M¨¢s de 2.000 municipios se suman al recurso contra la reforma local
Los Ayuntamientos creen que la ley vulnera sus competencias constitucionales
El PP ha logrado algo dif¨ªcil: aunar la voluntad de m¨¢s de 2.000 Ayuntamientos (de los 8.117 que hay en Espa?a) contra una de las reformas estrat¨¦gicas del Gobierno: la ley local que entr¨® en vigor el 1 de enero. Ese es el n¨²mero de plenos que a estas alturas ya se ha sumado al recurso de inconstitucionalidad contra la ley que, seg¨²n el Ejecutivo, recortar¨¢ 8.000 millones. El recurso ataca que la reforma no respete ¡°la configuraci¨®n constitucional de la autonom¨ªa local, recogida en los art¨ªculos 137 y 140 de la ley fundamental¡±. ¡°Crea dos clases de municipios, los grandes y los de menos de 20.000 habitantes, abocados en convertirse en meros foros de discusi¨®n pol¨ªtica sin capacidad de gestionar servicios [...] Desapodera a los peque?os y establece controles de oportunidad por parte de otras administraciones que sit¨²an a las entidades locales en posici¨®n de subordinaci¨®n¡±.
La cifra de Ayuntamientos opositores seguir¨¢ creciendo en las pr¨®ximas semanas hasta apurar el plazo (termina el 31 de marzo) de la impugnaci¨®n. Sus promotores, PSOE, PSC, Izquierda Plural (IU, ICV, CHA), BNG, CiU, ERC y UPyD, aseguran que han superado con creces los requisitos legales, que exig¨ªan el acuerdo de 1.160 consistorios que representasen una sexta parte de la poblaci¨®n espa?ola (7,8 millones). ¡°Calculamos que al final rebasaremos los 3.000, con m¨¢s de diez millones de ciudadanos¡±, asegura el diputado socialista Gaspar Zarr¨ªas, quien cree que la norma es un instrumento ¡°pensado para dar entrada al sector privado en la gesti¨®n de los servicios p¨²blicos y poner todo el poder en manos de las diputaciones¡±.
Una de las ¨²ltimas mociones la firmar¨¢ el pr¨®ximo d¨ªa 14 el Ayuntamiento de Barcelona (CiU). Por ser el de mayor poblaci¨®n se encargar¨¢ de canalizar hacia el Constitucional las impugnaciones. El diputado de CiU y edil en Roses (Girona) Carles P¨¤ramo lo resume as¨ª: ¡°Los concejales del PP nos dicen con la boca peque?a que tambi¨¦n cruzan los dedos para que tumbemos la ley¡±. En su municipio, la moci¨®n de apoyo al recurso ha salido adelante gracias a la abstenci¨®n de los concejales conservadores. La iniciativa tambi¨¦n ha fructificado con los votos del PP en una docena de localidades como Chipiona (C¨¢diz) o en municipios donde el PP gobierna sin mayor¨ªa, como Alcal¨¢ o Getafe (Madrid), evidenciando la irritaci¨®n de los alcaldes. En Galicia, donde los alcaldes populares amenazaron con un mot¨ªn, el Gobierno aut¨®nomo de Alberto N¨²?ez Feij¨®o (PP) ha conseguido aplacar sus cr¨ªticas preparando a toda prisa una ley de medidas urgentes que evite ¡°resultados indeseables o disfuncionalidades¡± en los servicios.
En Catalu?a el recurso ha conseguido 724 apoyos, y los partidos esperan ¡°otros 200¡±, seg¨²n el pron¨®stico de Manuel Fuentes, responsable de pol¨ªtica municipal de IU. En Madrid las adhesiones aglutinan poblaciones con m¨¢s de un mill¨®n de habitantes.
Zaragoza abre un frente por las competencias
Primero fue la pelea por aclarar los topes en los sueldos de los alcaldes y ahora la reforma local ha abierto la espita de una guerra de competencias entre Administraciones.
El Ayuntamiento de Zaragoza, dirigido por Juan Alberto Belloch (PSOE), ha enviado al Gobierno de Arag¨®n (PP) un informe para aplicar de forma ¡°pac¨ªfica y progresiva¡± la norma. El documento, que enumera servicios que dejar¨ªan de ser competencia del municipio, est¨¢ desatando una agria pol¨¦mica, que amenaza con extenderse a otros Ayuntamientos. Belloch reclama 113 millones por seguir haci¨¦ndose cargo de la casa de la mujer, los programas de juventud, la ayuda a domicilio, la teleasistencia, el servicio de animaci¨®n sociocomunitaria, los 31 centros de convivencia de personas mayores, el conservatorio de m¨²sica, la escuela de danza, las oficinas de atenci¨®n al consumidor e incluso por la gesti¨®n de los taxis. La Universidad Popular, la escuela de jardiner¨ªa, el programa de erradicaci¨®n del chabolismo o el centro de prevenci¨®n de adicciones tambi¨¦n entrar¨ªan, seg¨²n el Ayuntamiento de Zaragoza, en la lista de las competencias atribuidas a la comunidad aut¨®noma y que, con la ley en vigor, necesitan financiaci¨®n espec¨ªfica del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi. 726 personas trabajan para prestar estos servicios.
El consistorio, que no ha recibido ninguna respuesta a su reclamaci¨®n, acaba de sumarse al recurso de inconstitucionalidad planteado ya en m¨¢s de 2.000 Ayuntamientos.
La batalla pol¨ªtica entre Administraciones gobernadas por partidos distintos subyace a esta reclamaci¨®n de competencias y se extiende a pueblos peque?os. Malag¨®n (8.556 habitantes, Ciudad Real), junto a Bola?os de Calatrava, Almod¨®var del Campo y Villarrubia de los Ojos, gobernados por el PP en la misma provincia, han exigido por carta a la Diputaci¨®n, en manos del PSOE, que deje de pasarles la cuota del servicio de bomberos. Otro ejemplo est¨¢ en Alicante, donde el municipio de El Campello, gobernado por el PP, ha congelado las ayudas al transporte para j¨®venes que estudian fuera.
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