El carpetazo a la justicia universal archivar¨¢ una docena de causas

El Partido Popular ha acabado este jueves con la justicia universal con un tr¨¢mite parlamentario expr¨¦s por el que a finales de marzo, tras el paso de la proposici¨®n por el Senado, quedar¨¢n archivados una docena de casos que se tramitan en la Audiencia Nacional, entre ellos el del genocidio en el T¨ªbet y el de la muerte en Irak del c¨¢mara de televisi¨®n Jos¨¦ Couso.

La reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial aprobada por el Congreso, que tendr¨¢ efecto retroactivo, elimina o limita la persecuci¨®n de delitos de lesa humanidad reconocidos por el derecho internacional. Los jueces podr¨¢n intervenir solo si el procedimiento se dirige contra un espa?ol o un ciudadano extranjero residente en Espa?a. Es un ¡°atropello¡± de los derechos humanos, seg¨²n los grupos de la oposici¨®n; la renovaci¨®n de un ¡°sistema con mucho ruido y pocas nueces¡±, seg¨²n el PP. Estos son algunos asuntos a los que que la justicia espa?ola dar¨¢ carpetazo.

? Genocidio en T¨ªbet. Abiertos en el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 2 de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Ismael Moreno, quedar¨¢n archivados los procedimientos por el genocidio en T¨ªbet y la persecuci¨®n de la pr¨¢ctica espiritual Falun Gong en China. La orden de detenci¨®n del expresidente chino Jiang Zemin y otros dirigentes del r¨¦gimen amenaz¨® las relaciones entre Espa?a y el gigante asi¨¢tico. Y es precisamente la presi¨®n internacional lo que la oposici¨®n recrimina al Ejecutivo. Esto es, ceder al ¡°chantaje de una tiran¨ªa¡±, en palabras de la diputada de UPyD Irene Lozano. Todos los grupos parlamentarios han rechazado este proyecto que, denuncian, acabar¨¢ favoreciendo a ¡°grandes corruptos, gerifaltes chinos, genocidas y tiranos¡±.

? ¡®Caso Couso¡¯. Los militares estadounidenses responsables de la muerte de Jos¨¦ Couso abrieron fuego contra el hotel Palestina de Bagdad, ocupado por periodistas, el 8 de abril de 2003, en plena guerra de Irak. Ni Estados Unidos ni el Pent¨¢gono han atendido a los requerimientos del juez Santiago Pedraz, titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 1, que emiti¨® una orden de busca y captura de los tres militares imputados en el caso y reclam¨® su comparecencia ante la justicia espa?ola en cuatro ocasiones. La familia del c¨¢mara ha mostrado ya su disposici¨®n a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para que contin¨²e la investigaci¨®n.

? Torturas en Guant¨¢namo. La proposici¨®n aprobada ayer deja, en principio, sin efecto tambi¨¦n la causa que instruye el juez Pablo Ruz sobre torturas en el campo de prisioneros de Guant¨¢namo, porque el texto de la reforma exige que la v¨ªctima tuviera la nacionalidad espa?ola cuando sufri¨® los hechos ¡ªun requisito que solo cumplir¨ªa uno de los denunciantes, el ceut¨ª Hamed Abderram¨¢n¡ª y que el supuesto responsable resida en Espa?a, lo que excluye a los mandos militares del penal de EE UU. En relaci¨®n con este caso, el juez Moreno se declar¨® competente en 2006 para investigar el caso de los vuelos de la CIA y la posible escala en Palma de Mallorca, con destino a Guant¨¢namo, de prisioneros detenidos ilegalmente. La filtraci¨®n de los cables de la Embajada de EE UU en Madrid a trav¨¦s de Wikileaks demostr¨® que las autoridades estadounidenses intentaron presionar a las espa?olas para acelerar el archivo de estos casos.

? Genocidio en el S¨¢hara, Guatemala y Ruanda. El juez Ruz investiga el genocidio en el S¨¢hara tras la denuncia presentada por varias ONG contra militares marroqu¨ªes por la desaparici¨®n de m¨¢s de 500 saharauis desde que Espa?a se retir¨® del territorio, en 1976. Y hace tan solo dos semanas, mientras el PP buscaba la f¨®rmula para acelerar el archivo, un equipo de forenses certific¨® que en unas fosas halladas en el desierto hab¨ªa al menos tres espa?oles. La Audiencia Nacional deber¨¢ dar carpetazo a la causa abierta tras la querella presentada por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Mench¨² contra exdirigentes guatemaltecos por genocidio, terrorismo y torturas. Y lo mismo ocurrir¨¢ en el caso de Ruanda con la investigaci¨®n abierta por el juez Fernando Andreu contra 69 altos cargos por el asesinato de al menos seis ciudadanos espa?oles y cuatro millones de ruandeses durante la guerra civil. Quedar¨ªa sin efecto tambi¨¦n la instrucci¨®n del juez Eloy Velasco contra 20 militares y exmilitares salvadore?os acusados en 1989 del asesinato de cinco jesuitas espa?oles en San Salvador, entre ellos Ignacio Ellacur¨ªa.

? Ablaci¨®n. Si el Senado no somete la proposici¨®n urgente aprobada ayer a una revisi¨®n de este apartado, tambi¨¦n desaparecer¨¢ el amparo a la persecuci¨®n de los delitos relativos a la mutilaci¨®n genital femenina. Seg¨²n datos de la Organizaci¨®n Mundial de la Salud, la ablaci¨®n es practicada cada a?o a tres millones de ni?as en amplias zonas de ?frica y Oriente Medio, y es internacionalmente reconocida como una violaci¨®n de los derechos humanos.

? Narcotr¨¢fico. Antes del debate expr¨¦s escenificado ayer en el Congreso, el Gobierno y el PP enmendaron un art¨ªculo de la reforma de la ley del poder judicial porque el texto inicial limitaba la actuaci¨®n policial en el abordaje de barcos en aguas internacionales. Esta circunstancia pod¨ªa suponer una traba insalvable en la lucha contra el narcotr¨¢fico. El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), que logr¨® a tiempo rectificar el prop¨®sito inicial del Gobierno, cree que el asalto de narcobarcos es uno de los ¡°compromisos internacionales¡± asumidos por Espa?a y cuenta con el respaldo del art¨ªculo 17 de la Convenci¨®n de la ONU contra el tr¨¢fico il¨ªcito de estupefacientes.