Andaluc¨ªa y Catalu?a se plantan contra la reforma de la ley del aborto

La ley del aborto sigue siendo un tema de enorme fricci¨®n para el Gobierno de Mariano Rajoy. El presidente no ha conseguido acallar el avispero que se ha generado en su propio partido por la reforma m¨¢s restrictiva de la democracia en la materia. Una apuesta que le est¨¢ costando cara ¡ªsobre todo a su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n¡ª en las encuestas. Ahora, tras el hurac¨¢n ¡ªhasta la manifestaci¨®n del d¨ªa de la mujer ha sido hist¨®rica, por multitudinaria¡ª, prepara algunos cambios apoy¨¢ndose en los informes que ha encargado para recoger la visi¨®n de distintos organismos, y que est¨¢n empezando a llegar a la mesa de Ruiz-Gallard¨®n. Las dos comunidades m¨¢s pobladas, Andaluc¨ªa (gobierno socialista) y Catalu?a (CiU) reclaman al Ministerio de Justicia la retirada del texto. Gallard¨®n prepara cambios leves en el anteproyecto en relaci¨®n al aborto por malformaci¨®n. El ministro defend¨ªa que no pudiera alegarse espec¨ªficamente esa raz¨®n para abortar pues la nueva norma la supedita a que la anomal¨ªa fetal suponga un riesgo para la salud psicol¨®gica de la mujer. Ese recorte es el que m¨¢s cr¨ªticas, y m¨¢s duras, ha reunido.

El propio presidente del Gobierno ya abri¨® la puerta a esa opci¨®n hace unas semanas en el Congreso cuando argument¨® que la nueva ley ser¨¢ ¡°en lo sustancial¡± similar a la de 1985; una norma que inclu¨ªa el supuesto de aborto por malformaci¨®n fetal grave. Ahora, fuentes del Ejecutivo tambi¨¦n apuntan en esa direcci¨®n, aunque a?aden que todav¨ªa no se ha definido c¨®mo se estructurar¨¢ ese cambio.

Pero el retoque, que puede ser una f¨®rmula para escenificar cierto consenso, no modificar¨¢ en realidad la parte esencial de la ley. Esta seguir¨¢ siendo un modelo de supuestos muy restrictivo: elimina el derecho de la mujer a abortar sin alegar ninguna raz¨®n (permitido ahora hasta la semana 14 de gestaci¨®n). Y eso es algo que elimina toda posibilidad de acuerdo con otros grupos parlamentarios. Ninguno, a excepci¨®n del PP ¡ªy algunos diputados de Uni¨°¡ª, apoyar¨¢ esa vuelta atr¨¢s.

Paso atr¨¢s. Esas cr¨ªticas al retroceso que llegar¨¢ nutren ya los informes de alegaciones al anteproyecto de ley que han elaborado las autonom¨ªas no gobernadas por el PP. Andaluc¨ªa, Asturias, Canarias y Catalu?a piden directamente su retirada. En los documentos que han llegado o llegar¨¢n a Justicia, las tres primeras rechazan la reforma por el ¡°recorte¡± y la ¡°regresi¨®n¡± que supondr¨ªa en los derechos de la mujer. La ¨²ltima incide en que una ley de este tipo necesita un amplio consenso, y en que el aborto no puede utilizarse como herramienta de disputa partidista. Una visi¨®n similar a la del Gobierno vasco, cuyo portavoz la ha definido varias veces como ¡°un paso atr¨¢s francamente incomprensible¡±.

Adem¨¢s de a las comunidades, Justicia ha remitido su Ley de Protecci¨®n de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada a organismos como el Consejo General del Poder Judicial o al Consejo Fiscal ¡ªque han pedido pr¨®rroga para elaborar sus alegaciones¡ª. Tambi¨¦n a los ministerios de Sanidad y de Educaci¨®n, que no parecen tener prisa para pronunciarse pues a¨²n no han enviado sus observaciones. S¨ª lo han hecho las organizaciones sociales, de mujeres y sanitarias a las que el departamento de Gallard¨®n tambi¨¦n pregunt¨® (unas 30). Los informes de la mayor¨ªa de ellas son muy cr¨ªticos.

