La ¡°chapuza¡± de cinco ministerios con la justicia universal revuelve la judicatura

La orden de detenci¨®n del expresidente chino Jiang Zemin, de 87 a?os, y el ex primer ministro Li Peng, de 86, miembros de la c¨²pula del Partido Comunista Chino (PCCh), por el genocidio en el T¨ªbet fue el detonante para que el Gobierno de Mariano Rajoy reformara la ley de justicia universal. La orden fue dictada por la secci¨®n cuarta de la Audiencia Nacional en un precipitado auto cuando esta se enfrentaba a una inspecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial por el retraso en la resoluci¨®n de recursos, seg¨²n fuentes judiciales conocedoras de esta situaci¨®n. Fue en noviembre de 2013, con una resoluci¨®n sin motivar y pese a que el juez se hab¨ªa opuesto.

Nada ocurri¨® hasta que en febrero de 2014 el juez Ismael Moreno ejecut¨® esta decisi¨®n. 30 d¨ªas despu¨¦s de la orden de detenci¨®n, el BOE public¨® la reforma de la ley de justicia universal para evitar que los jueces siguieran adelante con sus causas, entre ellas la del T¨ªbet. La nueva Ley fue aprobada con los ¨²nicos votos del PP y con un tr¨¢mite expr¨¦s, que ha provocado un revuelo en la judicatura y, de momento, la excarcelaci¨®n de 43 narcos. En esos 30 d¨ªas, el ministro de Asuntos Exteriores, Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa-Margallo, recibi¨® las quejas de China y aceler¨® la reforma legal urgente para calmar al Gobierno chino y as¨ª proteger intereses comerciales, econ¨®micos y financieros de Espa?a relacionados con el pa¨ªs asi¨¢tico. Tanto jueces, fiscales como dirigentes del Gobierno mantienen y admiten que el ¨²nico objetivo del cambio legislativo era apaciguar a los chinos.

El Ministerio de Justicia elabor¨® un borrador que, en cuesti¨®n de d¨ªas, retocaron hasta cinco ministerios: Interior, Defensa, Econom¨ªa, Exteriores y Presidencia. Pese a que fue el PP el partido que present¨® la propuesta, fue el mismo grupo el que plante¨® enmiendas. El resultado, ¡°una chapuza¡±, tal como la tild¨® uno de los jueces instructores de la Audiencia, Fernando Andreu. Los magistrados consultados coinciden en la calificaci¨®n, aunque reconocen que nunca la hubieran utilizado en p¨²blico.

La respuesta de los jueces de instrucci¨®n de la Audiencia Nacional, en la que se tramitan los casos a los que afectaba la modificaci¨®n legislativa, fue un¨¢nime. Sin embargo, los consultados aseguran que no medi¨® ninguna reuni¨®n en la que marcaran una unidad de criterio. Las consecuencias fueron dos: por una parte, optaron por no archivar los casos de genocidio, cr¨ªmenes de lesa humanidad o cr¨ªmenes de guerra ¡ªtal como reclama la reforma¡ª, apelando a los tratados internacionales; por otro, decidieron archivar las actuaciones contra los narcotraficantes detenidos por Vigilancia Aduanera en aguas internacionales, alegando que el cambio supone la p¨¦rdida de competencia para perseguirlos e imposibilita seguir tramitando estos casos.

El pleno de la sala de lo Penal a¨²n no se ha pronunciado sobre las causas de genocidios o cr¨ªmenes contra la humanidad que siguen abiertas. La primera causa que tratar¨¢, y que ya se encuentra en deliberaci¨®n, es la del c¨¢mara Jos¨¦ Couso, muerto en la guerra de Irak. Despu¨¦s llegar¨¢ la del T¨ªbet, que ya est¨¢ elevada a la sala. El resultado de la votaci¨®n de los 16 magistrados es un misterio. Los consultados se?alan que las fuerzas a favor y en contra de seguir con los sumarios por genocidios, cr¨ªmenes de lesa humanidad o cr¨ªmenes de guerra est¨¢n muy divididas. Incluso, que el resultado del examen de cada una de las causas puede no ser el mismo

Sobre el segundo efecto pr¨¢ctico de la reforma, el de la excarcelaci¨®n de las tripulaciones de los narcobarcos, la sala s¨ª se ha pronunciado y por 13 votos contra tres decidi¨® avalar la tesis de los instructores sobre la imposibilidad, tras el cambio normativo, de seguir con los procesamientos. As¨ª, la sala dict¨® ya en ese caso el archivo definitivo ¡°por falta de jurisdicci¨®n sobrevenida¡±. Y la fiscal¨ªa anunci¨® su recurso ante el Tribunal Supremo, donde el Gobierno cree la batalla ganada. No obstante, p¨²blicamente, el Ejecutivo ha defendido la reforma alegando que Espa?a no tiene por qu¨¦ ser ¡°el gendarme del mar¡±, aunque la fiscal¨ªa entiende que los narcobarcos s¨ª pueden ser perseguidos, lo que contradice la postura del Gobierno.

En sus autos y en sus declaraciones, la mayor¨ªa de los magistrados denuncian la supuesta inconstitucionalidad de la ley por saltarse los tratados internacionales que reconoce la Constituci¨®n. Rechazan que sus decisiones sean consecuencia de un rebote o una rebeli¨®n por otras decisiones del Ejecutivo y niegan que se trate de una cuesti¨®n de egos por tener que desprenderse de casos que suponen una proyecci¨®n internacional. Los consultados defienden el valor de la jurisdicci¨®n universal y el derecho a la reparaci¨®n de las v¨ªctimas. Algunos de los discrepantes admiten la mala redacci¨®n de la reforma, pero sostienen que, con voluntad, el narcotr¨¢fico marino podr¨ªa seguir persigui¨¦ndose.

Uno de los mayores expertos en Derecho Internacional comparado, Antonio Pigrau, catedr¨¢tico de la Universidad Rovira i Virgili, sostiene que Espa?a ten¨ªa peculiaridades que la distingu¨ªan en la defensa de los derechos humanos. La reforma, seg¨²n indica, imposibilita una comparativa por la complejidad y especificidad de los actuales criterios. Aun as¨ª, apunta que ha pasado a ser una de las m¨¢s restrictivas de Europa.