Justicia defiende que la reforma del aborto ser¨¢ positiva para la econom¨ªa
El informe sobre el impacto de la nueva ley que ha elaborado Justicia apunta que subir¨¢ la natalidad Justifica el cambio con la "no disminuci¨®n" del n¨²mero de abortos que, en realidad, han descendido
El Ministerio de Justicia cree que la nueva ley del aborto ¡ªque solo permitir¨¢ la interrupci¨®n del embarazo en caso de violaci¨®n o grave peligro para la salud f¨ªsica o psicol¨®gica de la mujer¡ª tendr¨¢ un ¡°impacto neto positivo¡± en la econom¨ªa, porque derivar¨¢ en un incremento de la natalidad. Este es uno de los argumentos que el departamento de Alberto Ruiz-Gallard¨®n recoge en la Memoria de an¨¢lisis de impacto normativo que acompa?a al pol¨¦mico anteproyecto de ley. El documento, enviado hace unos d¨ªas a distintos organismos oficiales junto con la norma para su an¨¢lisis, asegura tambi¨¦n que la nueva ley tendr¨ªa un impacto de g¨¦nero positivo porque apoya la maternidad. Estos razonamientos han recrudecido las cr¨ªticas por parte de la oposici¨®n y de asociaciones de mujeres y de profesionales sanitarios.
La memoria, que en 48 p¨¢ginas desglosa los distintos impactos del pol¨¦mico anteproyecto y su motivaci¨®n, justifica la reforma entre otras cosas por la ¡°no disminuci¨®n¡± del n¨²mero de abortos con la actual ley ¡ªque permite a la mujer interrumpir su embarazo sin tener que alegar ninguna raz¨®n hasta la semana 14? de gestaci¨®n¡ª. Un argumento que desmienten las ¨²ltimas cifras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que en su ¨²ltimo informe constata que las intervenciones disminuyeron en 2012 un 5% con la ley que entr¨® en vigor en 2010 y que ahora el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende derogar. Los datos y las tablas que incluye Justicia en el documento que deben analizar entre otros el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscal¨ªa General del Estado o el Pleno del Consejo Interterritorial de Salud son de 2011 y no muestran ese descenso.
Justicia, que afirma que la finalidad ¡°primordial¡± de su ley no es econ¨®mica, no argumenta ni desarrolla ese supuesto impacto econ¨®mico que resultar¨ªa del aumento de la natalidad derivado de la restricci¨®n en el acceso al aborto. El texto, adelantado este lunes por la cadena SER, se limita a se?alar este punto que es ¡°dif¨ªcilmente cuantificable¡±. ¡°El argumento que aporta el departamento de Ruiz-Gallard¨®n ignora que la evidencia demuestra que el n¨²mero de abortos no se reduce con restricciones normativas¡±, incide Isabel Serrano, ginec¨®loga experta en derechos reproductivos. Estudios internacionales como el publicado por The Lancet en 2012 con datos de la OMS concluyen que las leyes m¨¢s restrictivas no reducen el n¨²mero de intervenciones, sino que las trasladan hacia pr¨¢cticas m¨¢s inseguras que, adem¨¢s, a la larga pueden tener un coste mayor para los servicios de salud. ¡°Las tasas de natalidad dependen de muchos factores, pero sobre todo de las pol¨ªticas de apoyo a la maternidad de las que carece esta ley¡±, a?ade Serrano.
Por el contrario, la memoria no analiza el que s¨ª podr¨ªa ser un punto de impacto econ¨®mico importante: el coste para los servicios de salud de esta intervenci¨®n. Es una prestaci¨®n incluida en la cartera b¨¢sica de servicios de la sanidad p¨²blica, y por tanto son las autonom¨ªas las que la financian; la mayor¨ªa, a trav¨¦s de conciertos con cl¨ªnicas privadas, que realizan el 93% de estas intervenciones. La nueva ley no saca el aborto de la cartera b¨¢sica, pero si, reduciendo los supuestos permitidos y debido a las trabas burocr¨¢ticas, se redujese el n¨²mero de intervenciones legales esto s¨ª generar¨ªa un impacto en los presupuestos. El coste de esta intervenci¨®n en la privada (sin financiaci¨®n) oscila entre los 300 y los 500 euros.
La memoria, como el anteproyecto de ley aprobado a finales de diciembre por el Consejo de Ministros, refleja la fuerte carga ideol¨®gica de la reforma: indica por ejemplo que tendr¨¢ un impacto de g¨¦nero positivo porque al eliminar el derecho de la mujer a decidir libremente abortar (algo que hoy puede hacer hasta la semana 14? de gestaci¨®n, en lo que se conoce como una ley de plazos) est¨¢ protegiendo su derecho a la vida, a la salud y a la dignidad cuando estos entran en conflicto con los derechos del no nacido. Sostiene, adem¨¢s, que las trabas burocr¨¢ticas y administrativas que el anteproyecto de ley prev¨¦ para que la mujer pueda acceder a esta prestaci¨®n sanitaria (un informe que acredite el riesgo grave para su salud firmado por dos m¨¦dicos, asesoramiento previo y un periodo de siete d¨ªas antes de la intervenci¨®n, por ejemplo) ¡°protegen¡± en realidad su libertad.
Adem¨¢s, el departamento de Ruiz-Gallard¨®n justifica la reforma porque ¡°deja de considerar el aborto como un derecho de la mujer y como un m¨¦todo de planificaci¨®n familiar¡±. Justicia asegura, sin aportar datos, que mientras que en Espa?a el n¨²mero de abortos ha subido, en el entorno europeo no lo ha hecho. Los datos de la Organizaci¨®n Mundial de la Salud desmienten este argumento: los pa¨ªses de Europa occidental tienen una tasa de aborto de 12 por cada 1.000 mujeres en edad f¨¦rtil de media. Igual que Espa?a, donde en 2012 se realizaron unas 112.300 intervenciones.
Limitar el derecho no disminuye las intervenciones, seg¨²n la OMS
El documento apunta tambi¨¦n err¨®neamente a que con la actual ley han aumentado los abortos entre las menores de 19 a?os. Pero seg¨²n los datos de Sanidad, en 2012 la tasa de aborto en esa franja de edad se situaba en 12,95 mientras que un a?o antes era de 13,65. La cifra, adem¨¢s, es ahora algo menor a las que se registraban en Espa?a cuando reg¨ªa la ley de supuestos algo menos restrictiva que la que Justicia plantea.
A¨²n se prev¨¦n varios meses hasta que el anteproyecto ¡ªque ha desatado una dura batalla dentro y fuera del PP¡ª llegue al Parlamento. Todav¨ªa falta que los ¨®rganos preceptivos, las organizaciones profesionales y de expertos y las comunidades emitan sus informes sobre la ley. Algunos, como Canarias o el Consejo Estatal de las Mujeres, ya han adelantado que ser¨¢n muy negativos. A pesar de que Justicia asegura que para la redacci¨®n de la ley ha tenido en cuenta la opini¨®n de los expertos, son numerosas las organizaciones que aseguran que sus voces no se han tenido en cuenta.
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