UPyD reabre el debate para castigar con c¨¢rcel convocar consultas ilegales

"No est¨¢ en juego la protecci¨®n del Estado de Derecho frente amenazas secesionistas". Esta fue la afirmaci¨®n en marzo de 2005 del entonces portavoz de Justicia del Grupo Socialista, ?lvaro Cuesta, para justificar la eliminaci¨®n de la pena de c¨¢rcel para las autoridades o instituciones que convocaron referendos fuera de la ley. Ese delito desapareci¨® con el gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, despu¨¦s de que el Ejecutivo del PP, presidido por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, lo hubiera introducido al calor del llamado Plan Ibarretxe. Ahora UPyD lleva este mismo asunto al Congreso un d¨ªa despu¨¦s de que cuatro partidos catalanes planteen un refer¨¦ndum para Catalu?a. Adem¨¢s, este grupo inquiere al Gobierno que detalle las medidas que va a adoptar para detener los preparativos en Catalu?a para la consulta.

Mientras que en Catalu?a los impulsores del refer¨¦ndum empiezan los preparativos, en el Congreso de los diputados otros grupos contrarios al mismo tambi¨¦n se ponen en marcha. El primero ha sido UPyD con un bloque de preguntas para cubrir distintos aspectos de esta materia. Primero, se interesa UPyD por si el Gobierno va a reestablecer las penas de c¨¢rcel para quien convoque referendos ilegales. Las penas pod¨ªan llegar hasta los cinco a?os de prisi¨®n.

La reforma del C¨®digo Penal ahora en marcha facilita que se introduzca esa pena, a decir del partido magenta. Pero antes de esta modificaci¨®n legal, el Gobierno debe hacer frente ¡°al desaf¨ªo pol¨ªtico y jur¨ªdico¡± de la Generalitat de Catalu?a, ante la pretensi¨®n de convocar un refer¨¦ndum cuya regulaci¨®n est¨¢ en el art¨ªculo 92.2 de la Constituci¨®n. ¡°El refer¨¦ndum ser¨¢ convocado por el Rey mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados¡±, ha reproducido el escrito oficial de UPyD presentado en el registro del Congreso. Sobre esto s¨ª se puede actuar ya, a juicio de UPyD, con el C¨®digo Penal en la mano, en relaci¨®n a los delitos ¡°contra las instituciones del Estado y la divisi¨®n de poderes¡±.

No hay duda para UPyD que se puede actuar con la actual legislaci¨®n y, en concreto, en base al art¨ªculo 509 del C¨®digo Penal: ¡°El juez o magistrado, la autoridad o el funcionario p¨²blico que, legalmente requerido de inhibici¨®n, continuare procediendo sin esperar a que se decida el correspondiente conflicto jurisdiccional, salvo en los casos permitidos por la Ley, ser¨¢ castigado con la pena de multa de tres a diez meses e inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico por tiempo de seis meses a un a?o".

Con esta introducci¨®n, UPyD pregunta al Gobierno: ¡°?Va el Gobierno a requerir al president de la Generalitat para que cancele el refer¨¦ndum convocado para el 9 de noviembre de 2014 as¨ª como todos los actos preparatorios del mismo?". La siguiente pregunta entra de lleno en la ilicitud de esa acci¨®n. ¡°En caso de que se mantenga el refer¨¦ndum, ?va el Gobierno a poner acciones legales en marcha para perseguir penalmente el incumplimiento del art¨ªculo 509?¡±.

Cuando el gobierno socialista en 2005 elimin¨® el delito por convocar referendos, el entonces portavoz del PP de Justicia, Ignacio Astarloa, se opon¨ªa en el debate parlamentario porque ¡°no se puede privar al Estado de Derecho de instrumentos legales¡± ante quien quiere convocar ¡°un refer¨¦ndum de secesi¨®n de manera ilegal¡±. Han pasado nueve a?os y el PP ahora en el Gobierno no est¨¢ por recuperar ese castigo que implant¨® el gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. De momento, con la actual legislaci¨®n les parece suficiente.