El PSOE plantear¨¢ despolitizar los nombramientos de instituciones
Los socialistas propondr¨¢n al PP que la ley de Partidos obligue a todas las formaciones a celebrar elecciones primarias para designar a sus candidatos
El PSOE propondr¨¢ al PP un acuerdo sobre una serie de medidas de regeneraci¨®n o limpieza democr¨¢tica que incluyen un cambio en el sistema de nombramiento de los ¨®rganos constitucionales y la elaboraci¨®n de una nueva ley de partidos que democratice su funcionamiento.
El secretario general del PSOE, Pedro S¨¢nchez, tiene previsto reunirse en septiembre con todos los portavoces parlamentarios para poner en marcha el plan y buscar acuerdos parlamentarios. En paralelo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado orden a su partido de desbloquear las reformas que ya est¨¢n en el tr¨¢mite parlamentario, como el estatuto de los altos cargos y el C¨®digo Penal, y presentar otras medidas nuevas para su debate y discusi¨®n.
En sus propuestas, a las que ha tenido acceso EL PA?S, la nueva direcci¨®n del PSOE incluye algunas que hasta ahora no estaban en su agenda y que, seg¨²n fuentes socialistas, suponen dar un cambio radical en el funcionamiento de las instituciones para dar cumplimiento al mensaje ciudadano.
NOMBRAMIENTOS
La idea sobre la que trabaja el PSOE es lo que S¨¢nchez denomina la ¡°descolonizaci¨®n¡± de las instituciones, es decir, evitar la apariencia de reparto de los ¨®rganos constitucionales que son renovados por el Parlamento. La medida afectar¨ªa al Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Banco de Espa?a, la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia y la Junta Electoral Central, entre otras instituciones.
La propuesta sobre la que trabaja el PSOE supone que esos nombramientos se hagan tras un proceso que incluya un plazo de presentaci¨®n de candidaturas por parte de los interesados. Hay precedentes en otros pa¨ªses en los que se ha fijado el PSOE, como en la elecci¨®n del gobernador del banco de Inglaterra, que se hizo tras abrir un plazo para la presentaci¨®n de candidaturas.
?La ¡°descolonizaci¨®n¡± de las instituciones evitar¨ªa el reparto de los ¨®rganos constitucionales renovados por el Parlamento
Posteriormente, esas propuestas ser¨ªan examinadas por un Comit¨¦ de Expertos de composici¨®n variable, en funci¨®n del nombramiento que se trate, adscrito a las c¨¢maras. Habr¨ªa una comparecencia de los interesados y, posteriormente, se producir¨ªa la designaci¨®n por las mayor¨ªas requeridas.
El ¨²ltimo paso es necesariamente la votaci¨®n por parte de los partidos, porque as¨ª lo exige la Constituci¨®n, con acuerdo requerido entre m¨¢s de un grupo para llegar a la mayor¨ªa reforzada. Pero el PSOE entiende que con su propuesta, abierta a aportaciones, se dar¨ªa transparencia y se valorar¨ªa el m¨¦rito de los aspirantes, antes de producirse el acuerdo.
En este momento, esas instituciones se renuevan por acuerdo cerrado entre los dos grandes partidos. PP y PSOE solo accedieron hace tres legislaturas a establecer un sistema de comparecencias de los candidatos, pero cuando ya han sido elegidos por los partidos y para someterse a preguntas de quienes han decidido antes su nombramiento. Esas comparecencias, en la pr¨¢ctica, son inoperantes. Por ejemplo, no sirvieron para saber en su momento que el actual presidente del Tribunal Constitucional, Francisco P¨¦rez de los Cobos, fue militante del PP.
La idea de S¨¢nchez se basa en la evidencia de que nunca como ahora estos organismos han tenido al frente a tantos exmilitantes del partido que gobierna. Por ejemplo, la presidenta de la CNMV, Elvira Rodr¨ªguez, era diputada del PP; la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, tambi¨¦n y el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco P¨¦rez de los Cobos, fue militante del partido que gobierna.
