Garz¨®n, sin indulto

La asociaci¨®n de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL) no es una instituci¨®n marginal ni irrelevante. Es una organizaci¨®n no gubernamental que se beneficia del estatuto de observador en el Consejo de Europa, y por ello participa activamente en los trabajos del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, de la Comisi¨®n Europea para la Eficacia de la Justicia, de la Conferencia de Fiscales Generales y del Comit¨¦ Europeo sobre Problemas Criminales. Tambi¨¦n trabaja con el Parlamento Europeo, especialmente con la Comisi¨®n de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interiores. Agrupa m¨¢s de 15.000 magistrados y fiscales de organizaciones de esos profesionales de casi todos los pa¨ªses europeos, y entre ellos de Espa?a. MEDEL hab¨ªa pedido al Gobierno de Rajoy el indulto para Baltasar Garz¨®n. La solicitud de indulto ha sido denegada por el Gobierno espa?ol tras una prolongada e injustificada dilaci¨®n, y en unas circunstancias innecesariamente vejatorias.

MEDEL hab¨ªa decidido democr¨¢ticamente, mediante sus ¨®rganos estatutarios colegiados, formular la solicitud de indulto en favor de Baltasar Garz¨®n. La decisi¨®n se adopt¨® a partir de sus propios criterios y fundamentos, y en cumplimiento de sus fines fundacionales. Uno de estos es el amparo de la plena independencia interpretativa de los jueces y magistrados europeos, y por lo tanto tambi¨¦n de los espa?oles.

Con esta solicitud de indulto MEDEL no pretendi¨® formular objeci¨®n alguna a la sentencia, firme y definitiva. Y tampoco se pretendi¨® hallar en este tr¨¢mite una correcci¨®n extrajudicial de una decisi¨®n jurisdiccional soberana e independiente. Adopt¨® esta decisi¨®n porque no existe otro cauce legal previsto, distinto de este de la solicitud del indulto, para atajar la efectividad de la pena, cuya severidad, desproporcionada y excepcional, pesa sobre Baltasar Garz¨®n.

La condena consagra unos criterios de autoritarismo jurisdiccional que afectan de modo preocupante a la independencia judicial en su actividad de libre interpretaci¨®n aplicativa del derecho. Estos mismos criterios de autoritarismo jurisprudencial son los que dan soporte al anteproyecto de Ley Org¨¢nica del Poder Judicial que ha presentado el ministro de Justicia. En ¨¦l propone ¡°asegurar la uniformidad en la aplicaci¨®n judicial del derecho¡±. Para ello establece la aplicaci¨®n obligada de lo que denomina ¡°la doctrina jurisprudencial vinculante¡±, que ha de derivar, en la pr¨¢ctica, en la total sumisi¨®n de los jueces a los criterios del Tribunal Supremo. Esta limitaci¨®n org¨¢nica tendr¨¢ en la sombra amenazadora de una condena penal, como la sufrida por Garz¨®n, una ¨²ltima ratio de previsible disuasi¨®n de ulteriores veleidades interpretativas de los jueces.

El autoritarismo jurisprudencial ser¨¢ reforzado, seg¨²n el anteproyecto, con la limitaci¨®n del derecho de expresi¨®n que se pretende imponer a los jueces, no solo individualmente, sino tambi¨¦n colectivamente. Con esta limitaci¨®n se proyecta coartar gravemente la necesaria cr¨ªtica sobre las decisiones de los superiores jer¨¢rquicos que, si procede, deben hacer las asociaciones profesionales de jueces, magistrados y fiscales.

Adem¨¢s, la denegaci¨®n del indulto se ha producido en unos t¨¦rminos que no cabe calificar sino como vejatorios. Tras una inexplicable dilaci¨®n, la denegaci¨®n del indulto de Baltasar Garz¨®n finalmente se ha formulado y publicado junto con otras denegaciones de indulto a otros personajes famosos por su corrupci¨®n incontinente o por su etilismo irresponsable, como si Baltasar Garz¨®n, con todos ellos, formara parte de un indiscriminado conjunto de famosos indeseables, merecedor de reproche social.

Esta humillaci¨®n complementaria no es casual ni irrelevante. Es una estigmatizaci¨®n complementaria que parece buscar la inhabilitaci¨®n personal, ¨¦tica y est¨¦tica de Garz¨®n como ciudadano, como si no les bastara con la condena a la inhabilitaci¨®n de por vida, como magistrado.

No es posible olvidar que ese evidente ensa?amiento es el colof¨®n de una causa penal promovida por los abogados de G¨¹rtel, que consiguieron sus objetivos t¨¢cticos: eliminar al juez que les investigaba. A partir de los datos acumulados desde el inicio de las indagaciones, hoy ya es noticia incontrovertible que aquella investigaci¨®n afectaba a las entra?as mismas del Partido Popular. Y es el Gobierno del mismo Partido Popular el que produce esta denegaci¨®n de indulto, que por sus formas arroja sombras de ausencia de objetividad, como de venganza suplementaria.

La denegaci¨®n del indulto, en tales t¨¦rminos, evidencia, por otra parte, un lamentable menosprecio para la entidad que formul¨® la solicitud, la cual, por su notoria relevancia num¨¦rica e institucional, merece una resoluci¨®n motivada, razonada, coherente, civilizada, educada, europea. El Gobierno no ha tenido a bien ni siquiera responder.

Ante todas estas circunstancias, no cabe m¨¢s que hacerse eco de la preocupaci¨®n de la opini¨®n p¨²blica por cuanto se deduce de la coincidente deriva de autoritarismo jurisprudencial que el Gobierno de Espa?a, con esta vejatoria denegaci¨®n de indulto, no solo confirma, sino que, adem¨¢s, propugna mediante nuevos proyectos legales.

Jos¨¦ Mar¨ªa Mena fue fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a.