Pol¨ªtica contra la corrupci¨®n pol¨ªtica

Gobierno y oposici¨®n abordar¨¢n en septiembre un debate en profundidad para intentar consensuar un nuevo paquete de medidas ¡°contra la corrupci¨®n y por la regeneraci¨®n democr¨¢tica¡±. Lo har¨¢n en plena crisis de confianza en las instituciones y despu¨¦s de que, durante muchos meses, las encuestas hayan venido alertando de un distanciamiento creciente entre la ciudadan¨ªa y sus representantes p¨²blicos.

EL PA?S ha pedido a los seis partidos de la oposici¨®n que m¨¢s apoyo ciudadano recibieron en las ¨²ltimas elecciones celebradas en Espa?a ¡ªlas europeas de mayo¡ª un resumen de las propuestas que pondr¨¢n sobre la mesa en ese debate (aunque uno de ellos, Podemos, no tiene representaci¨®n parlamentaria). Muchas de esas ideas est¨¢n a¨²n en fase de desarrollo, pero ya se vislumbran algunas centrales, desde reformas penales a cambios en la financiaci¨®n o en los mecanismos de control sobre los cargos p¨²blicos.

Castigo penal. PSOE e IU se muestran partidarios de volver a reformar el C¨®digo Penal para endurecer ciertas penas en casos de corrupci¨®n, mientras UPyD, PNV y Podemos creen que es inncesario e in¨²til porque la soluci¨®n, dicen, no est¨¢ en los a?os de c¨¢rcel sino en la voluntad de investigar.

¡°Hay que dar una vuelta a los tipos penales y crear tipos espec¨ªficos para la corrupci¨®n pol¨ªtica; por ejemplo, no se puede castigar igual la apropiaci¨®n indebida cometida por un particular y la cometida por un cargo p¨²blico¡±, sostienen fuentes socialistas. Proponen, adem¨¢s, incluir delitos nuevos, para castigar la alteraci¨®n de cuentas (de la que responder¨ªa el gerente del partido); las maniobras para impedir el descubrimiento de un delito en un partido; y al corruptor, a quien ofrece donaciones contrarias a la ley. El PSOE no es partidario, sin embargo, de que el partido sea responsable hasta el punto de poder ser disuelto por financiaci¨®n ilegal: cree que ¡°ser¨ªa inconstitucional¡±.

IU reclama ¡°penas ejemplares¡± en delitos de corrupci¨®n, castigar con c¨¢rcel los casos graves de prevaricaci¨®n, penas agravadas para el uso de para¨ªsos fiscales y ampliar los plazos de prescripci¨®n. Tambi¨¦n plantea establecer procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales que afecten a cargos p¨²blicos.

En UPyD sostienen que ¡°la soluci¨®n no es endurecer las penas, sino una fiscal¨ªa independiente y unos organismos reguladores que hagan su trabajo¡±. ¡°Lo que no puede ser es que en el caso Urdangarin, en la imputaci¨®n de la Infanta Cristina, no ejerza la acusaci¨®n particular la Abogac¨ªa del Estado, cuando ah¨ª hay un delito contra la hacienda p¨²blica. No es una cuesti¨®n legislativa, sino de voluntad¡±, afirman desde el partido. UPyD s¨ª propone crear un nuevo delito: el de enriquecimiento il¨ªcito de cargos p¨²blicos. Consistir¨ªa en que, si al final de su mandato el cargo p¨²blico no puede justificar el origen de su patrimonio, incurre autom¨¢ticamente en delito, aunque no se haya probado que el origen es delictivo.

CIU no se pronuncia sobre una posible reforma penal, y el PNV se?ala: ¡°Las leyes ya existen; las mentalidades, y no s¨®lo en la pol¨ªtica, son las que hay que cambiar¡±. Podemos est¨¢ de acuerdo, y centra todas sus propuestas en la reclamaci¨®n de mayor transparencia: ¡°M¨¢s que castigos penales a los pol¨ªticos, lo que hay que hacer es dar m¨¢s informaci¨®n a los ciudadanos para que el castigo sea que dejen de votarles¡±.

