40 a?os bajo secreto

El 2 de marzo de 1974, hace ahora 40 a?os, un m¨¦dico militar certificaba la muerte en la c¨¢rcel Modelo de Barcelona de Salvador Puig Antich ¡°por parada cardiorespiratoria por garrote¡±. Ten¨ªa 25 a?os. Su figura ha sido popularizada por el cine, pero las circunstancias de su caso siguen envueltas en una espesa niebla. El caso fue decretado ¡°materia informativa reservada¡± y as¨ª sigue.La solicitud de revisi¨®n del proceso contra Puig Antich ha sido denegada dos veces, pero el caso sigue abierto en Argentina ¡ª en manos de la juez Mar¨ªa Servini de Cubr¨ªa, que recibi¨® la querella por genocidio de las v¨ªctimas del franquismo iniciada por Baltasar Garz¨®n¡ª La prohibici¨®n de acceder a la documentaci¨®n policial custodiada por el Ministerio del Interior contin¨²a vigente. Esta imposibilidad de acceder a los documentos oficiales, ha mantenido vivos una serie de t¨®picos que ocultan la dimensi¨®n de una ejecuci¨®n que marc¨® la hoja de ruta del final de la dictadura, incapaz ya de mantenerse sin el uso de la fuerza.

?El proceso, desarrollado entre septiembre de 1973 y marzo de 1974, fue mucho m¨¢s que una simple venganza por la muerte del presidente del Gobierno Carrero Blanco. Se cruz¨® con la primera crisis del Gobierno de su sucesor, Arias Navarro, abierta por la decisi¨®n de endurecer a toda costa la pol¨ªtica represiva y terminar con cualquier experimento reformista.

Arias, que hab¨ªa sido director general de Seguridad y ministro de Interior, fue el elegido por Franco para ello. Al contrario de lo que se suele asegurar, Arias no se plante¨® ni siquiera la posibilidad del indulto a Puig Antich, asunto al que apenas dedic¨® tiempo. Sus planes no pasaban por contrariar la sentencia de un tribunal militar, y mucho menos la de un asesino de un polic¨ªa de la Brigada Pol¨ªtico Social. La correspondencia del Gobierno Civil de Barcelona, y, sobre todo, dos documentos in¨¦ditos, los informes de 28 de febrero y de 29 de marzo de 1974 de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, as¨ª lo demuestran.

La causa judicial estaba pr¨¢cticamente terminada antes de la muerte de Carrero. A finales de noviembre de 1973, el fiscal militar emiti¨® sus conclusiones provisionales en las que ped¨ªa ya la pena capital. El atentado del 20 de diciembre aceler¨® su tramitaci¨®n, pero no alter¨® el rumbo. Fueron declarados h¨¢biles los d¨ªas de Navidad y, el 31 de diciembre, mientras Arias Navarro era recibido en El Pardo con honores, el fiscal reiteraba su petici¨®n de pena de muerte para Puig Antich.

El Gobernador Civil de Barcelona, Tom¨¢s Pelayo Ros, intent¨® mediar antes de que la sentencia se hiciera definitiva en el consejo de guerra fijado para el 8 de enero. Escribi¨® una carta el 1 de enero al nuevo ministro de Interior haciendo dos observaciones sobre el proceso. ¡°La primera es la duda existente sobre si Puig Antich tiene un perfecto conocimiento de los hechos realizados o se encuentra afectado por alg¨²n trastorno mental. La segunda, si los disparos que recibi¨® el cuerpo del polic¨ªa se?or Anguas proced¨ªan todos ellos del arma empu?ada por Puig Antich, puesto que no est¨¢ suficientemente demostrado cu¨¢ntas veces dispar¨®¡±. La respuesta fue esta breve nota manuscrita: ¡°Al subsecretario de despacho para que me hable y prepare contestaci¨®n evasiva¡±. El Ej¨¦rcito ten¨ªa luz verde.

El 8 de enero, Puig Antich era condenado a muerte por un tribunal en el que el mismo capit¨¢n general de Catalu?a hab¨ªa pedido la presencia de ¡°capitanes j¨®venes resolutivos¡±. La sentencia fue ratificada por el Consejo Supremo de Justicia Militar, un d¨ªa antes del discurso de toma de posesi¨®n de Arias Navarro ante las Cortes, el conocido como Esp¨ªritu del 12 de febrero.

