Ruz cita a declarar a la c¨²pula de G¨¹rtel para rematar la investigaci¨®n
El juez interrogar¨¢ de nuevo a Correa, Crespo, Izquierdo y El Bigotes El magistrado imputa a una funcionaria de la Consejer¨ªa de Presidencia de la Comunidad de Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz quiere ir cerrando, aunque sea por partes, la investigaci¨®n del caso G¨¹rtel, la gran causa de corrupci¨®n vinculada al Partido Popular. Con ese fin, ha citado para los pr¨®ximos d¨ªas 19 a 21 de marzo al cerebro de la trama, Francisco Correa, y a los principales miembros de la c¨²pula corrupta: Pablo Crespo, exsecretario de organizaci¨®n del PP gallego; ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, delegado de la trama en la Comunidad Valenciana, y el contable del grupo, Jos¨¦ Luis Izquierdo. Los cuatro ser¨¢n interrogados con dos objetivos: el primero, aclarar datos sobre supuestos delitos acumulados a lo largo de cinco a?os de pesquisas; el segundo, no menos importante, garantizar el derecho de defensa de los imputados.
Cuando los l¨ªderes de la G¨¹rtel declararon ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional al iniciarse la investigaci¨®n, los hechos se encontraban bajo secreto de sumario. Durante estos a?os, el juez ha recibido numerosos informes de la polic¨ªa, de la Agencia Tributaria y de autoridades judiciales extranjeras, que han permitido poner en pie la que quiz¨¢ sea la causa de corrupci¨®n m¨¢s extensa de cuantas se han investigado en Espa?a. Ruz, que no quiere que cualquier alegaci¨®n de vulneraci¨®n del derecho de defensa desbarate el caso, ha convocado a los cuatro principales miembros de la trama a petici¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.
Ruz los se?ala como presuntos autores de, al menos, seis delitos continuados: cohecho, prevaricaci¨®n, malversaci¨®n, fraude a la Administraci¨®n p¨²blica, delitos contra la hacienda p¨²blica, falsedad y blanqueo de capitales. "Teniendo en cuenta que se tom¨® declaraci¨®n a alguno de ellos cuando la causa estaba a¨²n secreta" o antes de que se remitiera documentaci¨®n de las comisiones rogatorias, de la polic¨ªa y Hacienda, el juez ha decidido volver a llamarlos a declarar, aunque cualquiera de ellos, en su condici¨®n de imputados, podr¨ªa haber acudido en cualquier momento al juzgado.
En su auto, el juez se?ala a Correa como "l¨ªder" del entramado societario para "obtener irregularmente adjudicaciones p¨²blicas -bien para sus empresas bien para terceros- mediante la entrega de d¨¢divas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en esas contrataciones". El juez sit¨²a esa actividad delictiva "fundamentalmente", en Castilla y Le¨®n, la Comunidad de Madrid y Estepona (M¨¢laga), y omite la Comunidad Valenciana, dado que esta rama est¨¢ siendo investigada en el tribunal superior de esa comunidad.
"Las d¨¢divas presuntamente percibidas por los distintos cargos p¨²blicos consist¨ªan en dinero en efectivo o en prestaciones de servicios", expone el magistrado en su auto.
Ruz considera que hay adem¨¢s indicios para afirmar que Correa colabor¨® con la "ocultaci¨®n de los fondos percibidos por los distintos cargos p¨²blicos". Y apunta que, adem¨¢s, "habr¨ªa ocultado a la Hacienda p¨²blica todos sus ingresos".
Respecto a Crespo, el juez lo sit¨²a como el "encargado de la gesti¨®n diaria del entramado sin perjuicio del superior control y supervisi¨®n y estar¨ªa auxiliado por Jos¨¦ Luis Izquierdo". Sobre este, Ruz sostiene que era el "encargado, b¨¢sicamente, de la gesti¨®n de la tesorer¨ªa opaca del grupo y de la facturaci¨®n irregular vinculada a ella".
Por otra parte, el magistrado ha citado como imputada a Julia L¨®pez Valladares, funcionaria de la Consejer¨ªa de Presidencia de la Comunidad de Madrid, para responder por los contratos del gobierno regional con las empresas de la trama de Correa para la celebraci¨®n de actos de propaganda pol¨ªtica de la expresidenta madrile?a Esperanza Aguirre. Seg¨²n el juez, L¨®pez Valladares, "podr¨ªa haber tenido una participaci¨®n activa" en la contrataci¨®n irregular de las empresas de G¨¹rtel. En concreto, Ruz le atribuye haber "dado instrucciones" a las empresas de Correa "de c¨®mo deb¨ªan facturar al objeto de eludir los correspondientes procedimientos de contrataci¨®n", y en particular sobre "como facturar un mismo acto por diversas entidades aparentemente independientes, reduciendo as¨ª su importe individual por debajo de 12.020 euros, lo que les permitir¨ªa tramitarlo como contrato menor".
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