El juez Castro exculpa al colaborador del CNI que contrat¨® Urdangarin

El juez del caso N¨®os Jos¨¦ Castro ha levantado hoy la imputaci¨®n que pesaba sobre el ingeniero Mat¨ªas Bevilacqua de la empresa CFLabs de Barcelona, que colabor¨® durante una d¨¦cada (2000-2009) con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Este experto en rastreos y encriptaci¨®n de datos inform¨¢ticos fue contratado por el abogado de I?aki Urdangarin, Mario Pascual, para hurgar en los correos de los discos duros de la red del Instituto N¨®os, que figuran en el sumario, tras ser intervenidos en 2011. El juez ha archivado la pieza secreta de este episodio al no hallar indicios de actividad penal contra el experto Bevilacqua y otras dos personas m¨¢s por hacerse con material de la causa.

El agente especial afirma que trabaj¨® en un encargo concreto para la defensa del duque de Palma, que cobr¨® por sus trabajos, en octubre de 2012, 6.900 euros del despacho del abogado del duque Mario Pascual, con una factura a nombre del cliente: I?aki Urdangarin. En la caja fuerte de su despacho ten¨ªa 140.000 euros, dinero B, cuyo origen atribuy¨® a pagos del CNI. De entrada, el inform¨¢tico solo se vincul¨® al ministerio de Defensa.

Bevilacqua pidi¨® quedar libre ante la polic¨ªa, el juez y el fiscal, al reivindicar su condici¨®n de agente especial del CNI y, adem¨¢s, exigi¨® el retorno del material que le hab¨ªa sido intervenido por afectar, dijo, a la seguridad estatal e internacional en la lucha anti terrorista. El juez Castro y el fiscal Pedro Horrach intentaron en vano comunicar con la sede del CNI -y con una supuesta agente de enlace del detenido- para verificar la realidad de las afirmaciones del t¨¦cnico.

Al examinar el material de los discos y registros inform¨¢ticos de N¨®os, Bevilacqua rescat¨®, con sus potentes medios de indagaci¨®n, otros miles de correos borrados que quedaron en la memoria oculta y que no constan en la causa de N¨®os. Al conocerse este dato, durante meses la polic¨ªa cient¨ªfica y los analistas judiciales bucearon con sus medios en el material hallado en manos del colaborador de los esp¨ªas del CNI.La mayor parte de las pistas halladas aluden a programas de protecci¨®n y rastreo de datos.

El instructor del caso N¨®os ha sobrese¨ªdo finalmente la pieza secreta en la que indagaba, desde diciembre de 2012, sobre la existencia de posibles delitos por el manejo de material exclusivo de la causa por personas ajenas y por eventuales interferencias externas en el caso. Un abogado que act¨²a en la causa, Manuel Gonz¨¢lez Peeters, que defiende al socio de Urdangarin, Diego Torres, sospech¨® sobre la existencia de una posible injerencia de agentes de inteligencia.

El tambi¨¦n pirata inform¨¢tico y conferenciante para jueces y fiscales Mat¨ªas Bevilacqua est¨¢ imputado en la causa de la Operaci¨®n Pitiusa en Barcelona, por venta de secretos, en una red corrupta de agencias de detectives.

El experto y sospechoso ayud¨® a la defensa de Urdangarin a repasar y ordenar el material inform¨¢tico incautado en la red y discos duros de los que se supone que tiene copia privada el socio de Urdangarin, Diego Torres. La relaci¨®n de Bevilacqua con el abogado del duque es anterior al goteo p¨²blico de correos electr¨®nicos particulares y de negocios complejos que ha librado al juez el abogado de Torres.

Bevilacqua aterriz¨® en el caso N¨®os de rebote. Al ser registrado, en octubre de 2012, su despacho a ra¨ªz de la Operaci¨®n Pitiusa, se hall¨® en su poder un l¨¢piz de memoria con miles de documentos de N¨®os, que hab¨ªan sido intervenidos, en noviembre de 2011, en Barcelona, por el fiscal Pedro Horrach y el juez Jos¨¦ Castro.

Los primeros registros judiciales en la causa de N¨®os afectaron a las empresas y el domicilio de Diego Torres, del asesor Miguel Tejeiro y a la nueva sede de la empresa Aizoon que hab¨ªa sido trasladada fuera del palacete de Pedralbes, del que son propietarios los duques de Palma, I?aki Urdangarin y la infanta Cristina.

Esta pieza separada del esp¨ªa en el llamado caso Urdangarin ha estado ¨Cde manera extraordinaria- dos a?os y medio bajo secreto judicial. Para el juez y el fiscal el episodio no tiene, finalmente, enjundia penal. La decisi¨®n la adoptan el juez y el ministerio p¨²blico tras cotejar los informes de los analistas policiales y los interrogatorios efectuados.

La crisis econ¨®mica en las Administraciones y la falta de medios impidieron, inicialmente, acceder a los peritos del juzgado al contenido de todos los discos duros de gran capacidad que ten¨ªa el inform¨¢tico.

La fiscal¨ªa y el juez no indagaron a fondo las las relaciones del imputado Urdangarin y su abogado con el ingeniero para no interferir en el derecho de defensa de Mario Pascual.

La empresa de Bevilacqua ayud¨® al dise?o del centro de ciber seguridad de la Uni¨®n Europea para proteger las redes de las Administraciones.