ley. Es decir, ¡°organizar y ordenar¡± el trabajo de los vigilantes de seguridad en cada caso y en cada ¨¢mbito de trabajo. ¡°La nueva norma modernizar¨¢ la actual ley de 1992¡± y, si reconoce que aumentar¨¢ las capacidades de las empresas privadas, ¡°no persigue la privatizaci¨®n de la seguridad¡±.
Para la oposici¨®n, ganan las empresas y los ciudadanos pierden derechos
Para el principal partido de la oposici¨®n, en cambio, ¡°ganan las empresas de seguridad y los ciudadanos pierden derechos¡±, en palabras de Alfredo P¨¦rez Rubalcaba. El portavoz socialista en la Comisi¨®n de Interior, Antonio Trev¨ªn, consider¨® adem¨¢s que la ley ¡°rompe con la concepci¨®n de la seguridad ciudadana como servicio p¨²blico atribuida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que, a partir de ahora, sus funciones podr¨¢n ser ejercidas por la seguridad privada seg¨²n el criterio econ¨®mico, es decir, lo que sea m¨¢s barato¡±. ¡°Solo podr¨¢n pagarse labores de protecci¨®n aquellos que tengan recursos para ello¡±, asegur¨® Ricardo Sixto, de Izquierda Plural. ¡°El Estado se ha echado a un lado por una cuesti¨®n presupuestaria. Es innegociable que las fuerzas de seguridad tengan el monopolio de la seguridad en un Estado¡±, asegur¨® Toni Cant¨®, de UPyD.
CiU y PNV, que respaldaron la reforma y se mostraron satisfechos por los aspectos competenciales de la ley ¡ªque otorga capacidad ejecutiva a las autonom¨ªas¡ª, admitieron que si hay alg¨²n aspecto especialmente pol¨¦mico a¨²n podr¨¢ mejorarse con las enmiendas en el Senado.
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