El Estado prepara su bater¨ªa jur¨ªdica

El Gobierno, la fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado estudian desde el lunes las consecuencias de la resoluci¨®n del Tribunal Constitucional que declar¨® suspendida la convocatoria de la consulta independentista del 9-N y todas las actuaciones ¡°vinculadas a ella¡±. La Generalitat ha paralizado cautelarmente la campa?a institucionalde la consulta y la selecci¨®n de personal para su organizaci¨®n, pero mantiene el desaf¨ªo con otros actos relacionados con el 9-N. El dilema del Gobierno es pol¨ªtico ¡ªporque debe medir los tiempos¡ª y jur¨ªdico: ha de averiguar si esos actos est¨¢n afectados directamente por la suspensi¨®n dictada por el Constitucional.

Son varias las actuaciones sobre las que en principio se podr¨ªa intervenir. La primera se produjo este mi¨¦rcoles: el Parlamento catal¨¢n vot¨® la designaci¨®n de los siete miembros de la Comisi¨®n de Control, una especie de Junta Electoral para la consulta del 9-N, que deriva de la ley de consultas suspendida. Y el jueves el presidente de la Generalitat, Artur Mas, firm¨® el decreto de designaci¨®n de esos siete miembros. Tambi¨¦n el jueves, apelando a la ¡°libertad de expresi¨®n¡±, Converg¨¨ncia present¨® una campa?a de propaganda en favor de la consulta y en favor del s¨ª-s¨ª (la doble respuesta favorable a un Estado independiente). Y hoy s¨¢bado, en la Generalitat, Artur Mas recibir¨¢ a los m¨¢s de 900 alcaldes (la casi totalidad de los alcaldes catalanes) de Ayuntamientos que han aprobado mociones en favor de la consulta. Otro acto vinculado al 9-N y con cobertura p¨²blica.

Las dos cosas que la Generalitat s¨ª ha paralizado en aplicaci¨®n de la resoluci¨®n del Constitucional son la campa?a institucional y la selecci¨®n de personal para la organizaci¨®n de la consulta. Pero lo ha hecho no con el argumento de obedecer al tribunal, sino con el de no exponer a los funcionarios p¨²blicos a eventuales problemas legales en el futuro. De hecho, el consejero de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, dijo el mi¨¦rcoles que est¨¢ buscando la f¨®rmula para poder actualizar ¨¦l mismo la p¨¢gina web de la campa?a institucional ¡ªque sigue existiendo, aunque sin actualizar desde el martes¡ª, para poder reactivarla sin poner en riesgo a ning¨²n otro funcionario p¨²blico. ¡°Estoy dispuesto a asumir todo lo que tenga que asumir¡±, afirm¨® Homs.

El Ejecutivo anunci¨® ayer que impugnar¨¢ la firma del decreto de nombramiento de la Comisi¨®n de Control. M¨¢s all¨¢ de ese aspecto, a¨²n no ha definido qu¨¦ respuesta dar a los continuos retos que llegan desde la Generalitat. Las posibilidades son varias:

El Constitucional

Actuaci¨®n de oficio

El art¨ªculo 92 de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional otorga al propio tribunal la posibilidad de ¡°declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicci¨®n¡±. Eso podr¨ªa llevarle a anular las resoluciones que contravengan la resoluci¨®n en la que decret¨® la suspensi¨®n de la consulta y de la ley de consultas. De momento, sin embargo, el Constitucional no tiene prevista ninguna actuaci¨®n ¡°de oficio¡±, a la espera de que venza el plazo de 15 d¨ªas (para el recurso de la ley de consultas) y 20 d¨ªas (para el del decreto) que ha dado para que se pronuncien el Congreso, el Senado y las instituciones catalanas. La ambig¨¹edad con la que la Generalitat ha acatado la suspensi¨®n ¡°es un hecho ins¨®lito¡±, afirman fuentes del tribunal.

La abogac¨ªa del Estado

Requerimiento

Como parte en el procedimiento (present¨® los recursos en nombre del presidente del Gobierno), la Abogac¨ªa del Estado podr¨ªa registrar una petici¨®n de ejecuci¨®n para que se cumpla ¡ªsi entiende que no se est¨¢ haciendo¡ª la suspensi¨®n de la ley y del decreto de convocatoria dictada por el Constitucional. Esa es la decisi¨®n que debate estos d¨ªas la Abogac¨ªa.

Tribunales ordinarios

La v¨ªa del contencioso

El Tribunal Constitucional debate tambi¨¦n sobre los instrumentos con los que cuenta para exigir el cumplimiento de sus resoluciones. Pero la competencia podr¨ªa corresponder tambi¨¦n a los ¡°tribunales ordinarios¡±. En este caso ser¨ªa la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a la que deber¨ªa dirimir si se est¨¢ cumpliendo o no la suspensi¨®n dictada.

Fiscal¨ªa

Delito de desobediencia

La Fiscal¨ªa General del Estado no ha transmitido a¨²n ninguna instrucci¨®n a sus fiscales en Catalu?a. La posibilidad de que presenten un escrito de acusaci¨®n por desobediencia o prevaricaci¨®n contra Artur Mas es ahora mismo remota. El delito de desobediencia prev¨¦ penas de hasta tres a?os de inhabilitaci¨®n para las ¡°las autoridades o funcionarios p¨²blicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales¡±. Para que exista ha de existir un apercibimiento previo de la resoluci¨®n que se est¨¢ incumpliendo, que ha de emitir el tribunal sentenciador; en este caso, el Constitucional. La contestaci¨®n a ese apercibimiento ha de ser una negativa abierta, directa, clara y formal.

Fue el caso de Juan Mar¨ªa Atutxa, que siendo presidente del Parlamento vasco hizo caso omiso a la orden del Tribunal Supremo de que disolviera el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (una de las marcas blancas de la ilegalizada Batasuna). Atutxa recibi¨® hasta tres requerimientos y no atendi¨® ninguno de ellos. Fue despu¨¦s de esa triple negativa cuando se le someti¨® a juicio y a una posterior condena, por un delito de desobediencia, en 2008.