Anomal¨ªas fetales. Casi todos los informes encargados, a excepci¨®n de los de las asociaciones contrarias al aborto, coinciden en la necesidad de recuperar el supuesto de malformaci¨®n ¡ªque la ley actual recoge hasta la semana 22 para patolog¨ªas graves y sin plazo para las extremas o incompatibles con la vida¡ª. Este es tambi¨¦n uno de los puntos m¨¢s delicados tanto dentro del PP como del Gobierno. Pese a que en p¨²blico el equipo de Rajoy mantiene que la norma, elaborada por Justicia, es ¡°de todo el Gobierno¡± ¡ªal fin y al cabo fue aprobada por el Consejo de Ministros¡ª, ya el anuncio de Gallard¨®n en 2012 de que suprimir¨ªa el supuesto de malformaci¨®n gener¨® gran disgusto entre varios miembros del Ejecutivo.

Tambi¨¦n en la c¨²pula de Sanidad, donde se critic¨® que tocase un tema tan delicado ¡ªsuponen el 3% de los m¨¢s de 112.000 abortos al a?o y son casos muy angustiosos¡ª. La desaz¨®n fue mayor cuando se vio que la ley eliminaba el supuesto de aborto por anomal¨ªas fetales extremas pero no mortales en el segundo trimestre de gestaci¨®n.

Algo que tambi¨¦n critica duramente el informe que la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial ¡ªque agrupa a todos los m¨¦dicos de todas las especialidades colegiados en Espa?a¡ª ha remitido a Justicia. En ¨¦l reclama que el supuesto de aborto por anomal¨ªa fetal se quede como en la actual ley.

El Gobierno gallego no ha hecho p¨²blicas sus alegaciones, aunque ya anunci¨® que ir¨ªan en la l¨ªnea de recuperar el esp¨ªritu de la norma de 1985, lo que da a entender que la Xunta se pronunciar¨¢ en contra de penalizar los abortos por malformaci¨®n fetal. De hecho, el presidente gallego, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, ha sido uno de los barones del PP ¡ªjunto con el extreme?o, Jos¨¦ Antonio Monago¡ª que con m¨¢s insistencia ha pedido al Ejecutivo central que no apruebe la ley sin alcanzar un acuerdo con la oposici¨®n.

Derecho de la mujer. La reforma de la ley del aborto ha espoleado una inmensa marea violeta de oposici¨®n. Con ese impulso, las organizaciones de mujeres consultadas han exigido al Gobierno que retire un texto que consideran ¡°insalvable¡±. En sus duras alegaciones, en las que recuerdan que con la reforma Espa?a se aleja del modelo de plazos vigente en la mayor¨ªa de la UE, las asociaciones claman contra una norma que elimina el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad. Piden que no se derogue la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva (de 2010). ¡°La nueva norma devolver¨¢ a las mujeres a una situaci¨®n de siervas y esclavas¡±, dice la Federaci¨®n de Mujeres Separadas y Divorciadas. La asociaci¨®n de mujeres juristas Themis ¡ªy las 13 entidades del Consejo de Participaci¨®n de la Mujer¡ª defiende adem¨¢s la constitucionalidad de la actual ley, frente a los argumentos del Gobierno, que asegura que emprende la reforma para proteger los derechos del no nacido, en consonancia con la doctrina del alto tribunal. ¡°La Constituci¨®n define al no nacido como un bien jur¨ªdico protegido, pero no sujeto de derechos hasta el nacimiento. La titular de derechos fundamentales es la mujer¡±, dicen.