Financiaci¨®n de los partidos.? Todos est¨¢n de acuerdo en crear el delito de financiaci¨®n ilegal de partidos (que el Gobierno ya ha anunciado), aunque coinciden en que a¨²n hay que estudiar qui¨¦n ser¨ªa el responsable ¨²ltimo de ese delito, si el tesorero, el gerente o el partido mismo. En cuanto a la financiaci¨®n legal, solo UPyD aboga por tender hacia la ¡°autofinanciaci¨®n¡±, recortando progresivamente las subvenciones p¨²blicas, que hoy constituyen la principal v¨ªa de ingresos de los partidos; CiU defiende una ¡°financiaci¨®n mixta p¨²blico-privada¡±. El resto es partidario de mantener el sistema actual, con m¨¢s controles.

El Gobierno ya ha anunciado que prohibir¨¢ las donaciones de empresas a los partidos, pero mantiene las donaciones a las fundaciones de esos mismos partidos, una distinci¨®n que el PSOE es partidario de mantener. IU pide prohibir tambi¨¦n las subvenciones a fundaciones, y reclama que los partidos est¨¦n obligados a informar al Banco de Espa?a y al Tribunal de Cuentas de cualquier cambio en las condiciones de su deuda de con los bancos. CIU y PNV piden hacer pedagog¨ªa para explicar la aportaci¨®n que hacen los partidos al sistema democr¨¢tico y su necesidad de financiaci¨®n.

Elecci¨®n de las c¨²pulas judiciales. PSOE, IU y PNV son partidarios de mantener la elecci¨®n de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (que condicionan despu¨¦s otros nombramientos de la c¨²pula judicial) en manos del Parlamento, porque sostienen que los poderes del Estado deben emanar del titular de la soberan¨ªa, no de poderes corporativos como la clase judicial. CiU y Podemos no se pronuncian claramente, y UPyD defiende el otro modelo: que sean las asociaciones judiciales las que elijan a sus representantes, para evitar el reparto de cuotas entre partidos y ¡°garantizar que al pol¨ªtico corrupto no le juzga alguien en cuyo nombramiento ha influido¡±.

S¨ª es general la petici¨®n de que se introduzcan mejoras en el modelo actual: el PSOE, por ejemplo, quiere que un comit¨¦ de expertos examine a los candidatos al Poder Judicial antes de que sean elegidos por el Parlamento; IU sugiere que podr¨ªa ¡°abrirse la propuesta de candidatos a la sociedad civil¡±, es decir, que no solo los jueces y los partidos sino ciudadanos y colectivos profesionales puedan proponer candidatos; el PNV plantea que algunos representantes de la judicatura sean elegidos por ¡°voto directo de los ciudadanos¡±; algo similar a lo que propone Podemos: la elecci¨®n directa por la ciudadan¨ªa de, por ejemplo, el fiscal anticorrupci¨®n.

Transparencia, informaci¨®n. Hay unanimidad en el diagn¨®stico: un frente fundamental en la lucha contra la corrupci¨®n es aumentar la transparencia de las administraciones. ¡°El grueso de la corrupci¨®n no consiste en el robo de dinero p¨²blico por parte de cargos p¨²blicos, sino en la influencia permanente de los poderes econ¨®micos sobre la acci¨®n de esos cargos p¨²blicos¡±, sostienen en Podemos, que pide transparencia total: no solo la informaci¨®n sobre contratos y gastos sino tambi¨¦n las agendas de los cargos p¨²blicos, la actividad de los lobbies y la identidad de las empresas que dan dinero a los partidos deben ser accesible al ciudadano. IU tambi¨¦n aboga por que todos los documentos relativos a los procedimientos de contrataci¨®n y de urbanismo puedan consultarse en tiempo real, en Internet o en ventanilla.

