La investigaci¨®n del ¡®caso B¨¢rcenas¡¯ aprecia delito fiscal en las obras del PP

La instrucci¨®n del caso de los papeles secretos de B¨¢rcenas (publicados por EL PA?S el 31 de enero de 2013) ha entrado en su recta final con algunas certidumbres y una duda de calado. Entre las certezas de los investigadores, y a la espera del ¨²ltimo informe de la Intervenci¨®n General del Estado, est¨¢ que Luis B¨¢rcenas pag¨® 860.000 euros del PP en negro a la empresa Unifica del arquitecto Gonzalo Urquijo por sus trabajos de remodelaci¨®n de la sede del PP. La investigaci¨®n no tiene acreditado que esta firma declarase ese ingreso al fisco. Por este motivo, Urquijo puede acabar en el banquillo por delito fiscal. Y, como colaborador necesario, el propio B¨¢rcenas.

Los investigadores han acreditado ya ¡ªas¨ª constan en resoluciones del juez Pablo Ruz¡ª que entre 1990 y 2008 (periodo que comprenden las pesquisas), el ex tesorero del PP Luis B¨¢rcenas y su antecesor ?lvaro Lapuerta dispusieron de una caja B opaca el fisco que se aliment¨® con donaciones (8,3 millones de euros) de algunos de los grandes constructores del pa¨ªs.

El debate ahora es el encaje en el C¨®digo Penal de algunas de estas conductas. Al margen del reproche ¨¦tico y de las multas administrativas que puedan derivarse de ellas, los investigadores se han encontrado con que o estaban prescritas o que no todas ellas figuran tipificadas como delito. Es decir, pueden acarrear multas, pero no son delitos, que es lo que investiga Ruz.

El escenario actual, seg¨²n los investigadores, es la constataci¨®n de indicios suficientes de la comisi¨®n de un delito fiscal en el ejercicio 2008 en relaci¨®n con las obras de remodelaci¨®n de la sede del PP por parte de la empresa Unifica, cuyo director general es el arquitecto Gonzalo Urquijo. La obra de G¨¦nova se extendi¨® entre los a?os 2005 y 2010. Urquijo ha declarado que los pagos oficiales del PP por esas obras lo fueron a su empresa, nunca a t¨ªtulo individual. Y ha negado la recepci¨®n del dinero opaco que le atribuye B¨¢rcenas.

El extesorero ha subrayado que pag¨® 860.000 euros en negro en 2008 a Urquijo (¨²nico ejercicio no prescrito de los investigados del que puede derivarse un delito fiscal). Ese delito ser¨ªa atribuible a Unifica y, por extensi¨®n a Urquijo, y en ¨¦l tambi¨¦n estar¨ªa involucrado, como cooperador necesario, Luis B¨¢rcenas, porque admite que ¨¦l mismo entreg¨® ese dinero en b.

La sede de Unifica ha sido registrada en busca de papeles que permitan deducir que el dinero sali¨® de las manos del extesorero popular y que acab¨® en las de Unifica. Al ser opaco ese dinero, l¨®gicamente no est¨¢ en las cuentas oficiales de esta firma. No obstante, en el registro se ha hallado un recib¨ª que contiene parte de esa cantidad y documentos extracontables arm¨®nicos con las entregas a las que alude el extesorero. Es decir, ya hay indicios suficientes de que esa entrega se efectu¨® y no fue declarada. La intenci¨®n de los investigadores es desgajar el asunto Urquijo de la causa principal de los papeles de B¨¢rcenas y remitirlo a los juzgados de la plaza de Castilla.

?Y que va a ocurrir con la pieza principal; esto es, con las donaciones ilegales de los empresarios? ?Concurre en todo este asunto el cohecho, que junto al delito fiscal son los dos delitos que ha indagado Ruz? Y, dando por hecho que hubo donaciones ilegales al PP, ?cabe establecer que el partido cometi¨® delito fiscal por no declararlas al fisco como Impuesto de Sociedades? Este es el principal debate que tienen ahora los investigadores. La causa intenta aclarar si hay relaci¨®n entre el pago de los empresarios al PP y la adjudicaci¨®n de obras p¨²blicas. Si se confirmara, eso ser¨ªa un delito de cohecho.