Delito. El anteproyecto de ley despenaliza el aborto en dos supuestos, aunque tambi¨¦n determina que la mujer que interrumpa voluntariamente su embarazo fuera de ellos no tendr¨¢ pena. La Fundaci¨®n Mujeres reclama que el aborto salga del C¨®digo Penal. ¡°Ese no es el instrumento adecuado para regular temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y con procedimientos sanitarios¡±, se?alan.

Salud mental. ¡°La mujer que por distintas circunstancias decide interrumpir voluntariamente su embarazo no ha de ser considerada ni definida de antemano como una enferma mental¡±, dice el texto aprobado por la Asamblea de la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial. Estos facultativos, al igual que los profesionales de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo (Acai), critican el papel que les otorga la reforma. Son ellos quienes deben dictaminar que la mujer padece ese riesgo ¡°permanente y duradero en el tiempo¡± que le permitir¨¢ abortar. Y piden cambios. Sostienen que la decisi¨®n debe ser de la mujer

El informe del Gobierno andaluz tambi¨¦n habla de salud mental. Y menciona las consecuencias que las restricciones en el aborto pueden provocar a la mujer. Cita varios estudios que revelan un aumento de suicidios en mujeres a las que no se les ha permitido interrumpir el embarazo, y otros que enumeran los problemas que se pueden presentar cuando se le niega el derecho a una mujer a abortar: trastornos de ansiedad, angustia, pensamientos negativos hacia el beb¨¦ e incapacitaci¨®n para la toma de decisiones.

Objeci¨®n. El anteproyecto impulsado por Gallard¨®n establece que todos los profesionales sanitarios puedan objetar en relaci¨®n con el aborto. De las organizaciones sanitarias consultadas, solo el Consejo General de Enfermer¨ªa est¨¢ satisfecho con esta idea. La Sociedad Espa?ola de Ginecolog¨ªa y Obstetricia (SEGO) ¡ªa quien Justicia no consult¨® en un primer momento¡ª, cree que solo aquellos profesionales que participen de manera directa en la intervenci¨®n deben poder inhibirse alegando razones de conciencia. La SEGO critica adem¨¢s que la ley no se someti¨® a un debate riguroso desde el punto de vista m¨¦dico.

Barreras de acceso. El informe de las cl¨ªnicas ¡ªdonde se realizan m¨¢s del 90% de las intervenciones¡ª exige la retirada de la ley. Acai cree que el Gobierno ¡°desconf¨ªa¡± de la ¨¦tica y la profesionalidad de los profesionales porque exige que dos firmen el dictamen que autoriza a la mujer a abortar. Dos m¨¦dicos, adem¨¢s, que no trabajen en el centro donde se har¨¢ la intervenci¨®n. Esto, adem¨¢s de ser una barrera puede tener consecuencias: si el aborto se hiciera en un hospital, la mujer no podr¨ªa contar con los especialistas de ese centro.Tambi¨¦n Andaluc¨ªa, Canarias, Asturias, as¨ª como las organizaciones de mujeres y las m¨¦dicas alegan que el camino burocr¨¢tico y administrativo que ha trazado la nueva ley ¡ªvisita a dos m¨¦dicos, asesoramiento social, siete d¨ªas de espera¡ª es un obst¨¢culo.

Ayudas a la maternidad. La mayor¨ªa de los informes inciden en que la ley est¨¢ vac¨ªa de contenido social. La OMC, Acai, las organizaciones de mujeres e incluso las organizaciones contrarias a esta intervenci¨®n ¡ªpiden una ley de ¡°aborto cero¡±¡ª reclaman m¨¢s ayudas para quienes decidan seguir adelante con el embarazo. El documento enviado por Red Madre, por ejemplo, va en esa l¨ªnea y pide no solo ayudas econ¨®micas sino tambi¨¦n beneficios fiscales y reformas en las pol¨ªticas empresariales.

Con informaci¨®n de Reyes Rinc¨®n, Miquel Noguer y Xos¨¦ Hermida.