La actual direcci¨®n del PSOE es consciente de que esta propuesta supone una rectificaci¨®n sobre la trayectoria anterior del partido, que nunca hab¨ªa cuestionado este sistema de designaci¨®n pactada con el PP para los ¨®rganos constitucionales.
LEY DE PARTIDOS
¡°Si el Estado puede intervenir en la econom¨ªa y en otras parcelas tambi¨¦n puede hacerlo en el funcionamiento de los partidos como expresi¨®n de la representaci¨®n pol¨ªtica¡±. Esta es la filosof¨ªa que mueve a S¨¢nchez a promover una nueva ley de partidos que haga exigencias concretas sobre democracia interna en su funcionamiento.
El modelo ser¨ªa el de la ley de partidos alemana que obliga a una serie de requisitos, incluida la exigencia de designaci¨®n democr¨¢tica de los candidatos en los procesos electorales.
El objetivo es dotarles de transparencia, mejorar su funcionamiento y tomar medidas sobre su financiaci¨®n.
Es tambi¨¦n la primera vez en la que el PSOE propondr¨¢ trasladar a una ley para todas las formaciones criterios de funcionamiento que se aplica. Los socialistas barajan incluir en su propuesta la obligatoriedad de primarias para la elecci¨®n de candidatos, paridad para las listas electorales, limitaci¨®n de mandatos para sus dirigentes y establecimiento de un c¨®digo ¨¦tico com¨²n.
La propuesta es novedosa. La ley actual no establece ning¨²n mecanismo com¨²n para elaboraci¨®n de listas electorales o para elecci¨®n de sus dirigentes en congresos cerrados o con participaci¨®n de militantes. La norma vigente apenas recoge referencias gen¨¦ricas sobre democracia interna o tr¨¢mites de audiencia para sanciones y expulsiones con garant¨ªas exigibles ante los tribunales.
El equipo de S¨¢nchez explica que la mayor parte de las quejas de los ciudadanos con el funcionamiento democr¨¢tico tiene que ver, precisamente, con los partidos. Por eso, entienden que el objetivo es dotarles de transparencia, mejorar su funcionamiento y tomar medidas sobre su financiaci¨®n.
Entre otras medidas, su propuesta incluir¨¢ regular la prohibici¨®n de la financiaci¨®n por parte de empresas, hacer p¨²blicas sus cuentas e incrementar el control de sus ingresos y gastos, incrementar los derechos de participaci¨®n de los militantes, regular las garant¨ªas democr¨¢ticas en la elecci¨®n de sus dirigentes y asegurar el cumplimiento interno de las reglas del juego.
De esta forma, los socialistas proponen unir en una sola ley la de partidos y la de financiaci¨®n. La primera solo se ha cambiado, por acuerdo entre PP y PSOE, para facilitar las ilegalizaciones de formaciones que apoyen el terrorismo y la de financiaci¨®n ha tenido m¨¢s cambios. En este momento, el PP trabaja tambi¨¦n en una propuesta para volver a regular la financiaci¨®n de partidos. La diferencia b¨¢sica es que la del PSOE incluye eliminar las donaciones de todo tipo de empresas.
Los socialistas tambi¨¦n quieren concretar un sistema com¨²n para que los dirigentes de todos los partidos est¨¢n obligados a hacer p¨²blicos sus patrimonios y declaraciones de la renta. Estas exigencias son aplicables ya para parlamentarios y responsables de instituciones p¨²blicas, pero no para los l¨ªderes de los partidos pol¨ªticos que quieren concurrir a los procesos electorales.
RESPONSABILIDADES
Otro principio sobre el que trabaja el PSOE es el de ¡°el que la hace la paga y lo paga¡±. Es decir, reforzar los mecanismos de exigencia de responsabilidad penal y patrimonial. En este caso, los socialistas propondr¨¢n buscar f¨®rmulas para que los condenados por casos de corrupci¨®n est¨¦n obligados a devolver lo defraudado.
