El PP acusa al juez Pedraz de actuar con ¡°sesgo ideol¨®gico¡± en el ¡®caso Couso¡¯

Preguntado ayer al respecto, eludi¨® pronunciarse sobre la decisi¨®n del juez Santiago Pedraz de mantener el caso Couso tras la reforma de la justicia universal. "Respetamos las decisiones judiciales, cualquiera que sea el sentido de las mismas, como no puede ser de otra manera", se?al¨® Carlos Floriano, recurriendo al mantra oficial de la formaci¨®n, en rueda de prensa en la sede nacional del PP. Pero este martes el n¨²mero tres del partido mayoritario ha cambiado radicalmente de postura. El vicesecretario de Organizaci¨®n y Electoral ha cargado contra la actuaci¨®n del magistrado de la Audiencia Nacional y, en una entrevista en la Cope, ha afirmado que tiene "sesgo ideol¨®gico" y le parece "fuera de lugar", puesto que "los jueces est¨¢n obligados a aplicar la ley", en este caso dictada por un procedimiento ultrarr¨¢pido del Congreso de los Diputados.

No lo ve as¨ª Baltasar Garz¨®n, quien ha animado a los jueces a "rebelarse" contra el carpetazo de la justicia universal. Para el exjuez de la Audiencia Nacional, quien ha participado en un seminario organizado por el Grupo de la Izquierda Plural en la C¨¢mara baja, "Pedraz ha hecho lo correcto" y, en su opini¨®n, los magistrados tienen la obligaci¨®n de "no acatar las leyes inconstitucionales". "Esto es lo que ha hecho el juez Pedraz y es lo que tienen que hacer los dem¨¢s hasta que no se resuelvan estas cuestiones que est¨¢n pendientes sobre una ley exorbitante y claramente contraria a los tratados internacionales ratificados por Espa?a", ha manifestado. Pero Garz¨®n ha ido m¨¢s all¨¢ al considerar que los responsables de esta reforma podr¨ªan enfrentarse a un reproche penal. "Me llama la atenci¨®n sobremanera", ha dicho, "que los diputados y senadores [del PP] que han aprobado la ley no se hayan dado cuenta de esto, lo cual evidencia que se busca la excepcionalidad o ser una ley ad hoc'". No obstante, en opini¨®n de Alfonso Alonso, esta reflexi¨®n es "pintoresca"? y "no tiene ninguna base". El portavoz parlamentario de los populares ha recordado adem¨¢s que fue Garz¨®n quien tuvo un reproche, en referencia a la condena que le expuls¨® de la carrera judicial.

Floriano ha aprovechado, en cambio, para criticar el "perfil ideol¨®gico" de la judicatura. "Dependiendo de d¨®nde caiga un asunto", ha insistido, una causa se puede resolver en un sentido o en otro en funci¨®n del "perfil ideol¨®gico del juez". Y, en relaci¨®n con la postura de Pedraz, ha opinado que existen "determinadas posiciones que son dif¨ªcilmente explicables y, sobre todo, dudosas cuando, en otros casos, el comportamiento es distinto porque este asunto tiene un determinado sesgo y, en otros asuntos, que tienen otro sesgo, me comporto de otra manera distinta". Y ha destacado: "Eso no es culpa de los pol¨ªticos, eso es culpa de quien lo hace, como es culpa de los que toman decisiones siempre en la misma direcci¨®n, no porque lo diga la ley, sino porque el asunto tiene determinado sesgo ideol¨®gico". Hace dos a?os fue otro dirigente del PP, el diputado Rafael Hernando, quien arremeti¨® contra el juez que decidi¨® no aplicar el carpetazo de la justicia universal al llamarle "pijo ¨¢crata" por defender las "opiniones subjetivas" de quienes se manifiestan ante el Parlamento.

"Sin pretender decirle al juez lo que tiene que hacer, lo que no se puede es decir yo no aplico la ley, porque los jueces est¨¢n obligados a aplicar la ley", ha recalcado Floriano, quien ha agregado: "Har¨ªamos un gran favor si los jueces se dedicasen a aplicar la ley y nosotros a legislar".

En pleno caso B¨¢rcenas, en marzo de 2013, el responsable de Organizaci¨®n de los populares carg¨® sin medias tintas contra la Audiencia Nacional y denunci¨® la ¡°pugna¡± entre los jueces Pablo Ruz y Javier G¨®mez Berm¨²dez. Floriano calific¨® el conflicto de competencias entre los dos jueces de ¡°situaci¨®n esperp¨¦ntica¡± y circunstancia ¡°poco edificante¡± de la que ¡°solo puede salir beneficiado el presunto delincuente [el extesorero] y que genera la desconfianza de la opini¨®n p¨²blica en el sistema judicial¡±.?