La investigaci¨®n est¨¢ a la espera de que los peritos le env¨ªen un ¨²ltimo informe en el que analizan las obras adjudicadas a los donantes del PP (algunos de las grandes constructoras espa?olas) e informen si hubo favoritismo. El informe est¨¢ en fase de elaboraci¨®n y sus primeras conclusiones son que, jur¨ªdicamente, no cabe establecer un cohecho. Y es que, al ser donaciones en negro, no hay rastro de ellas en las cuentas oficiales de los empresarios. Y, adem¨¢s: se trata de los mismos constructores que realizan casi todas las obras p¨²blicas de Espa?a, tanto con el PSOE como con el PP en el poder. Y el cohecho requiere precisar qui¨¦n paga, cu¨¢ndo, qui¨¦n recibe y qu¨¦ obra concreta fue objeto de ese trato de favor.

Los empresarios han negado las donaciones ilegales que B¨¢rcenas les atribuye en sus papeles. S¨®lo alguno de ellos ha admitido haber donado dinero a FAES, la fundaci¨®n del Partido Popular, algo permitido por la Ley. Por tanto, el informe final del caso B¨¢rcenas no contendr¨¢ el delito de cohecho. En cambio, s¨ª hablar¨¢ de delitos fiscales. Y es aqu¨ª es donde surgen las dudas. Hay discrepancias entre los investigadores. Si por la Agencia Tributaria fuera, no cabe imputar delito fiscal en el asunto de las donaciones. Y tampoco en lo de los sobresueldos a determinados dirigentes del PP que han admitido los cobros. Adem¨¢s de que la mayor¨ªa habr¨ªan prescrito, ninguna entrega supera la cuota penal tributaria de los 120.000 euros en un ¨²nico ejercicio. A lo sumo habr¨ªa infracciones administrativas, susceptibles de multas, pero no desde la perspectiva penal.

Hacienda extrae su interpretaci¨®n del art¨ªculo 10 de la ley que regula el r¨¦gimen tributario de los partidos pol¨ªticos. Esta norma entr¨® en vigor en 2008 y sustituy¨® a la que reg¨ªa cuando algunos empresarios acud¨ªan a G¨¦nova con dinero en mano para hacer sus donaciones, que luego B¨¢rcenas se encargaba de administrarlas y de trocearlas antes de trasladarlas a las cuentas oficiales del partido con la finalidad de enga?ar al Tribunal de Cuentas y aparentar que el PP respetaba la ley. El citado art¨ªculo 10 dice que los partidos pol¨ªticos est¨¢n exentos de tributar en el impuesto de sociedades por las donaciones que reciban dada su finalidad social.

El juez Ruz y el Fiscal Anticorrupci¨®n Antonio Romeral no comparten los argumentos de la Agencia Tributaria. Para ellos, lo dicen en sus escritos, cualquier donaci¨®n ilegal (es decir, superior a los 60.000 euros de tope que impon¨ªa la ley en 2007 o hechas por contratistas de la administraci¨®n) no se considera una donaci¨®n y debe tributar como un ingreso extraordinario por el impuesto de sociedades. Y si resulta que hay un ejercicio econ¨®mico (no prescrito, casi todos los est¨¢n, menos el de 2008) en el que de las donaciones ilegales se infiera una cuota defraudada igual o superior a 120.000 euros, entonces el PP habr¨ªa cometido un delito fiscal. Pero los partidos no delinquen, s¨ª las personas. El problema de imputar este delito fiscal es, con vistas a un juicio, tener en contra el informe pericial de la Agencia Tributaria. Las acusaciones populares han presentado informes de catedr¨¢ticos rebatiendo las tesis de Hacienda.

?Y qui¨¦n ser¨ªa el autor de que no se declaren los impuestos en un partido? Salvo que demuestre que un superior suyo del partido le orden¨® mantener una contabilidad opaca al fisco y no declararla, el culpable ser¨ªa B¨¢rcenas, entonces tesorero del PP.