Los corruptos tendr¨¢n que hacer frente a sus responsabilidades con todos sus bienes, incluidos los que hayan puesto a nombre de ¡°hombres de paja¡±
Una actuaci¨®n concreta se refiere a la revisi¨®n de los tratados internacionales que tengan que ver con la colaboraci¨®n en la persecuci¨®n de delitos o intervenci¨®n en patrimonios en para¨ªsos fiscales. En los casos de corrupci¨®n es frecuente la necesidad de comisiones rogatorias o investigaciones de hechos y cuentas en el exterior. La falta de celeridad del procedimiento que pretende revisar el PSOE hace que en muchos casos las comisiones rogatorias se demoren durante a?os.
Otra actuaci¨®n se refiere a cambios en el tratamiento penal de los casos de corrupci¨®n. La idea es que los corruptos tengan que hacer frente a sus responsabilidades con todos sus bienes, incluyendo los que fraudulentamente se hayan puesto a nombre de sociedades, familiares u ¡°hombres de paja¡± y, mediante acciones internacionales, los que posean en para¨ªsos internacionales.
En la pr¨¢ctica, seg¨²n el an¨¢lisis del PSOE, son muy pocos los casos en los que se fuerza la devoluci¨®n de lo defraudado, incluso con condenas firmes. En este momento el C¨®digo Penal elaborado por el Gobierno est¨¢ en tr¨¢mite de enmiendas en el Congreso. Su proceso en las Cortes est¨¢ siendo muy lento desde que entrara en la C¨¢mara hace casi un a?o. Las sucesivas ampliaciones de los plazos de presentaci¨®n de enmiendas han llegado hasta el mes de septiembre, con desacuerdos notables sobre asuntos como la prisi¨®n permanente revisable. El PSOE entiende que en esas enmiendas deben incluirse refuerzos en la lucha contra la corrupci¨®n y para dificultar que los condenados eludan o retrasen su ingreso en prisi¨®n. Tambi¨¦n a agravar las penas por estos casos.
Otras medidas que baraja el PSOE se refieren a establecer la objetividad en la concesi¨®n de indultos. Fue el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez el que elimin¨® la motivaci¨®n para la concesi¨®n de medidas de gracia.
Tambi¨¦n quieren endurecer el r¨¦gimen de incompatibilidades de altos cargos y la llamada ¡°puerta giratoria¡±, es decir, el paso de la actividad privada a la p¨²blica y viceversa.
De forma gen¨¦rica, los socialistas quieren que se estudien f¨®rmulas para agilizar los procesos penales y evitar que se eluda la acci¨®n de la Justicia. El Gobierno de Rajoy puso en marcha una nueva ley de Enjuiciamiento Criminal, pero tras recabar un estudio de expertos, ha terminado por congelarlo y solo contempla aprobar reformas parciales.
El PSOE coincide con el Gobierno en buscar la reducci¨®n de aforados o personas que deben ser juzgadas necesariamente por el Tribunal Supremo o los tribunales superiores. La Constituci¨®n establece el aforamiento para parlamentarios y miembros del Gobierno y los estatutos de autonom¨ªa el de los de las comunidades, por eso solo es posible eliminarlo por ley para jueces y fiscales. El fuero de este colectivo es importante en cantidad, pero limitado porque solo se refiere al ejercicio de sus funciones y tan restringido que se ha aplicado a muy pocos casos.
Para todas estas reformas legales y las que puedan pactarse entre los partidos en las conversaciones que se abren en septiembre hay un escollo que es el del tiempo escaso que resta de legislatura. Quedan solo dos periodos de sesiones completos hasta las generales de 2015, con interferencias pol¨ªticas y pr¨¢cticas como las elecciones municipales y auton¨®micas del pr¨®ximo a?o.
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