Andaluc¨ªa recurre ante el Constitucional la ley de reforma de los Ayuntamientos
Diego Valderas calcula que la norma podr¨ªa costar a la Junta cerca de 600 millones Catalu?a, Canarias y Asturias presentar¨¢n antes de que termine el mes sus recursos
El vicepresidente andaluz, Diego Valderas, ha presentado este jueves ante el Tribunal Constitucional el recurso de la Junta contra la reforma local, una ley que entr¨® en vigor el pasado mes de enero y que refuerza el papel de las diputaciones sobre los municipios. Andaluc¨ªa, primera autonom¨ªa que la recurre, calcula que la ley, lejos del ahorro previsto por el Gobierno (de 8.000 millones)? puede costar a las arcas p¨²blicas solo en esa comunidad 600 millones de euros por el traspaso de competencias municipales. Aunque la objeci¨®n jur¨ªdica principal, explica Valderas, se centra en "la invasi¨®n de competencias auton¨®micas".
El Estatuto de Andaluc¨ªa, igual que el catal¨¢n, determina que es la autonom¨ªa quien tiene "competencias exclusivas", en materia local. A su amparo se han dictado hasta tres leyes reguladoras que, con la nueva norma estatal, "quedar¨ªan pr¨¢cticamente derogadas", seg¨²n ha explicado esta ma?ana Valderas. "El Estatuto es una norma b¨¢sica y esta ley ha nacido con la oposici¨®n de la pr¨¢ctica totalidad del arco parlamentario. Pol¨ªticamente nace ag¨®nica. Es una norma m¨¢s contable que pol¨ªtica que no alcanzar¨¢ sus objetivos". El vicepresidente andaluz asegura que "ni siquiera los secretarios e interventores tienen clara su aplicaci¨®n", e insiste en que la regulaci¨®n "ha abierto un marco de incertidumbre", desde que entr¨® en vigor. Por eso ha pedido al Constitucional que "resuelva cuanto antes", los recursos presentados.
El pasado s¨¢bado, los principales partidos de la oposici¨®n hicieron p¨²blico su recurso contra la ley, que pasar¨¢ a la historia por ser una de las m¨¢s contestadas de la legislatura de Mariano Rajoy. Representantes de PSOE, PSC, IU, ICV, CHA, UPyD, CiU, ERC, BNG y CC-NC, Comprom¨ªs-Equo, de la Confederaci¨®n de Agrupaciones y Partidos Independientes (CAPI) y de la Federaci¨®n de entidades Locales menores (FEEM), escenificaron su rechazo con un recurso ante el Tribunal Constitucional avalado por 2.000 ayuntamientos, que representan a 15 millones de ciudadanos.
Esta semana se prev¨¦ la presentaci¨®n de otros tres recursos de las comunidades aut¨®nomas de Canarias, Catalu?a y Asturias.
El Gobierno defiende que la ley garantizar¨¢ que los Ayuntamientos no presten competencias que no les corresponden. Ocurre con los servicios sociales, cuyas riendas deber¨¢n tomar las comunidades aut¨®nomas a trav¨¦s del Plan Concertado de Servicios Sociales. La norma incrementa el poder de las diputaciones: ¡°En los municipios con poblaci¨®n inferior a 20.000 habitantes la Diputaci¨®n coordinar¨¢ la prestaci¨®n de servicios de residuos, limpieza, abastecimiento de agua y pavimentaci¨®n¡±. Por otro, mantiene que esa ¡°coordinaci¨®n¡± debe realizarse ¡°con la conformidad de los afectados¡±.
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