El Gobierno deja en el caj¨®n una de las reformas estrella de Gallard¨®n

La gran reforma del proceso penal ¡ªla investigaci¨®n y el juicio de los delitos y faltas¡ª, una de las medidas estrella anunciadas por el Gobierno de Mariano Rajoy est¨¢ a punto de encallar. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en 1882, corre el riesgo, una legislatura m¨¢s, de mantenerse en vigor plagada de parches.

Al inicio de la legislatura el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, puso en marcha una comisi¨®n de expertos que emiti¨® un informe detallado hace m¨¢s de un a?o con una propuesta de C¨®digo Procesal Penal, nuevo nombre de la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora, el simple c¨®mputo de los plazos de tramitaci¨®n parlamentaria, unido a la prelaci¨®n de prioridades del Gobierno, que ha dejado la propuesta en el caj¨®n, est¨¢ a punto de dar al traste con su aprobaci¨®n en esta legislatura.

La situaci¨®n no es nueva, porque pr¨¢cticamente todos los ministros de Justicia de la democracia inician su mandato proclamando la necesidad de aprobar un nuevo proceso penal, que acabe con los anacronismos, que tenga en cuenta nuevas realidades tecnol¨®gicas y que agilice la jurisdicci¨®n penal. En la pasada, Francisco Caama?o lleg¨® a proponer un texto en las Cortes, pero tan a ¨²ltima hora que no pas¨® siquiera el debate de totalidad y al final de las legislaturas decaen todos los textos en tr¨¢mite. Gallard¨®n hizo caso omiso de ese texto, quiso empezar desde cero y ahora no tiene tiempo de seguir adelante.

Lo que s¨ª hacen todos los ministros de Justicia es introducir reformas en el C¨®digo Penal, la ley que fija las condenas para los delitos y faltas. Se hizo en la anterior legislatura y ahora est¨¢ en tr¨¢mite en el Congreso un proyecto de ley completo, con un nuevo sistema de penas y la desaparici¨®n de las faltas para convertirse en delitos menos graves o sanciones administrativas.

En esta legislatura se produjo una novedad destacada al rectificar el PP una posici¨®n hist¨®rica y admitir que los fiscales puedan instruir los sumarios. El PSOE lo intento en la pasada legislatura y el PP mantuvo su tradicional oposici¨®n, pero en esta ocasi¨®n Gallard¨®n lider¨® esa rectificaci¨®n hist¨®rica. Sin embargo, ese cambio est¨¢ a punto de quedar en una simple declaraci¨®n de intenciones al permanecer en el limbo la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contemplaba otorgar al ministerio p¨²blico la direcci¨®n de las investigaciones penales y limitaba el tiempo de la instrucci¨®n.

De hecho, el Gobierno s¨ª ha iniciado los tr¨¢mites de una nueva ley Org¨¢nica del Poder Judicial que omite esta posibilidad y mantiene la instrucci¨®n por parte de los jueces, con opciones a que sean tres magistrados los encargados de la investigaci¨®n y sin menci¨®n alguna a la participaci¨®n en esa fase de los fiscales.

La propia Ley Org¨¢nica del Poder Judicial suscita dudas sobre los plazos de aprobaci¨®n pero, al menos, ha iniciado ya los tr¨¢mites. Ha pasado una vez por Consejo de Ministros y recabar¨¢ ahora los informes del Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado y Consejo Fiscal. La ley tiene m¨¢s de seiscientos art¨ªculos y, por tanto, esos informes se demorar¨¢n previsiblemente al pr¨®ximo oto?o. Entonces el Consejo de Ministros tendr¨¢ que volver a estudiar el proyecto de ley y remitirlo a las Cortes. En el mejor de los casos, solo quedar¨ªa un periodo de sesiones en el Congreso y el Senado, el que va desde febrero a julio de 2015, tiempo muy escaso para el tr¨¢mite en ambas C¨¢maras. En septiembre de 2015 es posible que ya no se abran las Cortes para que las elecciones sean a mediados de noviembre, en el l¨ªmite legal.

Ese calendario hace en todo caso ya imposible la aprobaci¨®n de la Ley de Enjuiciamiento Criminal completa, porque va m¨¢s atrasada, es a¨²n m¨¢s compleja y ni siquiera ha arrancado a andar en el Consejo de Ministros.

Como referencia, el C¨®digo Penal entr¨® en las Cortes en septiembre de 2013 y siete meses solo ha superado el tr¨¢mite del debate de totalidad y ni siquiera ha pasado por el de enmiendas parciales. A¨²n est¨¢n compareciendo los expertos y no saldr¨¢ del Congreso antes de oto?o para pasar un tr¨¢mite similar en el senado. Es decir, necesitar¨¢ m¨¢s de un a?o para estar aprobado, tiempo del que ya no dispone la ley de Enjuiciamiento criminal. En esos plazos no se tiene en cuenta la celebraci¨®n de elecciones auton¨®micas y municipales en mayo que, como ocurre ahora con las europeas, ralentiza el proceso legislativo.

En esas circunstancias y con esa limitaci¨®n legal, Justicia estudia la posibilidad de proponer reformas parciales de la vieja ley de Enjuiciamiento. De hecho, una parte importante de su C¨®digo Penal, la referida a las faltas que se convertir¨¢n en delitos menos graves, no puede aplicarse si antes no se aprueba un proceso espec¨ªfico que no existe en este momento. Gallard¨®n anunci¨® la pasada semana otras como la eliminaci¨®n de la declaraci¨®n por escrito de altos cargos o la imposibilidad de ir en las listas para aquellos que tengan juicios abiertos y estas dos medidas solo entrar¨¢n en vigor si se aprueban como reformas parciales.