Las donaciones a las fundaciones de grupos pol¨ªticos no tienen l¨ªmite

Las subvenciones p¨²blicas son la principal fuente de financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos en Espa?a. Estas alcanzan un porcentaje no menor al 70% de sus ingresos anuales y se reparten en funci¨®n de sus resultados electorales, tal como estipulan la Ley de Financiaci¨®n de Partidos y la Ley Electoral. As¨ª, tras las ¨²ltimas elecciones, el PP se llev¨® casi la mitad del total designado, 52,7 millones de euros, de los que recibi¨® 24,5, mientras que al PSOE correspondieron 14,4 millones. A Izquierda Unida y CiU les tocaron2,3 millones, 1,9 millones a UPyD y 850.000 euros a Amaiur.

Sin embargo, es en el porcentaje restante, en el que se incluyen las donaciones, en el que se concentra la mayor¨ªa de problemas. La primera Ley de Financiaci¨®n de Partidos, de 1987, permit¨ªa las aportaciones an¨®nimas con un l¨ªmite, el 5% de la subvenci¨®n p¨²blica estatal, y donaciones nominativas de hasta 60.000 euros. La reforma de esta ley, aprobada en 2007, prohibi¨® las donaciones an¨®nimas pero elev¨® a 100.000 euros el l¨ªmite para las aportaciones individuales. En 2012 se pactaron nuevas restricciones y se prohibi¨® que las empresas que contrataran con la Administraci¨®n pudieran efectuar alg¨²n tipo de donaci¨®n a los partidos. Esta puerta se cerr¨®, pero se mantuvo abierta la posibilidad de que las empresas hagan aportaciones a las fundaciones vinculadas a los partidos, rechazando as¨ª las limitaciones que propon¨ªan varios grupos minoritarios.

El Tribunal de Cuentas es el ¨®rgano fiscalizador administrativo que analiza, con a?os de retraso, los apuntes de las formaciones pol¨ªticas partiendo de los datos que ellas mismas facilitan. Las sanciones y las consecuencias, por tanto, son escasas. Adem¨¢s, la financiaci¨®n ilegal no est¨¢ tipificada como delito, y este tipo de fraudes se incluye en las investigaciones por delito electoral.

Lo que s¨ª es posible, despu¨¦s de la reforma del C¨®digo Penal de 2013, es pedir responsabilidad a los partidos por los delitos ¡°cometidos en nombre o por cuenta¡± de ellos, y por los cometidos por alguno de sus miembros por no haber ¡°ejercido sobre ellos el debido control¡±.

Por delito electoral y financiaci¨®n irregular en dos campa?as se investiga al PP valenciano en una de las piezas separadas del caso G¨¹rtel que investiga el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. ¡°Con el ¨²nico fin de encubrir donaciones¡± al PP ¡ªtal como recogi¨® el magistrado Jos¨¦ Ceres haciendo referencia a un informe de la Agencia Tributaria¡ª la deuda de los populares fue, presuntamente, abonada por empresas de la red corrupta ¡°de forma opaca en efectivo y sin reflejo contable ni declaraci¨®n tributaria¡±. Otra parte de esa deuda fue ¡°pagada por algunos empresarios mediante el abono de facturas (a la empresa acreedora) que reflejar¨ªan servicios inexistentes¡±. Esta forma, presuntamente clara, de financiaci¨®n ilegal no puede ser perseguida como tal sino como vulneraci¨®n de un art¨ªculo de la Ley Electoral, el 149, que se?ala: ¡°Los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminuci¨®n de las partidas contables, ser¨¢n castigados con la pena de prisi¨®n de uno a cuatro a?os y multa de doce a veinticuatro meses¡±.

En el caso B¨¢rcenas, se investiga la existencia de una ¡°contabilidad paralela o caja b del referido partido (el PP) entre los a?os 1990 y 2008, nutrida de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial (...) que habr¨ªa sido destinada al pago de gastos generados en campa?as electorales, al pago de complementos de sueldo a determinadas personas vinculadas al partido y al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido¡±. Pese a que, al menos en apariencia, se tratar¨ªa del mismo delito que el presuntamente cometido por el PP valenciano, la Audiencia Nacional no persigue, de momento, un delito electoral. Aun as¨ª, el juez Ruz que instruye la causa, en uno de sus ¨²ltimos autos, da la posibilidad al PP de que se persone en la causa ¡°como posible part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo¡± ya que, seg¨²n apunta, ¡°podr¨ªa haberse beneficiado en parte¡± de la actuaci¨®n atribuida a dos de sus ex altos cargos, el exsenador y exalcalde de Pozuelo, Jes¨²s Sep¨²lveda, y el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Ruz apunta que ambos podr¨ªan ¡°haber haber generado con su actuaci¨®n un il¨ªcito beneficio para la formaci¨®n pol¨ªtica en al menos las sumas de 111.864,32 euros y 125.000 euros respectivamente¡±.

Seg¨²n el mismo auto, y, al menos, en el caso de Majadahonda, el cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, se habr¨ªa apoderado tanto para s¨ª como para los cargos p¨²blicos implicados y para el Partido Popular de cuantiosos fondos de las entidades p¨²blicas de esa localidad. El PP a¨²n no se ha personado.