UPyD pide que el Congreso informe claramente de las n¨®minas de los diputados en su web, y que las agendas sean p¨²blicas. CIU reclama un registro de lobbies ¡°con un c¨®digo de conducta para ellos¡±, y que se obligue a la administraci¨®n a facilitar informaci¨®n econ¨®mica para ¡°saber la trazabilidad de cada euro p¨²blico y ver su destino¡±. El PNV, sin embargo, cree que publicar todos los gastos y expedientes de contratos adjudicados por las administraciones es ¡°una locura¡±, porque supondr¨ªa ¡°el colapso en la actividad administrativa¡±. ¡°Incluir, por ejemplo, expedientes de contratos menores enmara?ar¨ªa de tal manera la informaci¨®n p¨²blica que ser¨ªa imposible vislumbrar alguna irregularidad¡±, argumenta la formaci¨®n. El PSOE se?ala que las web institucionales deben dar ¡°toda la informaci¨®n posible¡± sobre el uso del presupuesto p¨²blico.

Indultos. Pr¨¢cticamente todos los partidos de la oposici¨®n consultados (PSOE, IU, UPyD, Podemos) exigen cambiar la ley para que el Gobierno est¨¦ obligado a motivar los indultos, es decir, a explicar por qu¨¦ los concede. Todos ellos piden tambi¨¦n prohibirlos o restringirlos mucho en los casos de corrupci¨®n pol¨ªtica (UPyD solo propone ¡°estudiar¡± esa prohibici¨®n parcial, y reclama un procedimiento que facilite la revisi¨®n posterior de los indultos por el Tribunal Supremo).

?Cu¨¢ndo dimitir? ?Cu¨¢ndo un cargo p¨²blico investigado por corrupci¨®n debe ser obligado por ley a dimitir, o un candidato ser expulsado de una lista electoral? PSOE y UPyD defienden que sea en el momento en el que se dicta la apertura del juicio oral; porque la mera imputaci¨®n, se?alan, no siempre es consecuencia de la existencia de indicios de delito, y obligar a dimitir a un pol¨ªtico en esa fase podr¨ªa favorecer la presentaci¨®n de denuncias falsas a las puertas de unas elecciones, por ejemplo. IU y PNV utilizan una expresi¨®n equivalente: la dimisi¨®n debe producirse en el momento del ¡°procesamiento¡±. CiU no se pronuncia. Podemos afirma que, por respeto a la presunci¨®n de inocencia, no debe haber obligaci¨®n de dimitir hasta la existencia de una ¡°condena¡±; aunque a?ade que, por ¡°decencia pol¨ªtica¡±, el cargo que crea que su imputaci¨®n o procesamiento puede perjudicar a su partido debe apartarse voluntariamente.

Control a los cargos p¨²blicos. El PSOE es partidario de ¡°aumentar el control parlamentario al Gobierno, suprimiendo algunas restricciones¡±. IU y Podemos defienden una figura nueva, el revocatorio: la posibilidad de desalojar a ciertos cargos p¨²blicos a mitad de mandato si los electores deciden que no han cumplido con su compromiso electoral (en un refer¨¦ndum que habr¨ªa que convocar a propuesta de, por ejemplo, un 20% de los miembros del censo). UPyD cree que esa figura ¡°no es factible, porque en Espa?a no existe el mandato representativo y los programas no tienen efectos jur¨ªdicos¡±; defiende, adem¨¢s, que ¡°tampoco ser¨ªa bueno, porque una parte de la acci¨®n de gobierno es adaptarse a las necesidades u obst¨¢culos que van surgiendo¡±. UPyD s¨ª propone crear un grupo de expertos para plantear l¨ªmites a la puerta giratoria (el paso al sector privado de excargos p¨²blicos). Podemos pide ampliar de dos a cinco a?os el plazo durante el cual el cargo p¨²blico no podr¨¢ ejercer en la actividad privada, y que en ning¨²n caso pueda hacerlo en empresas de sectores sobre los que haya legislado directamente.