El Gobierno no ten¨ªa dudas, solo calcul¨® el momento para solapar la presi¨®n interior y exterior con una clara intencionalidad pol¨ªtica: desacreditar a los reformistas, aplacar a la extrema derecha y congraciarse con el Ej¨¦rcito y la Polic¨ªa. As¨ª lo explicaba el embajador norteamericano, Horacio Rivero, al secretario de Estado Henry Kissinger: ¡°El inter¨¦s del Gobierno en el orden p¨²blico y su sensibilidad a las presiones de la extrema derecha, explica la decisi¨®n de ejecutar al anarquista catal¨¢n Puig Antich. Para tomar esta decisi¨®n, el Gobierno se ha mostrado p¨²blicamente del lado de la ley y el orden antes que de la moderaci¨®n de los pa¨ªses extranjeros y los grupos liberales espa?oles¡±.

¡°En la clase pol¨ªtica espa?ola¡±, seg¨²n Rivero, ¡°prevalec¨ªa el sentimiento favorable a la ejecuci¨®n, pero era un asunto delicado que pod¨ªa ¨ªrsele de las manos al Gobierno. Adem¨¢s de empeorar la mala imagen ante Europa y bloquear el ingreso en el Mercado Com¨²n, una pol¨ªtica favorable a la pena de muerte producir¨ªa una divisi¨®n con los aperturistas, incluida parte de la Iglesia¡±. No se equivoc¨®. El 24 de febrero estallaba la crisis: el obispo de Bilbao, Antonio A?overos, era acusado de alentar el separatismo en sus homil¨ªas. Arias pidi¨® al secretario de Exteriores que convocara al nuncio apost¨®lico el 1 de marzo.

Esa misma tarde estaba convocado un consejo de ministros para aprobar la ejecuci¨®n. A Puig Antich le quedaban exactamente 12 horas de vida. El jefe de Polic¨ªa de Bilbao comunic¨® al obispo que deb¨ªa abandonar el pa¨ªs. El cardenal Taranc¨®n inform¨® al Gobierno de que esas amenazas pod¨ªan ser sancionadas con la excomuni¨®n, forzando la implicaci¨®n del propio Franco en el asunto A?overos, pero no intervino en el de Puig Antich, como a veces se ha dicho.

La decisi¨®n de no conmutar la pena de muerte estaba tomada bastante tiempo atr¨¢s. El 28 de febrero, Rivero inform¨® sobre su encuentro del d¨ªa anterior con el secretario general de Iberia, Carlos Viniegra, quien le habr¨ªa asegurado que la decisi¨®n del Gobierno de ejecutar a Puig Antich se habr¨ªa tomado ¡°hace semanas, pero no se har¨ªa p¨²blica hasta el regreso del viaje de los Pr¨ªncipes¡±, que se encontraban de gira oficial por Filipinas, India y Arabia Saud¨ª. Los pr¨ªncipes hab¨ªan regresado a Madrid el 27 de febrero y la crisis deb¨ªa resolverse de manera inmediata de orden del propio Arias, que quer¨ªa evitar a toda costa los problemas provocados tras los indultos del proceso de Burgos a varios miembros de ETA.

Las verdaderas razones de la ejecuci¨®n de Puig Antich, por tanto, estaban radicadas en el malestar anterior a la muerte de Carrero. As¨ª lo se?al¨® el embajador Rivero en un documento crucial fechado el 29 de marzo: ¡°Todo indica que al optar por una ejecuci¨®n r¨¢pida, el Gobierno quer¨ªa evitar a toda costa la lecci¨®n del proceso de Burgos de 1970, donde las dudas y las vacilaciones finales que llevaron al indulto preocuparon muy seriamente a los militares, la polic¨ªa y a sus aliados m¨¢s conservadores, que lo vieron como una prueba de debilidad convertida en una victoria por los agitadores de dentro y fuera de Espa?a¡±. El tiempo de las conmutaciones y los indultos hab¨ªa pasado, como qued¨® demostrado poco despu¨¦s.

Fragmento del libro 'Puig Antich: la transici¨®n inacabada (1973-2013)', de pr¨®xima aparici¨®n, de Gutmaro G¨®mez Bravo, profesor de Historia Contempor¨¢nea de la Universidad Complutense.