El Consejo de Estado cuestiona la constitucionalidad de la ley municipal

La reforma local aprobada en enero, que en la pr¨¢ctica resta competencias a los Ayuntamientos, est¨¢ tocada y podr¨ªa ser hundida en breve tras el nuevo varapalo del Consejo de Estado. El Tribunal Constitucional ya ha admitido nueve recursos presentados por los Gobiernos de Andaluc¨ªa, Catalu?a, Canarias y Asturias, as¨ª como por los parlamentos de Extremadura, Catalu?a, Andaluc¨ªa, Navarra y por 130 diputados de distintas fuerzas. La norma, que incrementa el poder de las diputaciones sobre los municipios de menos de 20.000 habitantes y supedita muchas decisiones de los alcaldes al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, fue aprobada en el Congreso con los ¨²nicos votos del PP y PNV y de un diputado de UPN.

El conflicto por la defensa de la autonom¨ªa local tambi¨¦n lo han planteado ante el Constitucional unos 2.000 municipios espa?oles que aglutinan una poblaci¨®n de unos 15 millones de personas. A ra¨ªz de este ¨²ltimo recurso, el Consejo de Estado acaba de emitir un segundo dictamen sobre la ley ¡ªel primero, durante la tramitaci¨®n parlamentaria, oblig¨® al PP a cambiar aspectos fundamentales del texto¡ª que cuestiona la constitucionalidad de puntos esenciales.

¡°Existen fundamentos jur¨ªdicos suficientes¡±, dice el Consejo de Estado, ¡°para que los afectados planteen conflicto en defensa de la autonom¨ªa local¡±, en relaci¨®n a dos art¨ªculos. El primero es el que se refiere a que las diputaciones podr¨¢n ¡°coordinar¡±, la prestaci¨®n de servicios b¨¢sicos ¡ªcomo basuras, agua, limpieza, pavimentaci¨®n de calles o alumbrado¡ª en los Ayuntamientos peque?os si ¨¦stos no justifican que pueden hacerlo a un coste m¨¢s bajo que la entidad provincial. El c¨¢lculo de ese coste al que se presta un determinado servicio viene regulado por otro art¨ªculo de la norma que supone una suerte de ¡°derecho de veto¡±, por parte de las diputaciones, que seg¨²n el dictamen ¡°priva a los municipios de cualquier capacidad de decisi¨®n¡±.

Otro de los puntos pol¨¦micos, la posibilidad de que la Junta de Gobierno Local adopte las decisiones fundamentales de un municipio privando al Pleno de todo margen de maniobra, tambi¨¦n es censurada por el Consejo de Estado presidido por el popular Jos¨¦ Manuel Romay Beccar¨ªa. Tras el jarro de agua fr¨ªa Gaspar Zarr¨ªas, coordinador de pol¨ªtica local en el PSOE, ha anunciado que exigir¨¢ al Gobierno que suspenda su aplicaci¨®n bajo la premisa que la ley es un camino para ¡°privar a la ciudadan¨ªa de servicios fundamentales¡±.

En Espa?a hay 8.117 municipios, casi el 80% tiene menos de 20.000 habitantes. Y la mayor¨ªa prestan servicios sociales que a partir de ahora deber¨¢n de afrontar las comunidades aut¨®nomas sin m¨¢s financiaci¨®n para ello. En cambio, la reducci¨®n del n¨²mero de Ayuntamientos, uno de los objetivos que el PP persegu¨ªa con su reforma estrella, se ha quedado en nada, ya que las fusiones ser¨¢n voluntarias si as¨ª lo desea una ¡°mayor¨ªa simple de cada uno de los plenos¡±[...].

Aunque la primera bronca que plante¨® la ley, que entr¨® en vigor el pasado 2 de enero, no tuvo nada que ver con los servicios: fue a causa del tope salarial impuesto a alcaldes y concejales. Durante su desarrollo parlamentario los grupos pactaron varias subidas de ese m¨¢ximo y ya con la ley aprobada, la presi¨®n de los alcaldes oblig¨® al Gobierno a aclarar que los sueldos se establecer¨ªan sobre una escala decreciente de 100.000 euros anuales y no de 71.000 euros, como entend¨ªa el colegio de Secretarios e Interventores.

Tras esa primera pol¨¦mica varias comunidades gobernadas por el PP, como Galicia o Castilla y Le¨®n, legislaron para evitar aplicar la reforma.